Guadalajara, Jal. — 22 de agosto de 2026.
El día de hoy, el periodista Adán Padilla publicó en Mural una nota que vuelve a poner sobre la mesa la actuación de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara frente a casos señalados de gravedad. En la publicación se muestra a José Antonio “N”, conocido como “El Pepino”, en compañía de integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios como su presidenta Fer Romero ( Feu Udeg) y de la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo.
La situación vuelve a generar cuestionamientos sobre la cercanía entre la FEU y las autoridades de Gobierno de Guadalajara y Gobierno de Jalisco, especialmente cuando, de acuerdo con lo señalado, la organización estudiantil no se ha pronunciado ni ha actuado en favor del compañero que denunció haber sido agredido. La FEU, que debería representar los intereses de los estudiantes, parece que nunca haber tomado esa responsabilidad y pareciera más cercana a quienes tienen el poder dentro y fuera de la Universidad. Pareciera que la FEG desapareció en los años 90’s, pero sus prácticas siguen más vivas que nunca.
Mientras tanto, los registros de transparencia de la UdeG muestran que José Antonio “N” continúa ocupando cargos dentro de la institución. En la primera quincena de agosto de 2026 aparece como Líder de Proyecto C en la Vicerrectoría Adjunta Administrativa, con un sueldo neto de 24 mil 558.02 pesos, además de desempeñarse como Profesor e Investigador Titular A en el Departamento de Derecho Social y Disciplinas sobre el Derecho del CUCSH, con un sueldo neto de 11 mil 411.56 pesos.
En una investigación realizada por Revista Para Esto!, se solicitó a la Universidad de Guadalajara, vía transparencia, información para conocer si se había iniciado algún procedimiento administrativo, ético, disciplinario o de responsabilidad contra José Antonio “N” señalado por su presunta participación en hechos donde se registraron agresiones contra estudiantes.
La solicitud no se limitó a preguntar si existía un expediente. También se pidió conocer, en caso de que no se hubiera iniciado ningún procedimiento, cuál fue la razón jurídica y administrativa para determinar que no era procedente hacerlo, así como la autoridad que hubiera conocido el caso y, de existir, la resolución correspondiente.
La respuesta obtenida por este medio revela una cadena de respuestas entre distintas áreas de la Universidad y que se encuentra registrado en el Oficio CTAG/UAS/1042/2026, del Expediente UTI/0282/2026 de la propia Universidad, La Abogacía General señaló que no era la instancia competente ni contaba con la información solicitada, pero indicó que esta podría encontrarse en otras dependencias, entre ellas las comisiones del Consejo General Universitario, los Consejos de los Centros Universitarios o la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara.
Posteriormente, la Comisión Permanente de Responsabilidades y Sanciones informó que en sus archivos no existían registros de procedimientos administrativos, éticos, disciplinarios o de responsabilidad relacionados con los hechos señalados. La comisión sostuvo que, por tanto, la información era inexistente.
La respuesta de esta instancia, sin embargo, también señala que la información no correspondía a sus facultades debido a que no contaba con una denuncia relacionada con el caso.
La Defensoría de Derechos Universitarios fue otra de las instancias consultadas. Su respuesta fue igualmente negativa, informó que no contaba con ningún expediente en trámite contra la persona señalada.
De esta manera, la documentación obtenida permite establecer que distintas áreas de la Universidad fueron consultadas, pero ninguna reportó la existencia de un procedimiento relacionado con los hechos. Lo que queda sin responder es una parte central de la solicitud si no se inició ninguna investigación, qué autoridad tomó esa determinación y bajo qué fundamento jurídico y administrativo se decidió no hacerlo.
El resultado final es que no aparece identificado en la documentación entregada un procedimiento ni una autoridad que explique por qué éste nunca fue iniciado.
Pero volviendo al tema, sus movimientos dentro de la Universidad no son recientes. En la primera quincena de Septiembre de 2025 aparecía como Jefe de Unidad D en la Unidad Administrativa Instalaciones Deporte Técnico, con un sueldo neto de 20 mil pesos, además de mantener su plaza como profesor e investigador titular A en el CUCSH, con 10 mil 820.02 pesos.
Lo que llama especialmente la atención es que, un mes después de los incidentes ocurridos durante la toma pacífica de Rectoría, el 10 de septiembre de 2025, por las Asambleas Estudiantiles Autónomas, los registros muestran un cambio de puesto. Para la primera quincena de octubre de ese mismo año aparece como Líder de Proyecto C en la Vicerrectoría Adjunta Administrativa, con un sueldo neto de 23 mil 433.55 pesos, mientras que su plaza como profesor e investigador titular A continuaba vigente, entonces sale barato subir de puesto, solo golpeas y abusas de tu autoridad para ganarte el ascenso dentro de la UdeG.
Además, José Antonio “N” habría sido visto anteriormente en actividades de CUCBA, donde apareció en publicaciones relacionadas con actividades de la Rectoría General y con la entrega de “mejoras” para la comunidad universitaria.
El caso también llevó a preguntar si el señalado pertenecía al Sindicato Único de Trabajadores de la UDG. Ante esta duda, se realizó una solicitud de información para conocer su situación sindical. La respuesta en la solicitud “UT/011/202” fue:
“Él forma parte del personal de confianza y es profesor de la Universidad, tal como consta en la página de transparencia de nuestra Universidad.”
Es decir, de acuerdo con la respuesta obtenida, José Antonio “N” no forma parte del personal sindicalizado, sino que es considerado personal de confianza y, al mismo tiempo, profesor de la Universidad.
Nosotros cuestionamos entonces, UdeG ya que debería responder públicamente ¿qué sucede con los trabajadores universitarios señalados por hechos de violencia cuando, en lugar de existir una explicación clara sobre las investigaciones o medidas tomadas, continúan apareciendo en puestos y actividades dentro de la institución?
Porque mientras los estudiantes esperan respuestas, la FEU guarda silencio y los registros oficiales muestran que los cargos y salarios continúan. La Universidad de Guadalajara no puede hablar de protección a los estudiantes mientras los casos graves terminan en el silencio institucional.
Recordemos que esto no es algo pasado y que solo pasa a las decidencias estudiantiles, en los últimos meses se han acumulado señalamientos contra integrantes de la Universidad de Guadalajara por hechos de distinta gravedad.
El caso más reciente es el de León “N”, profesor del CUCSH, quien fue detenido el 9 de julio de 2026 en Guadalajara por una investigación relacionada con presuntos actos de crueldad y violencia contra perros en Saltillo, Coahuila. En aquella ocasión, el CUCSH se limitó a expresar su rechazo al maltrato animal, sin informar públicamente sobre posibles sanciones o medidas contra el académico señalado.
A esto se suma lo ocurrido el 11 de septiembre de 2025, durante la toma pacífica de CUCSH donde estudiantes señalaron a Francisco Saúl “N”, entonces responsable del Servicio Social CUCSH, como una de las personas que habría agredido físicamente a estudiantes y que de acuerdo con los registros de transparencia consultados continúa apareciendo como trabajador de la Universidad, con el cargo de Jefe de Unidad C en el Servicio Social del CUCSH.
Por eso seguimos cuestionando ¿qué sucede con los trabajadores y profesores señalados por actos de violencia cuando los hechos ocurren dentro o alrededor de la propia comunidad universitaria? Porque más allá de cada caso particular, la falta de información pública sobre investigaciones, sanciones y medidas institucionales puede terminar alimentando la percepción de que dentro de la Universidad existen personas que, pese a los señalamientos, continúan desempeñando sus funciones con normalidad.
¿Por qué los llamamos “N”? En Revista Para Esto! hemos decidido referirnos como “N” a las personas señaladas en estos casos mientras no exista una investigación concluida y una resolución que determine responsabilidades. No lo hacemos para protegerlas ni para minimizar los señalamientos, lo hacemos precisamente para dejar claro que, mientras las autoridades y la propia Universidad no investiguen y determinen qué ocurrió, siguen siendo personas señaladas.
Para este medio, mantener el “N” también es una forma de poner el dedo en la llaga si no existen investigaciones claras, públicas y con resultados, los señalamientos permanecen en el mismo lugar. Y mientras la Universidad de Guadalajara permita que personas señaladas por hechos graves continúen ocupando cargos, impartiendo clases o participando en actividades institucionales sin explicar qué investigaciones existen, qué medidas se tomaron o cuál fue su resultado, la pregunta seguirá vigente.
No corresponde a este medio determinar culpabilidades. Corresponde a las autoridades investigar. Y precisamente por eso seguiremos preguntando: ¿qué se investigó?, ¿qué medidas se tomaron?, ¿qué resolvieron las autoridades y qué hizo la Universidad de Guadalajara?
Hasta que esas respuestas existan, para Revista Para Esto! seguirán siendo “N”.
Esperemos que la propia Karla Planter se pronuncie al respecto ante la falta de respuesta institucional.
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director de Revista Para Esto!
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