Guadalajara, Jal. — 13 de agosto de 2026.
La mañana del pasado lunes, Daniela Báez, acompañada por el Frente Feminista de Jalisco y El rebozo de México, ofreció una rueda de prensa para denunciar los obstáculos que ha enfrentado para acceder a la justicia y exigir que el tribunal de enjuiciamiento actúe conforme a derecho, con ética judicial y sin revictimización.
Han pasado 12 años desde las agresiones que sufrió cuando tenía 15 años, mientras estudiaba el tercer semestre de la Escuela Preparatoria Regional de Chapala de la Universidad de Guadalajara (UdeG). De acuerdo con su denuncia, David “C”, actualmente detenido y ya separado de la UdeG, habría cometido las agresiones en nueve ocasiones entre 2014 y 2015, durante aproximadamente siete meses.
Báez relató que después de la primera agresión acudió con una trabajadora de la escuela, pero su situación fue minimizada. Años después, ya como adulta y tras un largo proceso de terapia, presentó formalmente la denuncia en 2022. “Yo pongo una denuncia formal en el 2022, siendo ya adulta, y después de un proceso de terapia muy largo. Fue gracias a un montón de marchas que entendieron que sí estaba pasando algo”, relató.
Desde entonces, el caso ha enfrentado diversos obstáculos. Báez señaló al juez Luis Ignacio Ceja Arias por una presunta relación laboral con la UdeG, además de denunciar que no fue notificada oportunamente de una audiencia y que posteriormente su expediente se extravió. También acusó que una apelación de la Fiscalía no fue enviada al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por lo que tuvo que promover un juicio de amparo para continuar el procedimiento.
En otra etapa, la defensa presentó ocho capturas de Facebook para cuestionar aspectos de su condición física, expresión personal y participación en grupos contra la violencia de género. La resolución fue impugnada mediante amparo y, según Báez, una jueza federal determinó que existían elementos para considerar la posible comisión de un delito, permitiendo que el proceso continuara y que el imputado permaneciera detenido.
El caso también alcanzó a la UdeG. Báez explicó que en 2022 presentó una denuncia ante la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara, pero el procedimiento se habría detenido en 2023, lo que derivó en una movilización de Rectoría a Casa Jalisco. Posteriormente, se reunió con representantes de la Abogacía General, el SEMS UdeG (Sistema de Educación Media Superior), la Unidad de Igualdad y la Defensoría. Según su relato, se abrió una investigación por presuntas omisiones contra personal universitario y la resolución, que pudo consultar hasta 2026, habría acreditado conductas y establecido como sanción un curso o taller en perspectiva de género y lenguaje incluyente.
Por ello, Báez expresó preocupación por el juez que presidirá el tribunal de enjuiciamiento, Iván Gómez Vega, quien, según información que señaló haber consultado en la Plataforma Nacional de Transparencia, mantiene una relación laboral con la UdeG como docente del Centro Universitario del Norte CUNorte. Aclaró que no exige su separación del caso, sino independencia, legalidad y ausencia de revictimización.
“Lo que necesito es que ese señor actúe conforme a la legalidad que corresponde, en mi caso y en todos los demás que se encuentran en ese juzgado.”
La denunciante también cuestionó las condiciones estructurales del sistema de justicia. De acuerdo con los datos oficiales que presentó, una amplia proporción de las carpetas permanece estancada en la Fiscalía y solo una fracción llega ante un juez; de estas, apenas entre 4 y 5 por ciento alcanzaría la etapa de juicio oral. Con esa referencia, sostuvo que menos del 0.3 por ciento del total de las denuncias llega finalmente a juicio oral, sin contar los casos que nunca son denunciados.
“Esto sin contar los cientos de casos que ni siquiera se atreven a denunciar debido a un sistema que obstaculiza el proceso”, señaló.
Báez aseguró que llegar hasta esta etapa le ha implicado marchas, procedimientos administrativos, apelaciones y juicios de amparo, además de un importante desgaste económico y emocional.
“Acceder a la justicia es un sacrificio”, afirmó.
El juicio cuenta con auto de apertura y diversos elementos probatorios, entre ellos su testimonio, declaraciones de testigos, actuaciones de la Policía Investigadora, peritajes, la intervención de la psicóloga que la atendió antes de la denuncia y documentación de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Durante la audiencia intermedia también se establecieron acuerdos probatorios sobre ocho documentales. Báez señaló que el imputado no ofreció medios de prueba para su defensa.
Aunque reconoce el temor ante una eventual absolución, su principal exigencia no es una reparación económica ni una sentencia ejemplar, sino que se reconozcan las responsabilidades correspondientes y que el proceso se desarrolle conforme a derecho.
– Las adolescentes no se tocan
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director de Revista Para Esto!
