Guadalajara, Jalisco — 23 de julio de 2026
El día de ayer miércoles 22 de Julio, el Congreso de Jalisco aprobó un paquete de reformas que modifica la estructura institucional encargada de investigar estos delitos y atender a las familias buscadoras. Entre los cambios más relevantes se encuentra la creación de una nueva Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas aprobada de manera unánime, cinco diputados de Morena, Hagamos y el PAN quienes integran la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso en cabezada por la diputada Norma Lopez Ramirez.
Para Esto! la nueva Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas busca contar con una autonomía real, dejando atrás el modelo de la actual vicefiscalía, que depende del fiscal del Estado y carece de independencia. De acuerdo con lo aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, la intención es crear una institución especializada, eficiente y con personal que posea conocimientos adecuados en la materia, sin subordinación al fiscal general, con el objetivo de fortalecer la investigación y atención de los casos de desaparición.
La reforma forma parte de un paquete de modificaciones impulsadas por el Poder Legislativo con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales frente a una problemática que durante años ha sido señalada por organismos internacionales, colectivos de búsqueda y organizaciones defensoras de derechos humanos como una de las principales crisis humanitarias que enfrenta Jalisco.
Además de la nueva Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, el Congreso aprobó la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con las Violencias de Género, con la finalidad de concentrar la investigación de delitos cometidos contra mujeres bajo una estructura especializada y con mayores capacidades operativas.
Las reformas también modifican la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco e incorporan diversas disposiciones que durante años han sido planteadas por los colectivos de familiares. Entre ellas se establece la obligación de fortalecer la atención a víctimas en municipios fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, mejorar la coordinación entre autoridades estatales y municipales, incorporar un enfoque psicosocial y de derechos humanos en la atención a las familias, garantizar la no revictimización durante los procesos de investigación y reconocer expresamente el derecho de las familias a colocar fichas de búsqueda en espacios públicos sin restricciones administrativas.
Aunque la aprobación de estas reformas representa uno de los cambios legales más importantes en materia de desaparición de personas en los últimos años, diversas voces han señalado que el reto apenas comienza. Durante la discusión legislativa también se insistió en que la crisis forense continúa siendo uno de los principales obstáculos para el acceso a la justicia, pues persiste un importante rezago en la identificación de personas fallecidas y en la integración de investigaciones, situación que requiere mayores recursos humanos, tecnológicos y presupuestales.
Para numerosos colectivos de búsqueda, como el Colectivo Luz de Esperanza, que fue el colectivo que presento esta iniciativa, el problema de fondo nunca ha sido únicamente la falta de leyes. Durante años han denunciado que las instituciones ya existentes operan con insuficiencia de personal, escasez de peritos, alta rotación de funcionarios, retrasos en las investigaciones y una coordinación limitada entre las distintas dependencias encargadas de la búsqueda y localización de personas desaparecidas.
En ese sentido, la creación de una Fiscalía Especializada representa una modificación importante en la estructura jurídica del Estado, pero su eficacia dependerá de la manera en que sea implementada. La publicación de los decretos correspondientes, la asignación de presupuesto suficiente, el fortalecimiento de las capacidades técnicas y el nombramiento de perfiles especializados serán factores determinantes para que las reformas produzcan resultados concretos y no permanezcan únicamente como cambios administrativos.
Jalisco mantiene desde hace varios años uno de los registros más altos de personas desaparecidas en México y cientos de familias continúan encabezando jornadas de búsqueda, brigadas de localización y acciones de protesta para exigir verdad y justicia. En ese contexto, las reformas aprobadas por el Congreso representan un reconocimiento institucional de la magnitud de la crisis, pero también abren una nueva etapa en la que el principal desafío será demostrar que los cambios legales pueden traducirse en investigaciones más eficaces, mejores condiciones para las víctimas y avances reales en la localización de quienes aún permanecen desaparecidos.
La discusión no concluye con la aprobación de estas reformas. Para las familias buscadoras, el verdadero indicador del éxito no será la creación de nuevas figuras jurídicas, sino la capacidad del Estado para responder con resultados concretos a una crisis que, durante años, ha sido enfrentada principalmente por quienes nunca dejaron de buscar a sus seres queridos.
En la sesion Héctor Cuñado cofundador del colectivo Luz de Esperanza, reconoció que las reformas representan un avance, pero advirtió que aún están lejos de resolver la crisis de desapariciones.
“Se logró la nueva ley, pero recordemos que nos falta muchísimo, muchísimo como sociedad y como gobierno”, afirmó. Señaló que, aunque es necesario fortalecer a las instituciones con mayores recursos, mientras persistan la impunidad, el reclutamiento forzado y la infiltración del crimen organizado, “la ley nunca nos va a alcanzar”.
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Mario Antonio Lopez Carbajal
Director General de Revista Para Esto!
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