Culiacán, Sinaloa — 21 de julio de 2026
La decisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) de implementar el modelo de Bimodalidad UAS 50/50 a partir del 2Do ciclo escolar 2026-2027 ha abierto un nuevo frente de confrontación dentro de la comunidad universitaria. Mientras la administración encabezada por el rector Jesús Madueña Molina presenta el proyecto como una estrategia de modernización educativa, estudiantes organizados denuncian que la universidad pretende transformar el modelo de enseñanza sin haber informado ni consultado de manera directa a quienes serán los principales afectados.
El Frente Estudiantil Sinaloense (FES) sostiene que la administración universitaria nunca realizó un proceso de consulta transparente con estudiantes, docentes ni trabajadores antes de anunciar la implementación del esquema. Pero las críticas van más allá de la ausencia de consulta.
De acuerdo con el colectivo, ni siquiera existe actualmente una verdadera socialización del proyecto. Hasta el momento, afirman, la información disponible se ha limitado a publicaciones difundidas en las redes sociales y páginas oficiales de la universidad, sin que exista un comunicado institucional dirigido directamente al estudiantado que explique con claridad el alcance de la reforma, sus implicaciones y los cambios que traerá consigo.
Para el Frente Estudiantil, una transformación de esta magnitud no puede reducirse a publicaciones digitales que muchos estudiantes nunca llegan a consultar.
Consideran que una socialización real implica reuniones informativas, asambleas, espacios de diálogo y mecanismos donde la comunidad pueda formular preguntas, expresar inquietudes y recibir respuestas oficiales. Sin estos canales, sostienen, la administración está sustituyendo el diálogo universitario por una comunicación unilateral.
Incluso señalan que resulta ilógico asumir que toda la comunidad estudiantil conocerá un cambio estructural únicamente mediante publicaciones en redes sociales institucionales, cuando una parte importante del alumnado ni siquiera sigue esas plataformas de forma cotidiana.
Como consecuencia, explican, gran parte de los estudiantes se ha enterado de la existencia de la Bimodalidad 50/50 a través de rumores, comentarios entre compañeros o información difundida por organizaciones estudiantiles, generando incertidumbre y desinformación sobre un proyecto que modificará la forma en que se desarrollarán sus estudios.
Las críticas no terminan ahí. El proyecto plantea que aproximadamente la mitad de las actividades académicas se desarrollen de manera presencial y la otra mitad mediante la plataforma institucional Moodle, desde los hogares del alumnado.
Aunque el FES reconoce que la educación bimodal puede representar una herramienta útil cuando existen las condiciones adecuadas, sostiene que el verdadero problema es el contexto en el que la universidad pretende implementarla.
Diversas facultades continúan enfrentando problemas de conectividad, infraestructura tecnológica y equipamiento, mientras que miles de estudiantes tampoco cuentan con computadora propia, acceso estable a internet, energía eléctrica constante o un espacio adecuado para estudiar desde casa. En consecuencia, advierten que la carga económica terminaría trasladándose directamente a las familias, quienes tendrían que asumir gastos que la institución dejaría de cubrir.
Para el colectivo estudiantil, la pregunta no es si la tecnología puede incorporarse a la enseñanza universitaria, sino quién absorberá el costo de esa transición.
“¿Quién va a pagar el internet? ¿Quién paga la computadora, la luz o el espacio para estudiar?”, cuestionan en los materiales de difusión con los que buscan informar a la comunidad universitaria.
Otro de los señalamientos realizados por el Frente Estudiantil es que la Bimodalidad 50/50 no constituye únicamente una estrategia pedagógica.
Según su posicionamiento, el proyecto forma parte del mismo proceso de Reingeniería Integral impulsado por la administración universitaria, el cual ya ha generado inconformidad entre sectores docentes y trabajadores.
Desde su perspectiva, la universidad busca optimizar recursos físicos, humanos y financieros mediante una reducción de la presencialidad, trasladando parte de los costos operativos hacia el propio estudiantado, sin que previamente exista un consenso universitario ni un diagnóstico público sobre las condiciones reales de la comunidad.
Para el FES, resulta preocupante que una reforma que modificará la dinámica académica avance sin procesos amplios de información, deliberación y participación, pues consideran que la administración está privilegiando la rapidez en la implementación por encima de la construcción de acuerdos con la comunidad universitaria.
La administración universitaria sostiene una visión distinta.
En la presentación oficial del Proyecto Institucional Bimodalidad UAS 50/50, elaborado por el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo (CIDE), la universidad afirma que el objetivo consiste en modernizar los procesos de enseñanza sin abandonar la educación presencial.
El modelo contempla una combinación organizada entre actividades en aula y trabajo académico en línea mediante Moodle, diferenciándose de las clases por videoconferencia implementadas durante la pandemia. Según el documento, las actividades virtuales estarán acompañadas por evidencias de aprendizaje, seguimiento docente y metodologías activas que permitan fortalecer la formación académica.
La universidad también señala que la iniciativa busca:
- Flexibilizar el aprendizaje sin disminuir el nivel académico.
- Optimizar el uso de aulas y recursos institucionales.
- Incrementar la cobertura educativa hasta en un 50 % en programas compatibles con el modelo.
- Fortalecer el seguimiento del aprendizaje mediante plataformas digitales.
- Mantener intactos los planes de estudio y los derechos laborales del personal docente.
Asimismo, sostiene que no todas las asignaturas serán completamente bimodales, pues cada programa académico será evaluado mediante un sistema de “semáforo” que determinará qué materias requieren mantenerse predominantemente presenciales, especialmente aquellas con laboratorios, clínicas o prácticas profesionales.
Frente al avance del proyecto, el Frente Estudiantil de Sinaloa anunció una campaña para solicitar la suspensión temporal de la implementación hasta que exista un proceso de consulta democrática y una socialización efectiva con toda la comunidad universitaria.
Como parte de esta estrategia, habilitó una petición pública en Change.org y una encuesta dirigida a estudiantes para conocer las condiciones reales de conectividad, acceso a equipo de cómputo y opinión sobre la propuesta institucional.
El colectivo sostiene que la modernización educativa únicamente puede construirse con la participación de toda la comunidad universitaria y no mediante decisiones tomadas desde la administración central sin informar de manera clara y directa a quienes vivirán las consecuencias del nuevo modelo.
La discusión sobre la Bimodalidad UAS 50/50 refleja un debate que trasciende el uso de plataformas digitales. Mientras la universidad insiste en presentar el proyecto como una apuesta por la innovación educativa, cada vez son más las voces que cuestionan la forma en que la administración ha conducido el proceso, sin consulta, con una estrategia de comunicación considerada insuficiente y dejando que buena parte del estudiantado conozca una de las reformas académicas más importantes de los últimos años por rumores y publicaciones aisladas en redes sociales.
Por ahora, la implementación del modelo continúa su curso con miras al inicio del ciclo escolar 2026-2027. Sin embargo, el conflicto ya no gira únicamente en torno a la educación híbrida, sino a una pregunta más profunda sobre la gobernanza universitaria, Para Esto! ¿puede una universidad impulsar una transformación estructural sin informar de manera directa, escuchar y permitir que su comunidad participe realmente en las decisiones que definirán su futuro?
Compañerxs la educación pública, tanto en el nivel medio superior como en el superior, atraviesa una profunda crisis. En distintos estados del país hemos visto cómo las administraciones de alto nivel priorizan intereses burocráticos, políticos o económicos por encima de las necesidades de las comunidades estudiantiles. Casos como los que hoy se discuten en la Universidad Autónoma de Sinaloa, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad de Guadalajara reflejan un creciente descontento por decisiones tomadas sin suficiente participación de quienes viven diariamente las aulas.
Frente a este panorama, cada vez más estudiantes han comenzado a organizarse, exigir transparencia, rendición de cuentas y una participación real en las decisiones que afectan su educación. La universidad y las preparatorias públicas deben responder primero a su comunidad, no a intereses ajenos a ella.
Mientras estas prácticas continúen y la voz del estudiantado siga siendo ignorada, quienes mantenemos una postura crítica seguiremos luchando por una educación verdaderamente pública, democrática, gratuita, científica, laica y al servicio del pueblo. Porque defender la educación no es un privilegio, es defender un derecho y el futuro de las próximas generaciones.
— Dirección General de Revista Para Esto!
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio Lopez Carbajal
Director General de Revista Para Esto!
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