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Desalojados de San Sebastián el Grande reinstalan plantón frente al Palacio de Gobierno tras incumplimiento de acuerdos.

Después de haber sido desalojadas de San Sebastián el Grande, en Tlajomulco de Zúñiga, las familias afectadas reinstalaron su plantón frente al Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco, luego de que las autoridades incumplieran los acuerdos alcanzados durante el mes de septiembre.
De acuerdo con testimonios de los propios afectados, las familias habían decidido retirarse del plantón el pasado 13 de septiembre, tras llegar a un acuerdo con el gobierno estatal y el DIF de Tlajomulco. El compromiso consistía en trasladarlas temporalmente al albergue del DIF Santa Fe, donde serían atendidas durante las primeras semanas, para posteriormente ser reubicadas en viviendas en calidad de renta condonada, es decir, sin pago alguno, mientras se construían las casas comprometidas dentro del programa federal de vivienda impulsado por Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, las promesas nunca se cumplieron.
“Nos dijeron que en la primera semana iban a empezar a ubicar a la gente, y en la siguiente semana ya estaríamos todos acomodados. Pasó una, dos, tres, cuatro semanas… y no se vio nada. Por eso decidimos volver al plantón”, relató uno de los voceros del movimiento.
Las viviendas destinadas para la reubicación formaban parte de un programa de recuperación de casas abandonadas, que supuestamente contaban con todos los servicios básicos —agua, luz y drenaje—. A pesar de ello, ninguna familia fue ubicada, y el propio presidente municipal de Tlajomulco informó que el programa “Renta tu Casa” había sido cancelado, argumentando que ya no existían recursos ni espacios disponibles.
Ante la falta de respuesta, las familias regresaron al Palacio de Gobierno hace aproximadamente dos semanas, y anunciaron que permanecerán ahí hasta obtener una solución definitiva.
“Tenemos una reunión programada con el secretario general de Gobierno este lunes, para ver qué dirección va a tomar todo esto. Lo único que pedimos es que se cumpla lo prometido: una vivienda digna para quienes fueron desalojados”, afirmaron.
Las personas afectadas provienen de distintas zonas del área metropolitana —Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara— y muchas de ellas se encuentran en situación de extrema precariedad, sin un lugar estable donde vivir.
“Son familias que han tenido que moverse de un lado a otro, rentando donde pueden. No tienen hogar fijo, y eso las convierte en nómadas dentro de su propia ciudad”, señalaron.
El grupo recordó que el derecho a una vivienda digna está consagrado en la Constitución mexicana, y que el Estado está obligado a garantizarlo.
“Nosotros solo pedimos que se cumpla lo que marca la Constitución. Todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, y más aún cuando ha sido desalojado injustamente”, concluyeron.
Asimismo, este caso ha sido impulsado por el Partido del Trabajo México (PT), que ha mostrado su interés en acompañar las demandas del grupo. Durante la jornada del 31 de octubre, el diputado Jose Luis Sanchez Gonzalez acudió al plantón y se reunió con las familias despojadas para dialogar sobre sus necesidades más urgentes y las acciones posteriores que podrían emprenderse para atender su situación.
Además, el 31 de octubre, normalistas se unieron al colectivo para mostrar su apoyo y solidaridad, reafirmando la urgencia de visibilizar la crisis de desapariciones en Jalisco y en todo el país. Este respaldo de los estudiantes representa un gesto de unidad entre sectores sociales que coinciden en una misma exigencia: verdad, justicia y la aparición con vida de los desaparecidos.
Con esta nueva reinstalación del plantón, las familias desalojadas vuelven a exigir una respuesta real y no promesas vacías, frente a un gobierno que, una vez más, ha incumplido sus compromisos con los sectores más vulnerables.
— La Lucha Continúa!

Normalistas de Atequiza se suman al plantón de familias indígenas desalojadas: “Ser pueblo y estar con el pueblo”

El pasado 31 de octubre de 2025, alrededor de las 2:10 de la tarde, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Miguel Hidalgo” de Atequiza, Jalisco, se unieron al plantón que mantienen personas indígenas desalojadas de San Sebastián el Grande, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, para exigir condiciones básicas de vida: vivienda, alimentos y agua. La protesta se da como parte de las movilizaciones que, cada 28 de octubre, las normales rurales del país realizan desde hace más de tres décadas, en memoria de la represión ocurrida en 1988 y en exigencia del cumplimiento de acuerdos que el Estado ha firmado y sistemáticamente incumplido. “No exigimos ni más ni menos, exigimos lo justo. Estamos pidiendo lo que ya se nos prometió y que no se ha cumplido. No venimos a pedir lujos, sino dignidad”, señalaron los estudiantes durante la jornada.
De acuerdo con los manifestantes, los compromisos incumplidos incluyen mejoras en las instalaciones, acceso a agua potable y una alimentación digna. Actualmente, los normalistas denuncian que la ración diaria asignada a cada estudiante es de apenas 80 pesos —monto insuficiente para cubrir desayuno, comida y cena—, lo que refleja las condiciones precarias en las que sobreviven las escuelas normales rurales. “Antes teníamos lo que era la ración por persona de 80 pesos. 80 pesos para tu desayuno, comida y cena, y sabemos perfectamente que nadie come con ese dinero. Entonces, lo que se exige pues es mejorar las instalaciones, mejorar lo que sería el alimento o cualquiera de estas cosas. Entonces, pues a lo que venimos, no venimos a hacer destrozos, venimos a pedir”, señaló uno de los estudiantes.
El movimiento tiene su raíz en los hechos del 28 de octubre de 1988, cuando estudiantes de Atequiza fueron reprimidos por policías al intentar apoyar a una escuela hermana en Ayotla, Guerrero. Desde entonces, la fecha se ha convertido en símbolo de resistencia y memoria colectiva. Cada año, los normalistas realizan dos acciones principales: primero un meeting para difundir sus demandas, y posteriormente un plantón en espacios públicos, con el objetivo de presionar al gobierno del Estado de Jalisco a cumplir sus compromisos. “Venimos en son de paz. Solo nos manifestamos mostrando nuestras mantas, exigiendo lo justo. Lo único que hacemos es parar el tráfico para meter presión, pero sin violencia”, afirmaron los jóvenes.
Durante el plantón, los estudiantes de Atequiza destacaron que su formación no se limita a lo académico, sino que incluye los ejes político, cultural, deportivo y comunitario, entendidos como herramientas para transformar la realidad. “Como normalistas rurales, nosotros lo que queremos es ser semillas de mejorar la sociedad, no nomás es ir a plantarse en una escuela y dar clases, porque para eso están las otras normales. Un normalista lo que hace es ir a los cerros, a los lugares más marginados, dar educación, enseñar cómo se manejan las tierras, enseñarle a los niños sobre deportes, cualquier cosa. No nomás llegar y dar clase, no nomás es pararte enfrente de una escuela”, explicó otro de los estudiantes.
Para los normalistas rurales, la docencia es un acto profundamente político y de compromiso con las clases populares. Su lema, “ser pueblo, estar con el pueblo”, resume la filosofía que guía su lucha y su vida. “Nosotros no solo exigimos para nosotros, sino también para quienes están siendo despojados. La educación rural nació del pueblo y se mantiene con él. Nuestra lucha es por justicia, por dignidad y por la vida.”
Los estudiantes recordaron también los ataques recientes contra las normales rurales, como el ocurrido el 11 de febrero de este año, cuando policías irrumpieron en las instalaciones de Atequiza y golpearon a varios compañeros. Denunciaron la campaña mediática que busca criminalizar su movimiento, presentándolos como “vándalos” o “agitadores”, pese a que sus movilizaciones históricamente se han caracterizado por la organización y el carácter pacífico.
“Nos acusan de violentos, pero Atequiza siempre se ha manifestado de forma pacífica. Solo respondemos cuando la represión es ley. Porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden.”
El plantón no solo representa la exigencia de los normalistas, sino también la solidaridad activa con las familias indígenas desalojadas, que perdieron sus viviendas tras operativos del Estado. Los estudiantes afirmaron que su presencia busca unir las luchas del pueblo, no separarlas. “Igualmente también venimos viendo que también se está manifestando aquí los que los quemaron sus casas, se los derrumbaron, pues también ayudarles un poco. Ya que también como normalistas rurales, no nomás exigimos para nosotros, exigimos para el pueblo. Ya sería una frase muy bien dicha de nosotros: el pueblo ser pueblo y estar con el pueblo.”
El plantón continúa, y con él una historia que se renueva cada año: la de jóvenes que, desde las aulas rurales, siguen defendiendo la memoria, la educación pública y el derecho del pueblo a vivir con dignidad.
— La Lucha Continúa!

Conversatorio: “Documental 23 de Septiembre” – Dirigido por Mario Marlo de “Somos el medio”

Este conversatorio reúne a los protagonistas del documental “23 de Septiembre”, una obra que recupera la memoria de la guerrilla socialista mexicana y las luchas revolucionarias de los años setenta. Donde contamos con la presencia Antonio Orozco Michel (Toño), Jorgemanuel Perez Mora (Hermano de Enrique Pérez Mora “El Tenebras”) y Bertha Lilia Gutiérrez Campos (Tita), quienes vivieron parte de los movimientos, y que además formaron parte de la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre.
Además, se conto con la presencia de una compañera de las juventudes comunistas que formo parte de la UdeG, y quien participó activamente en el movimiento #CUCSHNOSEMUEVE , estableciendo un puente entre las luchas del pasado y las resistencias estudiantiles actuales.
El encuentro busca generar un diálogo intergeneracional sobre la memoria, la militancia y las formas de organización política frente a la represión estatal y el olvido histórico.
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director General de Revista Para Esto!

La Asamblea Interuniversitaria: Mitin Contra la Toma de Protesta del CGU.

Integrantes de la Asamblea Estudiantil Interuniversitaria realizaron el pasado Miercoles 29 de Octubre una protesta frente al Museo de las Artes (MUSA) durante la toma de protesta del Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara, denunciando prácticas autoritarias, falta de representatividad y represión hacia el estudiantado.
Desde las 7:30 a.m., los estudiantes se concentraron frente al Paraninfo Enrique Díaz de León, mientras decenas de trabajadores y miembros de la Feu Udeg bloqueaban la entrada, impidiendo el acceso al interior del MUSA. Para evitar confrontaciones, los manifestantes permanecieron en el exterior y realizaron la lectura pública de su pronunciamiento.
En el documento, el movimiento estudiantil desconoce la legitimidad del CGU, acusando procesos electorales “con mínima difusión, sin transparencia y sin participación real”. Exigen además una reforma inmediata a la Ley Orgánica de la UdeG, basada en las propuestas de las asambleas estudiantiles, para garantizar democracia interna, gratuidad de la educación y respeto a los derechos estudiantiles y laborales.
Los estudiantes denunciaron también que los cambios recientes en planes de estudio se diseñan bajo intereses privados, desmantelando el carácter crítico y popular de la universidad, y se imponen sin consultas ni diálogo con el profesorado o el estudiantado. Quienes cuestionan estas decisiones son, aseguran, silenciados, hostigados y difamados.
La protesta incluyó críticas hacia las relaciones institucionales con gobiernos que sostienen regímenes opresivos, citando como ejemplo los vínculos con el Estado de Israel, así como el autoritarismo en los sindicatos, incluyendo la imposición unilateral de pensiones tras la reforma durante la administración de Villanueva, aprobada sin escuchar a los trabajadores ni respetar sus derechos.
Mientras tanto, afuera, la universidad había movilizado contingentes de Prepa 8, Prepa 9, Prepa 16, Prepa 19 y Prepa Módulo Tlaquepaque, convocados por Trinidad Padilla, para engrosar la asistencia y aparentar respaldo. Solo había estudiantes de preparatoria y personal administrativo, alimentados con una botella de agua de 500 ml, un sándwich y una manzana. Entre ellos se lanzaban manzanas unos a otros, en un juego que accidentalmente hirió a tres transeúntes, dos hombres y una mujer, debido a que el paso frente al MUSA estaba bloqueado.
El personal administrativo y algunos profesores hacían comentarios despectivos como “Ya se chingaron” o “No la hacen”, mientras malabaristas en zancos eran colocados junto a la asamblea, como un espectáculo de humillación para los estudiantes críticos. (Siempre vigilados por personal con radios de onda corta sin las identificaciones visibles de la UdeG) Sin embargo, la voz del megáfono de la Asamblea no se apagó: con consignas, lectura de pliegos y denuncias, los estudiantes avanzaron hacia el Parque Rojo, reafirmando su lucha por una universidad democrática, crítica, gratuita y al servicio del pueblo.
La cobertura de la asamblea y la lectura de pliegos petitorios fue realizada por Vanguardia Proletaria, mientras que los hechos relacionados con los contingentes acarreados, la logística y la humillación de los estudiantes de prepa fueron documentados por Revista Para Esto!. Ambas muestran el mismo conflicto: la resistencia organizada frente a la imposición, la manipulación y la represión institucional.
Esta vez fue la voz de quienes denuncian la falta de democracia interna, la represión y la imposición en la Universidad de Guadalajara, un recordatorio de que la lucha por una universidad digna y libre continúa, a pesar de los intentos de silenciarla.
— La Lucha Continúa!
Fotografías en colaboración de Ximena Contreras de “Vanguardia Proletaria” IG: @XIM_.C_

Pega de Cédulas en La Calma: 5 años y aún no hay justicia

Fue el día de ayer, pasado el mediodía, cuando el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. llevó a cabo su ya recurrida pega de cédulas de búsqueda y kermés mensual. Esta vez, los voluntarios volvieron a colocar las fichas entre las avenidas López Mateos y Patria, recordando a sus seres queridos en estas vísperas de Día de Muertos, donde la memoria se convierte en resistencia.
Recordemos que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, un acto en el que el Estado —a través de su omisión, complicidad o acción directa— borra la existencia de una persona, condenando a las familias a vivir en un limbo permanente. La incertidumbre no sólo es una herida abierta, sino una estrategia sistemática que perpetúa el dolor y la impunidad.
Las familias buscadoras siguen sin poder avanzar en muchas de sus iniciativas debido a los obstáculos derivados de la llamada reforma judicial, que ha paralizado procesos y desviado la atención de las verdaderas urgencias sociales. Mientras tanto, Jalisco continúa siendo uno de los estados con más personas desaparecidas en todo México, reflejando las prioridades de un sistema que prefiere el silencio antes que la verdad.
Este 22 de octubre se cumplieron cinco años de la desaparición forzada de Maximiliano García Llamas. Su madre, Lilia García, ha sostenido una lucha incansable contra la indiferencia institucional. En entrevista con ZonaDocs, relató cómo, a pesar de las amenazas y el desgaste emocional, continúa buscándolo junto al colectivo Luz de Esperanza. “Buscar a mi hijo se convirtió en mi forma de seguir viviendo”, dijo.
Lilia, como muchas madres jaliscienses, ha convertido el dolor en fuerza organizativa. Su historia es una de tantas que reflejan la descomposición del Estado mexicano y su incapacidad —o falta de voluntad— para responder ante el crimen de la desaparición forzada. A cinco años de la ausencia de Max, la exigencia sigue siendo la misma: verdad y justicia.
—¡Por qué vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director General de Revista Para Esto!
Nota de ZonaDocs:
La lucha de Lili, madre buscadora: cuatro años de la desaparición forzada de Max — Aletse Torres
Cortometraje del Compañero Yohan Rodriguez Saldaña :

UdeG crea proyectos institucionales para opacar las iniciativas estudiantiles autónomas.

La Universidad de Guadalajara vuelve a mostrar su rostro institucionalista al impulsar proyectos que buscan opacar el trabajo colectivo de los estudiantes organizados. En lugar de apoyar las iniciativas autónomas surgidas desde el propio estudiantado, la universidad —particularmente la administración del CUCSH Belenes, bajo la dirección de la Dra. Dulce Zúñiga— ha optado por desarrollar proyectos institucionales con amplio respaldo publicitario, cuyo propósito parece ser el de invisibilizar y restar legitimidad a los esfuerzos independientes.
Durante las últimas semanas, diversos grupos estudiantiles han denunciado que las autoridades del centro impulsan estas acciones como una forma de mantener el control político y simbólico del espacio universitario. La administración busca presentar una imagen de participación “colaborativa” entre la institución y el alumnado, mientras en realidad promueve una dinámica de subordinación y cooptación del trabajo colectivo.
En el CUCSH Belenes, desde 2023 los estudiantes han impulsado la iniciativa “ Leones en movimiento” —liderada por Jafet Figueroa— para responder a la precaria situación del transporte público en Zapopan. El proyecto se ha desarrollado en cuatro fases: diagnóstico, encuestas sobre la rutina estudiantil, mapeo de trayectos y la proposición de un servicio de transporte universitario propio. Aun en 2025, esta carencia sigue siendo una demanda vital para cientos de estudiantes que diariamente enfrentan dificultades para trasladarse al campus.
A pesar del trabajo sostenido por los estudiantes, la administración universitaria ha impulsado nuevas iniciativas “institucionales” en colaboración con otros centros universitarios, intentando posicionarlas como respuestas innovadoras al mismo problema. Estos proyectos cuentan con recursos, difusión mediática y respaldo de las autoridades, mientras las propuestas autónomas continúan siendo ignoradas o minimizadas. (Aunque en semanas recientes ya ha habido contacto entre el proyecto de Leones en Movimiento y la administración, este aún no muestra señales de concretarse pronto).
Otro ejemplo reciente fue difundido por Oficial Difunde CUCSH el pasado 20 de octubre, bajo el título “¡Sembramos vida en el CUCSH!”. La convocatoria invitaba a participar en la creación de “Jardines Polinizadores”, un espacio destinado a atraer colibríes, mariposas y abejas. Aunque la propuesta se presenta como una acción ecológica, estudiantes señalaron su carácter superficial y simbólico.
“Ya existe un huerto comunitario con especies nativas y comestibles dentro del centro, pero la administración nunca brindó apoyo. En lugar de fortalecer lo que ya construimos colectivamente, prefieren inaugurar un nuevo proyecto que sólo sirve para tomarse la foto y embellecer el campus”, expresó una compañera.
Estudiantes también señalaron que el área verde sigue siendo utilizada de manera incongruente. Según denuncias, la administración retiró varios árboles bajo el argumento de que las obras aún no terminan, por lo que no está permitido plantar nuevos ejemplares hasta concluir la construcción de los edificios. Sin embargo, los espacios que sí están terminados —como el Paseo de las Jacarandas, el Jardín Japonés— permanecen desaprovechados, mientras se reduce el espacio destinado al uso estudiantil.
“Prefieren quitarnos espacio en lugar de aprovechar las zonas que sobran”, comenta una estudiante. “Y cuando plantan árboles, eligen especies que no son nativas, no dan sombra o requieren enormes cantidades de agua, como los tabachines que regalaron. Son árboles que tardan años en crecer y que, en lugar de adaptarse al entorno, lo agotan”.
Más allá del discurso ambiental, la comunidad estudiantil ha denunciado la falta de congruencia en las prioridades del CUCSH Belenes. Mientras se destinan recursos y espacio para proyectos de imagen, los estudiantes siguen enfrentando condiciones precarias: falta de sombra, carencia de áreas de descanso y espacios comunes restringidos.
Y no sólo eso: mientras aún existe criminalización hacia los estudiantes que permanecen en las aulas para descansar o protegerse del sol, la administración continúa cerrando salones con llave cuando no están en uso, reforzando una lógica de exclusión y control.
Estos hechos evidencian un patrón más amplio: la administración universitaria teme al trabajo colectivo e independiente. La creación de asambleas estudiantiles, foros o espacios autónomos se percibe como una amenaza a su control. La pregunta que queda en el aire es inevitable:
¿Le teme la Universidad de Guadalajara a la organización del estudiantado? ¿O simplemente no tolera aquello que no puede controlar?
— La Lucha Continúa!

Jornada de Pegada de Cédulas en la Glorieta de las y los Desaparecidos: el Congreso del Estado no tiene fecha para votar iniciativa en favor de las familias buscadoras

Fue ayer domingo por la mañana, desde las 9:30 a.m., cuando las calles aledañas a la Glorieta de las y los Desaparecidos y el corredor cultural de Chapultepec se convirtieron nuevamente en un espacio de memoria, resistencia y denuncia. Familias de personas desaparecidas, integrantes del Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. realizaron una nueva jornada de pegada de cédulas de búsqueda, en un acto que buscó mantener vivos los rostros de quienes aún no han regresado a casa.
En total, participaron alrededor de 40 voluntarios, entre ellos 20 estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y de otras universidades, quienes se sumaron de forma solidaria a la labor de las familias buscadoras.
En los días recientes, el Colectivo Luz de Esperanza denunció públicamente que entre 2015 y 2018 al menos 150 cuerpos sin identificar fueron donados a universidades en Jalisco por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), sin que se hubieran agotado los procesos de identificación ni se notificara a las familias.
De acuerdo con información obtenida por transparencia y publicada por NTR Guadalajara, la Universidad de Guadalajara fue una de las principales instituciones beneficiadas, recibiendo 32 cuerpos sin identificar durante ese periodo. La propia rectora de la UdeG, Karla Planter reconoció que la casa de estudios recibió estos cuerpos “para fines de estudio e investigación” y que “generalmente lo que se entrega son cuerpos sin identificar”.
Planter aseguró que los cadáveres “se regresan al IJCF” una vez concluidas las prácticas de enseñanza; sin embargo, la misma universidad admitió que la mayoría sigue bajo su resguardo, debido a la falta de respuesta del Instituto Forense. Asimismo, reconoció que no contaban con los archivos básicos de identificación, como lo exige la ley, lo que contradice la versión oficial de que los cuerpos habían pasado por los procesos legales correspondientes.
Frente a esto, las familias buscadoras calificaron la práctica como una violación a los derechos humanos y un acto de revictimización institucional, al evidenciar que el Estado continúa administrando la muerte y la desaparición con total impunidad.
Durante la jornada, las integrantes del colectivo también recordaron que, a la fecha, el Congreso de Jalisco sigue sin definir una fecha para votar la iniciativa de ley que busca reconocer a las familias de personas desaparecidas como grupos vulnerables y prioritarios, propuesta que permitiría garantizarles protección, acompañamiento y apoyo institucional real.
Mientras la burocracia legislativa mantiene congelada la iniciativa, las familias continúan en las calles sosteniendo la memoria de quienes el Estado les arrebató. La Glorieta vuelve a ser testigo de su lucha incansable, de su amor convertido en resistencia.
— La Lucha Continúa
Mario Antonio López Carbajal
— Director General de Revista Para Esto!

“UdeG encubre abusadores”: estudiante denuncia omisiones y exige justicia

El pasado jueves, se realizó una intervención pública en las instalaciones de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para visibilizar la lucha de la estudiante Claudia Daniela Báez Sosa y denunciar la falta de respuesta institucional ante su caso de abuso sexual infantil equiparado agravado, cometido por el exdocente David C., de la Preparatoria Regional de Chapala.
Entre consignas y pintas con mensajes como “UdeG encubre agresores sexuales infantiles”, y se exigió a las autoridades universitarias dar cumplimiento a las demandas de Báez Sosa: la entrega del acta de sesión donde se resuelva su denuncia (expediente DDU/V2/AT/0011/2022), una disculpa pública y la garantía de no sufrir represalias académicas por alzar la voz.
“Solicito que la Universidad de Guadalajara deje de encubrir a quienes me violentaron y fueron omisos en mi caso”, se lee en el oficio entregado por la estudiante a la Mtra. Karla Planter, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), el pasado 14 de marzo.
El 10 de marzo de 2022, ante la negativa del entonces director de la Preparatoria Regional de Chapala de actuar frente a las denuncias de abuso, Báez Sosa decidió hacer pública su historia en redes sociales, señalando directamente al profesor David C. como su agresor.
Los hechos, según relata, ocurrieron durante siete meses mientras cursaba el segundo semestre en dicha preparatoria. Al día siguiente, el 11 de marzo, el director del plantel convocó una reunión con el personal académico en la que —según la denunciante— se manifestó apoyo al docente señalado y se propuso adelantarle la jubilación.
El 14 de marzo, el mismo director reunió al alumnado para desacreditar públicamente la denuncia, lo que provocó indignación y una manifestación estudiantil dentro de las instalaciones, en la que se exigió justicia y se visibilizaron otros casos de violencia sexual en el Sistema de Educación Media Superior (SEMS).
Un día después, el 15 de marzo de 2022, la UdeG emitió un comunicado asegurando que el profesor había decidido separarse voluntariamente del cargo “mientras avanzaban las investigaciones”. Ese mismo día, Báez Sosa presentó formalmente su denuncia ante la DDU contra autoridades y personal académico del plantel: Juan Ramón A., Anel M. y Margarita H., quienes —afirma— tenían conocimiento desde hacía ocho años de los abusos cometidos por el profesor y no actuaron.
El 12 de octubre de 2025, el periódico El Mural publicó que Báez Sosa había ganado en tribunales federales, logrando que David C. fuera vinculado a proceso por abuso sexual infantil equiparado agravado, por hechos ocurridos entre 2014 y 2015.
Sin embargo, la estudiante señaló que su proceso fue previamente desestimado por el juez de control Luis Ignacio Ceja Arias, quien figuraba anteriormente como profesor titular C de la Universidad de Guadalajara, según registros de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Además, una de las magistradas que confirmó la resolución de Ceja Arias, Ruth Gabriela Gallardo Vega, fue promovida a Magistrada en 2020 dentro del reparto de “cuotas y cuates” en el Poder Judicial de Jalisco, impulsada por el PRD–Grupo UdeG, de acuerdo con una nota publicada por Mural el 15 de diciembre de ese mismo año, lo cual vincula los tratos y señalamientos de solapamiento que se manejan en la UdeG.
En respuesta a los recientes avances judiciales, la UdeG difundió el 13 de octubre de 2025 su derecho de réplica, asegurando que “actuó con decisión y de manera ejemplar”, y que la Comisión de Responsabilidad y Sanciones del Consejo General Universitario, junto con la Coordinación General de Recursos Humanos, habían ejecutado una sanción “a pocas semanas de recibida la denuncia”.
Sin embargo, Báez Sosa desmintió públicamente dicha versión y exigió que la Universidad publique el acta de sesión donde conste la resolución de su caso, afirmando que nunca se le ha entregado dicho documento ni se ha hecho pública ninguna sanción.
“A la fecha no he obtenido respuesta”, declaró la compañera.
Asimismo, señaló que en cada entrega de oficios la denunciante y su acompañamiento han estado abiertos al diálogo, pero las autoridades universitarias han guardado silencio absoluto.
 
En 2023, Báez Sosa entregó un oficio dirigido al entonces Rector General Ricardo Villanueva Lomelí y al entonces Director del SEMS César Barba Delgadillo, donde informó que la Comisión de Responsabilidad y Sanciones del SEMS, de manera arbitraria, detuvo la investigación respecto a su denuncia, y que no existió ninguna sanción hacia el personal acusado de omisión.
El caso de Báez Sosa no es un hecho aislado. Dentro del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) se han acumulado múltiples denuncias por violencia sexual, acoso y omisiones institucionales.
La más reciente: el feminicidio de Kimberli Nicol Álvarez González, estudiante de la Preparatoria Regional Santa Anita, quien fue secuestrada y asesinada en septiembre de este año.
De acuerdo con información recabada por Para Esto!, la víctima había solicitado apoyo dentro del plantel, ya que su agresor solía ingresar al recinto para buscarla, pero las autoridades le respondieron que no podían hacerse responsables. Días después, fue sustraída dentro de la preparatoria, lo que evidencia la negligencia y desprotección del alumnado femenino dentro del sistema educativo de la UdeG.
No es la primera vez que ocurre. En ese mismo plantel, alumnas han reportado intentos de secuestro, ingresos de personas armadas y casos de hostigamiento que la dirección —a cargo desde hace nueve años del profesor Jaime Nuño— ha intentado ocultar para proteger su imagen.
En redes sociales, una cuenta de Instagram llamada @ecosdelaprsa, administrada por estudiantes, ha documentado las deficiencias, amenazas y represalias dentro de la preparatoria. Según estudiantes, el director ha emprendido una campaña de hostigamiento y silenciamiento contra quienes denuncian las condiciones de inseguridad o las fallas institucionales.
“Lo único que le preocupa es que no se divulgue nada, no que estemos seguras”, expresaron alumnas que prefirieron mantener el anonimato.
La lucha de Báez Sosa se ha convertido en un símbolo de resistencia frente al encubrimiento institucional. Su caso, junto con el de Kimberli Nicol y otras estudiantes del SEMS, exhibe el abandono estructural y la cultura del silencio que prevalece dentro de la Universidad de Guadalajara.
Mientras la institución se escuda en comunicados y protocolos, las estudiantes continúan enfrentando impunidad, hostigamiento y revictimización.
“Mi caso no es un hecho aislado. La Universidad calla, protege y encubre a los agresores. Nosotras seguiremos denunciando hasta que haya justicia”, declaró la compañera Báez Sosa.
Hasta el cierre de esta edición, la Universidad de Guadalajara no ha emitido respuesta oficial a las exigencias de la estudiante ni ha hecho pública la resolución de su expediente.
— La Lucha Continúa!
Con participación de:
— Báez Sosa.

Fascistas en la UdeG: “Supremacistas” comienzan ataques propagandísticos contra colectivos en CUCSH Belenes

El día de ayer, dos individuos identificados como Cristopher “N” y Rafael Constantino “M”, estudiantes del CUCSH Belenes, fueron confrontados luego de ser sorprendidos colocando propaganda fascista y supremacista en los baños y paredes de los edificios C y D. Ambos pertenecen a agrupaciones de corte falangista como “UN× y “L.E.×.×” , vinculadas al grupo Liga Soberanista Internacional (ISL) “Paladins”, una organización de extrema derecha con origen en España que mantiene conexiones internacionales con otras formaciones de este tipo.
Durante el incidente, los estudiantes que intervinieron fueron increpados por Hanna Camacho, integrante y candidata a la presidencia de la División de Estudios Políticos y Sociales y candidata de los grupos estudiantiles “Libre”, “Xpresión CUCSH” y “Unión”. No resulta extraño que este tipo de personajes, ligados históricamente a la política estudiantil institucional, terminen defendiendo o encubriendo expresiones de corte fascista. La Feu Udeg , cabe recordar, ha mantenido un historial de tolerancia —cuando no complicidad— con sectores neonazis dentro de la universidad.
El origen de estas agrupaciones en Guadalajara puede rastrearse desde la primavera de 2022. No es coincidencia: ya en 2023, medios como El País y Milenio reportaron la existencia de organizaciones supremacistas que, a través de conciertos clandestinos realizados principalmente en la CDMX, evidenciaron su creciente influencia entre jóvenes universitarios. En este contexto, universidades como la “UNAM, la Universidad de Guadalajara y la UJAT” han visto emerger estos núcleos de adoctrinamiento que, aunque se presentan como “no violentos”, difunden discursos abiertamente racistas, nacionalistas y antidemocráticos.
En uno de sus manifiestos, la agrupación UN× (Unión, ×××××, ××××××××××) —vinculada a estos sectores— se describe como:
“Una organización nacionalista mexicana enmarcada en el pensamiento antidemocrático y antiliberal, fundada en la primavera de 2022… Su acción se concentra en las principales zonas urbanas del país, donde realiza actividades callejeras militantes y promueve la difusión cultural alternativa…”
Este tipo de retórica, que combina referencias a la “regeneración nacional” con la exaltación de un supuesto legado hispano-indígena, busca legitimar proyectos de carácter autoritario y xenófobo, encubiertos bajo un lenguaje pseudo-cultural y espiritualista.
Más alarmante aún es que uno de los involucrados, “Rafael Constantino M”, figura en registros públicos como beneficiario de subsidios federales a través de la Universidad de Guadalajara, dentro del programa U006 – Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales, recibiendo $15,000 pesos entre el 01/07/2024 y el 30/09/2024.
Esto abre la pregunta:
¿Está la Universidad de Guadalajara financiando, directa o indirectamente, a individuos vinculados con organizaciones fascistas y supremacistas?
El riesgo no es menor. Estas agrupaciones mantienen lazos internacionales. Recientemente, la llamada “ISL” realizó un foro en San Petersburgo, Rusia, donde participaron más de 50 delegados de 15 organizaciones y 12 países, incluyendo representantes del grupo “Paladins”. Entre los asistentes se encontraban figuras como Konstantin Malofeev y Alexander Dugin, ideólogos ultraconservadores del nacionalismo ruso.
La expansión de estos movimientos en espacios universitarios representa una amenaza directa para los colectivos estudiantiles, feministas, de izquierda y de disidencias que han hecho de la UdeG un espacio de resistencia crítica. La presencia de ideologías fascistas dentro de nuestras aulas no es un problema “de opinión”, sino un problema político y de seguridad universitaria.
Los estudiantes no podemos permanecer indiferentes.
El fascismo se combate, no se debate.
— La Lucha Continúa!

Comité de Solidaridad con Palestina en Guadalajara exige la destitución de Michelle Friedman y anuncia resistencia civil si no hay respuesta del Gobierno estatal

Esta mañana, en el quiosco de la Plaza de Armas de Guadalajara, el Comité de Solidaridad con Palestina GDL ofreció una rueda de prensa en la que manifestó su rechazo a la presencia de la secretaria de Turismo, @Michelle Friedman, a quien señalaron de tener afinidad política con una ideología supremacista y sionista, además de minimizar públicamente el genocidio del pueblo palestino.
Durante el encuentro, los representantes del Comité denunciaron que Friedman ha “ridiculizado en redes sociales” el trabajo de la Flotilla Global Sumud, una iniciativa internacional conformada por activistas de casi 50 países que busca romper el bloqueo contra Gaza. El colectivo exigió al gobernador Pablo Lemus Navarro “hacer a un lado a una persona que no representa los intereses del pueblo de Jalisco” y advirtieron que, de no haber respuesta en el plazo de una semana, iniciarán acciones de desobediencia y resistencia civil pacífica.
“No vamos a aceptar que en nuestro estado haya funcionarios que defiendan una ideología de odio. Si no hay respuesta, la próxima movilización será hacia Casa Jalisco”, advirtió uno de los voceros del Comité.
El grupo recordó que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu —a quien se refirieron por su apellido original, Mileikowski— cuenta con órdenes internacionales de captura por crímenes de guerra y lesa humanidad, por lo que insistieron en que México debe romper relaciones con el Estado de Israel. En ese sentido, destacaron que ya se han reunido más de 40 mil firmas a nivel nacional en respaldo a una iniciativa ciudadana que busca prohibir vínculos con países involucrados en genocidios.
El Comité también cuestionó a la Universidad de Guadalajara (UdeG) por no deslindarse oficialmente de las universidades israelíes que —según denunciaron— “han respaldado el genocidio en Gaza”. Recordaron que instituciones como El Colegio de México – Colmex y otras universidades nacionales ya rompieron vínculos académicos con centros hebreos, y exigieron que la rectora general, Karla Planter , asuma una postura pública al respecto.
La conferencia también contó con la participación de “Hector Flores” cofundador del Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. Agrupación sin Fines de Lucro quienes denunciaron la grave crisis forense y de desapariciones que persiste en el estado. Aseguraron que hay más de 15 mil carpetas de investigación activas, pero solo nueve asesores jurídicos para atenderlas.
Denunciaron además las recientes entregas irregulares de cuerpos a universidades para prácticas médicas, sin que existan archivos básicos de identificación, y reclamaron la falta de avances en las búsquedas en campo, debido a los obstáculos legales para ingresar a predios abandonados o baldíos.
“Los procesos para solicitar cateos son lentos y desgastantes para las familias. Estamos trabajando una iniciativa para que la Comisión de Búsqueda tenga facultades legales de acceso”, explicaron.
“La FIL será tomada”: protesta en la Feria Internacional del Libro
El Comité adelantó que mantendrá presencia constante en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, donde llevarán a cabo la llamada “Toma de la FIL”, con el objetivo de denunciar públicamente el carácter prosionista del gobierno de Jalisco y visibilizar la situación de Palestina.
“No necesitamos permiso para ocupar un espacio financiado con recursos públicos. Vamos a estar dentro y fuera de la FIL, recabando firmas y practicando resistencia civil”, afirmaron.
Asimismo, los voceros no descartaron acciones en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara como parte de su estrategia de protesta, en caso de que no haya respuesta del gobierno estatal.
Durante la conferencia, los activistas mencionaron que en México existen empresas con vínculos económicos con el Estado israelí, señalando en particular a Cementos Mexicanos (CEMEX), sobre la cual planean discutir medidas de boicot en una próxima asamblea.
El Comité recordó que este 14 de octubre se cumplen dos años de su fundación, destacando el crecimiento del movimiento: de una docena de integrantes iniciales a más de 370 personas organizadas, con un alcance estimado de 15 millones de visualizaciones en redes sociales.
“Somos el comité más activo de todo el país, y eso se debe a la participación de estudiantes, académicos y colectivos de barrios populares. Seguiremos apoyando la lucha palestina, las causas de los desaparecidos y la democratización de la Universidad de Guadalajara”, expresaron.
— “¡Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá!”
Mario Antonio López Carbajal
—Director General de Revista Para Esto!
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