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La contradicción de una falsa identidad.

Este 30 de diciembre del presente año la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) en compañía de colectivos sociales, representantes de partidos políticos como Hagamos y PT ( Jose Luis Sanchez Gonzalez) y representantes sindicales de la Universidad de Guadalajara realizaron una manifestación a las afueras de la Casa Jalisco contra el tarifazo del transporte público. La protesta reunió alrededor de 60 personas entre ellos integrantes de la Feu Udeg , medios de comunicación de la UdeG y políticos simpatizantes con la causa, sin embargo, su pliego petitorio no fue recibido por ninguna autoridad estatal.
¿Por qué no se sumó más gente si el problema del transporte público nos compete a todos? ¿Por qué la FEU y la UdeG no llevaron a sus acarreados como es costumbre?
La respuesta la podemos encontrar de que dicha manifestación no fue orgánica y la FEU no representa la voz del pueblo ni del alumnado de la Universidad. Días anteriores salió a la luz el presupuesto que recibió la presidenta de la FEU Fernanda Romero de 400 mil pesos en el mes de diciembre por presuntos gastos de movilidad. Esto es contradictorio ¿cómo alguien que dice defender lo contrario del tarifazo roba del presupuesto público de la Universidad por criterios de movilidad? Es una falsa identidad la que nos muestran los representantes de la FEU.
El tarifazo es un problema que nos debe de preocupar a todxs, este gobierno no hará lo contrario a sus intereses privados si la clase trabajadora y la juventud no hace nada por frenar el alza del costo del trasporte público. La tibieza y la falsa representatividad popular de la FEU e intereses políticos de colores carecen de identidad y congruencia para hacerlo. La determinación del pueblo jalisciense es la llave para cerrar el sistema de movilidad punitivo del gobernador Pablo Lemus, las calles son nuestras y el trasporte público no es un negocio sino un derecho.
— Canser.
Enviado Especial de Revista Para Esto!📷
— La Lucha Continúa!

A 55 años del compa Arnulfo Prado Rosas: ¡La Lucha Continua!

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Este 23 de noviembre se cumplen 55 años del asesinato del compa Arnulfo Prado Rosas, joven de barrio, militante del FER y figura clave para entender cómo la violencia del Estado y sus brazos estudiantiles reaccionarios se ensañaron contra la juventud organizada en Guadalajara. A Arnulfo lo mataron a los 20 años, pero su nombre sigue vivo en San Andrés, en la memoria de los que lucharon y en la rabia de los que vinimos después.

Arnulfo no era cualquier joven, era uno que buscaba un mundo mejor. Creció en San Andrés, uno de esos barrios que el gobierno siempre ha intentado controlar pero que, al mismo tiempo, le han dado a esta ciudad algunos de sus movimientos populares más fuertes. Entre pandillas juveniles que se politizaban —como los Vikingos— y una Guadalajara que hervía después del 68, Arnulfo agarró camino con el Frente Estudiantil Revolucionario, una organización que no solo hacía volanteos, hacían política real, de la que incomoda.

Su asesinato, el 23 de noviembre de 1970, fue obra de la FEG, ese grupo porril que durante décadas funcionó como el brazo sucio del régimen en Jalisco. La muerte de Arnulfo no fue un pleito callejero ni un “exceso” estudiantil, fue un crimen político, producto de un sistema que no toleraba la organización popular y que usó a la FEG para sembrar miedo y poner límites a la radicalización juvenil.

Pero si algo quedó claro desde entonces es que matar a Arnulfo no detuvo nada. Al contrario: encendió más focos, organizó más conciencias y se convirtió en uno de esos hechos que empujaron a muchos jóvenes a ir más lejos, en ocasiones hasta las armas. En su funeral —como cuentan los que estuvieron ahí— no solo hubo lágrimas, hubo decisiones. Porque su muerte no fue entendida como un final, sino como una confirmación de que el Estado estaba dispuesto a todo.
Sus restos descansan en la cripta que está muy cercas de donde el organizo la lucha de muchos jovenes. No es un mausoleo ni un monumento, es un recordatorio de que las luchas verdaderas nacen abajo, sin permisos, sin discursos oficiales. Y aun así, cada tanto, llegan compas, ex militantes del FER, de la LC23S. gente del barrio y jóvenes que recién conocen su historia. Le llevan flores, le cantan, le dejan palabras. Y es que Arnulfo no es un símbolo es un espejo de la realidad de lo que viven muchos de los jovenes de jalisco.
Hablar hoy de Arnulfo Prado Rosas es mirar de frente a una Guadalajara que todavía no resuelve sus deudas con la memoria. La FEG operó durante décadas con total impunidad, el Estado negó, ocultó y normalizó su violencia y muchos de los responsables de aquella guerra sucia urbana murieron sin tocar cárcel. Mientras tanto, nombres como el de Arnulfo siguen siendo los que sostienen el relato de la resistencia real en esta ciudad.
A 55 años, lo que queda claro es que la lucha que él empezó no ha terminado. Porque la desigualdad, la represión y las desapariciones siguen mostrando que este país no aprendió nada. Recordar al compa no es nostalgia, es una exigencia política. Y también un aviso:
“La memoria no se borra con los años, aunque ellos lo intenten. Y cuando un compa cae, los otros seguimos la lucha.”
¡Por una universidad publica, gratuita, democrática y científica! que le quede bien en claro a la Universidad de Guadalajara y a sus grupos porriles de la Feu Udeg, que los jovenes organizados estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para sostener y seguir la lucha que tantos compas antes dieron la vida por empezar.
— La Lucha Continúa!
Dirección General y Comité de Redacción de Revista Para Esto!

COLECTIVO LUZ DE ESPERANZA ENTREGA JUGUETES EN COLONIAS POPULARES DEL CENTRO DE GUADALAJARA

El pasado Lunes el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. realizó su entrega anual de juguetes, actividad que lleva a cabo año con año como parte de su trabajo solidario y de acompañamiento con las familias buscadoras.
La jornada inició al mediodía en la Glorieta de las y los Desaparecidos, donde integrantes del colectivo repartieron juguetes previamente recolectados entre niñas y niños de las propias familias que forman parte del colectivo. Más tarde, alrededor de las 4:30 de la tarde, las y los integrantes volvieron a reunirse para continuar con la entrega en distintas colonias populares del centro de Guadalajara, como la colonia Morelos, la colonia del Fresno y la colonia Moderna.
Durante la actividad, Lyly Meza cofundadora del Colectivo Luz de Esperanza, señaló que estas acciones tienen como centro a la infancia buscadora, una de las más afectadas por la desaparición forzada. “Creemos que la infancia es la que más padece este problema, porque no puede expresarlo ni procesarlo de la misma manera que los adultos. Por eso, aunque sea por un día, regalarles un momento de felicidad y permitirles vivir una infancia lo más normal posible es profundamente gratificante”, expresó.
Por su parte, Héctor Cuñado, también cofundador del colectivo, destacó que las fechas decembrinas suelen profundizar el dolor de la ausencia. “Son días marcados por el vacío y la ausencia. Si para un adulto es muy difícil, para una infancia es mucho peor”, afirmó. Señaló además que, en medio de la búsqueda constante, muchas veces las niñas, niños y adolescentes quedan en segundo plano. “Sin querer, los adultos nos volcamos a la búsqueda y vamos dejando de lado a nuestras infancias. Yo recuerdo la emoción de recibir un regalo cuando era niño, y esto es tratar de devolverles eso”, explicó.
Héctor subrayó que la entrega de juguetes busca ofrecer un respiro emocional a las infancias que viven la desaparición de un familiar. “Es darles aunque sea un ratito de alegría, que puedan sustraerse por un momento de lo que están viviendo. Es un alimento para el alma y una forma de seguir en el camino”, concluyó.
Con esta actividad, el Colectivo Luz de Esperanza reafirma que su lucha por la verdad y la justicia también pasa por el cuidado, el acompañamiento y la solidaridad con las infancias que crecen en un contexto marcado por la violencia y la desaparición.
—¡Felices fiestas! Y ¡La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal y Lily Galarza
Dirección General y Comité de Redacción de Revista Para Esto!

Dobleteo Institucional en CUCEI y UTJ: las redes de poder entre la UdeG y la UTJ salen a flote (Parte 1)

Para nadie es nuevo el famoso dobleteo- trabajar en dos instituciones al mismo tiempo, empalmando horarios o incluso ocupando dos plazas de tiempo completo- En el rubro universitario esto ya parece una práctica normalizada, sobre todo si observamos los salarios raquíticos que obligan a muchos profesores a buscar horas extra donde se pueda, hasta ahí, nada nuevo.
Pero el problema cambia cuando quienes incurren en estas prácticas no son docentes precarizados, sino altas personalidades dentro de sus instituciones, gente con poder, con nombramientos, con redes políticas y con un margen de impunidad que el resto del personal académico jamás podría soñar. Ahí ya no hablamos de necesidad, sino de corrupción y una total falta de ética e integridad.
En Revista Para Esto! llevamos meses siguiendo un caso de la mano de varios servidores públicos que han decidido romper el silencio para llegar al meollo del asunto. Fue a principios de octubre cuando recibimos, de manera anónima, un paquete de información que advertía prácticas graves dentro de la Universidad Tecnológica de Jalisco-UTJ (UTJ), favoritismos, tráfico de influencias, irregularidades administrativas y, por supuesto, dobleteo de puestos ocupados por altos mandos.
Siendo gracias a esta denuncia que logramos revelar una red mucho más amplia, tejida entre la Universidad de Guadalajara UdeG y la UTJ, donde ciertos personajes han encontrado el modo perfecto de beneficiarse del presupuesto público. Es aquí donde entra el personaje principal de este caso: el rector de la UTJ, Héctor Pulido González, máximo responsable de la casa de estudios y, paradójicamente, miembro fundamental del propio Comité de Ética de la institución.
El mismo órgano encargado de vigilar la integridad y prevenir conflictos de interés es el que sufre violaciones desde dentro, justo por parte de quien debería ser ejemplo. En este los intereses públicos quedan comprometidos por decisiones que favorecen al funcionario en cuestión.
El Código de Conducta de la UTJ es claro respecto al doble puesto y los conflictos de interés que implica desempeñar simultáneamente un trabajo de tiempo completo en más de una institución. En la página 13, dentro de la sección “El Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés”, se establece que este órgano colegiado es el encargado de vigilar, interpretar y aplicar las medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento del Código.
Además, se señala que todos los servidores públicos están obligados a acatar las medidas que determine dicho Comité. Es decir, el propio rector está sujeto a estas normas, aunque en la práctica actúe como si estuviera por encima de ellas.
Los Principios Rectores del Servicio Público, ubicados en la página 6, también establecen los fundamentos que se ven vulnerados cuando una persona en un cargo directivo mantiene dos plazas de tiempo completo. El principio de Honradez exige no utilizar el cargo para obtener beneficios personales, mientras que el de Lealtad obliga a priorizar el interés colectivo por encima de cualquier interés privado. La Objetividad, descrita entre las páginas 6 y 7, demanda preservar el interés superior del servicio público, evitando decisiones que favorezcan intereses particulares, algo incompatible con el dobleteo ejercido por figuras de alto rango.
La Ley de Incompatibilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco establece que un servidor público no puede desempeñar simultáneamente dos cargos públicos remunerados cuando exista incompatibilidad. Esto ocurre cuando el ejercicio de un cargo impide, interfiere o afecta el cumplimiento efectivo del otro, ya sea por coincidencia de horarios, por desgaste físico o mental, por conflicto en las funciones o por la imposibilidad material de atender ambos cargos en distintos lugares.
Este principio se encuentra desarrollado en los artículos 8 al 12 de la Ley.
¿Y cómo sabemos todo esto? Gracias a los órganos de transparencia. Fueron ellos quienes terminaron por confirmar que, al menos desde 2023, estas prácticas se venían realizando —y eso sin contar que ya tenemos indicios sólidos de que esto ocurre desde 2021—. La evidencia llegó a través de respuestas oficiales de la Universidad de Guadalajara, donde los documentos dejan ver con absoluta claridad que Héctor Pulido González ha mantenido una plaza de profesor de tiempo completo en el CUCEI mientras ocupaba simultáneamente la Rectoría de la UTJ, sin haber tramitado ninguna licencia que le permitiera compatibilizar ambos cargos.
En una de las respuestas, signada por la Coordinadora de Transparencia y Archivo General, Natalia Mendoza Servín, correspondiente al expediente UTI/0113/2025 del 18 de febrero de 2025, se solicitó a la UdeG información sobre si ciertos servidores públicos tenían licencia para ejercer un puesto en otra institución. Entre los nombres aparece el de Héctor Pulido González, a lo que la universidad respondió tajantemente: “El C. Héctor Pulido González no cuenta con ningún tipo de licencia otorgada por este Centro Universitario”. La respuesta fue emitida el 24 de febrero de 2025.
Es decir, la UdeG confirma que Pulido mantiene su plaza de tiempo completo sin ninguna autorización formal para laborar fuera.
Meses después, otro requerimiento —expediente UTI/1089/2025 del 15 de octubre de 2025— profundizó aún más. En él se solicitó la nómina completa, horarios, materias y situación contractual de académicos del CUCEI y CUCS, entre ellos nuevamente Héctor Pulido González. La Secretaría Administrativa del CUCEI respondió detallando que Pulido ha sido contratado durante todos los años revisados como profesor de tiempo completo, primero como Asociado “C” y posteriormente como Titular “A”, adscrito al Departamento de Química, con actividades de docencia. Además, sus horarios oficiales en todos los ciclos —de 2021A a 2025B— lo ubican impartiendo clases de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. Ocho horas diarias frente a grupo, de manera continua, ciclo tras ciclo.
El propio CUCEI, en su respuesta oficial, no sólo confirma la existencia de estos horarios, sino que incluso anexa los registros institucionales del SIIAU donde consta la programación académica de Pulido, así como la inexistencia de criterios claros de asignación de carga académica en esa dependencia. También aclara que Pulido desempeña funciones completas de docencia, investigación, difusión y extensión, como cualquier profesor de tiempo completo.
Todo esto se vuelve aún más grave cuando se confronta con la función pública que Pulido desempeña en la UTJ desde 2019, cargo que la misma página oficial de la institución reconoce bajo el periodo 2019-2023, aunque su gestión continúa en los hechos hasta 2027. Durante todo este tiempo ha ocupado la Rectoría, uno de los puestos de mayor responsabilidad política y administrativa dentro del sistema educativo estatal.
La evidencia documental muestra, sin lugar a dudas, que mientras dirigía la UTJ mantenía simultáneamente una plaza de profesor de tiempo completo en el CUCEI, cobrando dos sueldos públicos, acumulando dos responsabilidades incompatibles y violando abiertamente el Código de Ética y el Código de Conducta que él mismo debería garantizar. No hay licencia. No hay autorización. No hay compatibilidad. No hay justificación.
A través de la información obtenida por solicitudes de transparencia y la revisión de nóminas oficiales, se confirma que Héctor Pulido González ha percibido de manera simultánea dos sueldos completos provenientes del erario público, pese a la incompatibilidad material de sus cargos. Por un lado, como Rector de la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), recibió ingresos mensuales que oscilaron entre $50,522.22 y $61,471.20 pesos, según el año y la quincena documentada. De manera paralela, mantuvo activa su plaza como Profesor de Tiempo Completo en el CUCEI de la Universidad de Guadalajara, por la cual percibió $10,522.36 pesos mensuales en 2021, $14,553.28 pesos mensuales en 2024 y $24,630.70 pesos mensuales en 2025, ya como Profesor-Investigador Titular A.
En conjunto, estos ingresos representan percepciones mensuales que alcanzaron hasta $71,993.56 pesos en 2021 y $65,075.50 pesos en 2024, sin que exista constancia de licencia, compatibilidad o autorización formal para desempeñar ambas funciones de tiempo completo. Por lo que resultan aún más agravantes si se considera que desde 2016 existen señalamientos internos por posible abandono de labores académicas, debido a que Pulido habría dejado de cumplir de forma regular con sus obligaciones docentes mientras ocupaba cargos directivos en la UTJ, evidenciando cómo la estructura administrativa de la UdeG permitió que la plaza permaneciera activa en nómina durante años sin supervisión efectiva.
Las irregularidades no terminan ahí. Documentos obtenidos vía transparencia y testimonios internos señalan que Pulido no sólo dobletea funciones, sino que también ha ejercido el poder para sostener estructuras administrativas infladas y discrecionales. Un convenio firmado por él mismo para la distribución del presupuesto 2023 —casi 113 millones de pesos— establecía que la plantilla de mandos superiores, medios, administrativos y secretariales debía ser de 107 personas, pero en realidad la UTJ operaba con 39 más. Ese exceso representó una erogación anual no prevista de 8 millones 172 mil pesos, una desviación presupuestal difícil de justificar y que reproduce las prácticas más opacas del aparato educativo estatal.
Estas inconsistencias no son nuevas. Una auditoría al ejercicio fiscal 2020 ya había advertido que la UTJ contaba con trabajadores fuera del “catálogo de puestos” y del “tabulador de sueldos autorizados”, lo que constituyó incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. También se detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 2 millones 244 mil 873 pesos, más intereses, debido al uso indebido de subsidios federales en pagos a 35 trabajadores con cargos no autorizados como “secretario administrativo”, “personal de apoyo” y “técnico laboratorista”.
A estas prácticas se suma un conflicto de interés que personal inconforme —que pidió anonimato por miedo a represalias— ha denunciado: la concesión de un espacio dentro de la UTJ para la venta de material eléctrico a María Esperanza Villaseñor Valencia, madre de un profesor de tiempo completo, Héctor Villaseñor Cabrera. Según los testimonios, el profesor envía a sus alumnos directamente con ella a comprar insumos para sus prácticas, beneficio directo que nunca fue declarado, violando las normas internas de integridad.
Toda esta red —dobleteo, anomalías presupuestales, personal excedente, conflictos de interés y uso discrecional de recursos federales— revela un patrón sostenido que no responde a errores administrativos, sino a una forma de operar incrustada en la estructura de la UTJ bajo la gestión de Héctor Pulido González.
Nota: Parte de esta información fue originalmente señalada en la investigación publicada por Proceso bajo el título “Rector de la UTJ y cuatro profesores dobletean puestos de tiempo completo”, cuyos elementos coinciden con los hallazgos recuperados para esta investigación.
¿Cómo logró sostener esta doble plaza sin que nadie “se diera cuenta”? Basta revisar su propio currículum publicado en la página de Rectoría de la UTJ: ahí enumera con detalle cada uno de sus cargos administrativos desde 2005, sus funciones en instancias estatales y federales, su paso por Copladi, por SEPLAN y, finalmente, su llegada a la Rectoría de la UTJ en 2019. Pero en ningún momento menciona una sola actividad académica reciente en CUCEI, pese a que oficialmente sigue registrado como Profesor de Tiempo Completo. La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se observa que en la página del propio CUCEI tampoco aparece su nombre como docente activo, a pesar de que las nóminas institucionales lo siguen ubicando con carga completa y con clases registradas. Más indignante resulta el hecho de que quien aparece en las fotografías de su toma de protesta como rector de la UTJ —el actual rector del CUCEI, Dr. Marco Antonio Pérez Cisneros— jamás mencionó esta situación, aun cuando meses después fue protagonista del conflicto estudiantil por la falta de cupos al inicio del semestre 2025-B. Y es que, ¿cómo no iban a faltar cupos si los puestos académicos están ocupados por altos mandos que ni siquiera se presentan a trabajar? A esto se suma una denuncia interna de la UTJ donde se señala que la secretaria de la Coordinación de Química del CUCEI sería quien “le hace el favor” de firmar por él, realizando llamadas telefónicas para cubrir sus ausencias. No sorprende entonces que estudiantes del CUCEI se muestren confundidos al saber que, aunque no aparece desde hace más de un año en la currícula, Pulido sigue inscrito en SIIAU y aparece en transparencia con clases activas. La pregunta inevitable es: ¿a quién le imparte esas clases que sólo existen en papel?
Próximamente tendremos más información sobre las redes de poder, favores administrativos y vínculos ocultos entre la UTJ y la UdeG. Esta investigación apenas comienza, y cada documento que llega, cada denuncia anónima, cada contradicción encontrada, abre nuevas líneas que seguiremos hasta el final.
Síguenos para mantenerte al pie de esta investigación periodística que incomoda a quienes llevan años moviéndose en la sombra.
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director General de Revista Para Esto!
Diseño: Lily Galarza

Estudiantes denuncian represión, precariedad y control político de la UDG durante protesta en la FIL

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En un posicionamiento público realizado afuera de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), estudiantes organizados de distintos centros universitarios de la Universidad de Guadalajara denunciaron actos de represión, censura, violencia física y control político ejercidos por la propia institución. Las intervenciones, realizadas a micrófono abierto, señalaron que la UDG mantiene estructuras de poder que impiden la participación estudiantil real, reproducen prácticas autoritarias y sostienen negocios privados bajo el disfraz de educación pública.
La denuncia inició con un recuento de los hechos del 10 y 11 de septiembre, cuando estudiantes que realizaban un mitin pacífico en Rectoría fueron agredidos:
“Mandaron porros a violentar estudiantes, golpearon a menores de edad de preparatorias y a compañeros de todos los centros”, señalaron.
Un día después, un paro estudiantil en CUCSH Belenes también fue reprimido.
“Profesores, trabajadores y elementos ligados a la FEU participaron en las agresiones.”
Estudiantes añadieron que, tras esas jornadas, la UDG inició una campaña de hostigamiento y difamación:
“Publicaron datos personales de compañeros, difundieron información falsa y comenzaron a acosar en los centros universitarios.”
Lxs estudiantes denunciaron que el Consejo General Universitario no es un órgano democrático, pues la voz estudiantil está “tomada por la Feu Udeg y las autoridades universitarias”.
“La FEU no es representación, es un mecanismo de control”, afirmaron.
Además, señalaron que la actual Ley Orgánica sostiene privilegios políticos y económicos concentrados en pequeños grupos que controlan la institución.
Entre las denuncias, se expuso la contradicción entre la narrativa de gratuidad y la realidad del día a día:
“Nos cobran libros, comida, trámites; la universidad no es gratuita.”
También documentaron que muchos trabajadores y docentes están precarizados:
“Para escalar en la jerarquía laboral te obligan a vender tu moral y alinearte con las autoridades.”
Otro punto señalado fue el uso de la FIL como plataforma política y económica:
“Este evento se sostiene con trabajo no remunerado de estudiantes en servicio social.”
Mencionaron el reciente caso de un estudiante fue agredido por un guardia de seguridad por intentar descansar:
“No les dan espacios dignos ni derechos básicos.” de esto mismo la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación.
El Comité de Solidaridad con Palestina GDL acusaron además censura en el retiro de un espacio dedicado a Palestina dentro de la feria, al tiempo que la UDG mantiene vínculos con el Estado de Israel:
“Una universidad pública no puede hablar de derechos humanos mientras evita pronunciarse sobre crímenes internacionales.”
En el mitin tomó la palabra el padre del egresado de la UDG “Héctor Adrián Águila Corona” desaparecido hace más de dos años:
“¿Qué está haciendo la universidad por buscar a mis hijos y a tantos estudiantes desaparecidos?”, cuestionó.
También denunció que en algunas ocasiones les retiran cédulas de búsqueda dentro de la propia UDG:
“Literal vuelven a desaparecer a nuestros desaparecidos.”
Colectivos de vivienda denunciaron la financiarización del sector inmobiliario y la falta de políticas públicas efectivas:
“La vivienda digna no puede seguir siendo un privilegio.”
Señalaron la necesidad de aumentar presupuesto al crear modelos de renta social y mecanismos contra la especulación.
Estudiantes del CUCSH denunciaron la presencia y protección institucional a “autodenominados fascistas” dentro del centro universitario:
“Se les ha dado espacio, ponencias y protección pese a los discursos de odio que promueven.” en @Revista Para Esto! denunciamos también esta situación, de un grupo autodenominado Falangista que tiene apoyo indirecto de la Universidad de Guadalajara.
El movimiento estudiantil planteó una demanda concreta, la democratización la UDG a través de asambleas por carrera y centro, sustituyendo los actuales mecanismos de representación:
“Las asambleas sí representan; la FEU solo cuida el interés de unos cuantos.”
Las intervenciones recordaron que las prácticas represivas no son nuevas:
“Desde los años 70, con la FEG, la universidad ha construido estructuras para golpear y perseguir estudiantes.”
Para los jóvenes, lo ocurrido en septiembre confirma que esas lógicas continúan vigentes.
“No nos miren, únanse. Si no luchamos nosotros, nadie lo hará.”
La denuncia colectiva sostiene que la represión, la censura y la violencia contra estudiantes forman parte de un patrón institucional que no ha sido atendido ni sancionado. La permanencia de estructuras de control político y la ausencia de procesos transparentes permiten que estos hechos se repitan sin consecuencias.
Al igual que otros episodios históricos de represión universitaria en México, lo ocurrido en la UDG muestra que cuando las autoridades no sancionan ni corrigen, la violencia se normaliza como herramienta de control. Y en ese contexto —dicen los estudiantes— la lucha por democratizar la universidad y defender derechos básicos no es solo legítimo, es urgente.
Si la represión no se nombra, si la violencia institucional no se reconoce y si quienes la ejercen no rinden cuentas, la repetición deja de ser accidente y se convierte en política de Estado.
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director General de Revista Para Esto!
Fotos: Lily Galarza y Boris

Pega de Cedulas en La Calma: Dignidad presupuestal a las instituciones de Búsqueda.

Ayer, en el cruce de La Calma, las familias del Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. volvieron a ocupar el espacio público con su pega semanal de cédulas. Ahí, entre autos que pasan y miradas que evaden, levantaron los rostros de quienes el Estado no ha querido buscar. A unos metros, en el parque, organizaron también una kermés para recaudar fondos, porque en Jalisco, mientras el gobierno habla de estrategias, son las familias quienes pagan la búsqueda de sus propias hijas e hijos.

No debería sorprender que cada semana, el trabajo que tendrían que hacer las instituciones termina recayendo en los colectivos, son ellos quienes sostienen el hilo de una búsqueda que para el gobierno es rutina burocrática y, para las familias, es la vida entera suspendida.

Fue apenas el 4 de Diciembre que en el Congreso de Jalisco, la @Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas propuso añadir 352 millones de pesos al presupuesto 2026 para atender la crisis que el propio Estado reconoce como “humanitaria”. Ahí estaban todos, el jefe de Gabinete, el secretario de Hacienda, responsables del IJCF, de la Vicefiscalía, comisiones de búsqueda y víctimas, al acompañamiento de algunos representantes de colectivos de búsqueda.

La diputada Tonantzin Cárdenas cuestionó el absurdo de etiquetar 700 millones de pesos del C5 como “apoyo” al tema de desaparecidos, cuando esas cámaras —las mismas que siempre “no vieron”— nunca han sido garantía de nada. Al final lo dejaron ahí, sin cambiar la lógica, más vigilancia, poca búsqueda. Más tecnología, menos personal. Más discursos, cero reparación.

Las familias lo dijeron claro en la mesa. En Lagos de Moreno, por ejemplo, las cámaras ni siquiera funcionan. Y mientras se anuncian nuevas sedes del IJCF o incrementos mínimos a la Comisión de Búsqueda, la realidad es que cada institución opera al límite, sin personal, sin herramientas y sin voluntad para enfrentar lo que ellas ya nombran sin rodeos: una política de administración del dolor.

En medio de todo esto, aparece otro dato que desmonta la narrativa de control institucional. El profesor de la UdeG, Jorge Ramírez, reveló que Jalisco ni siquiera está dando seguimiento a denuncias registradas por otras instancias en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Ahí están los casos de Cristopher Raymundo, 17 años, desaparecido en Tlaquepaque y reportado por Michoacán, Juan Manuel Zavala, 18, desaparecido en Guadalajara y reportado por la Comisión Nacional de Búsqueda. Ninguno tiene cédula emitida por Jalisco. Ninguno existe para las autoridades locales.

Y aun así, pese al subregistro, los números alcanzan para evidenciar la magnitud del abandono: casi 750 jóvenes desaparecidos cada año, más de 5 mil en apenas 30 meses. Jóvenes entre 15 y 19 años, desapareciendo en silencio, mientras el Estado discute presupuestos que apenas cubren lo básico.

En este sentido el Comité de Redacción de @Revista Para Esto! decimos no se evita la desaparición sin registro, no se busca sin recursos y no hay justicia cuando las familias tienen que hacer el trabajo del gobierno. En el Gobierno de Jalisco, la crisis no es solo de desapariciones, sino de un Estado que se rehúsa a mirar de frente lo que su propia desidia produce.

— La Lucha Continúa!

¿PALESTINA en la FIL?: Kyfuyas, banderas, sandías y una resistencia que atraviesa los pasillos

En días recientes, cientos de personas solidarias —no consumidoras pasivas— caminaron los pasillos de la FIL con algo más que bolsas llenas de libros. Se les veía con kufiyyas al cuello, banderas palestinas amarradas a las mochilas, pines y parches de sandía, ese símbolo internacional que nació para burlar la censura. No era ornamento, era un posicionamiento político dentro de un espacio que presume pluralidad, pero que históricamente ha tomado partido por el opresor.
Esto coincidió con la presentación pública de la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, quien volvió a nombrar lo que muchos intentan ocultar con tecnicismos diplomáticos, el genocidio ejecutado por el Estado de Israel. Mientras tanto, afuera de los reflectores institucionales, el Comité de Solidaridad con Palestina GDL se organizó durante los días de la feria para empujar una exigencia que hoy ya suena inevitable, que el próximo invitado de honor sea Palestina, no otro escaparate para el colonialismo disfrazado de intercambio cultural.
La memoria sigue viva, muchxs recuerdan el episodio vergonzoso de la FIL 2013, cuando Israel fue el invitado de honor en plena intensificación de la ocupación y las masacres. Hoy once años después, la solidaridad que se cuela en forma de colores, telas y símbolos vuelve a incomodar a quienes administran la “neutralidad” como si fuera sinónimo de silencio cómplice.
Y mientras en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se habla de diversidad, otras instituciones académicas del país ya asumieron una postura ética mínimamente coherente, @El Colegio de Mexico (COLMEX) y el @Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) rompieron relaciones académicas con Israel ante las evidencias del genocidio. La UdeG mantiene vínculos, convenios y colaboraciones como si nada estuviera pasando, escondiéndose detrás de la diplomacia cuando se trata de exigir dignidad.
Ante parte de la academia mexicana ya entendió que no se puede colaborar con un Estado que bombardea universidades, bibliotecas y hospitales. La UdeG no. Por eso la solidaridad popular aparece donde las instituciones fallan, en los pasillos, en las mochilas, en las banderas que no se pueden censurar tan fácil.
– ¡Desde el Rio hasta el Mar! ¡Palestina Vencerá! 🇵🇸
— La Lucha Continúa!

Familias prioritarias: sin nuevos fondos ni recursos

El día de ayer se realizó la jornada habitual de pega de cédulas del Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco.. Luego de recibir una donación y colocar fichas de búsqueda en distintas zonas cercanas al centro de Zapopan, las familias se reorganizaron para definir sus próximas actividades. Entre ellas destaca una iniciativa que busca impulsar una reforma para que familias buscadoras con empleos informales puedan acceder a beneficios similares a los de un empleo formal.
La propuesta aún se discute en el Congreso de Jalisco sin embargo, el colectivo señala que mientras no se asignen más recursos a las instituciones de búsqueda, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse en un gesto insuficiente.
En vísperas de Navidad, las familias enfrentan nuevamente la angustia de cerrar otro año sin respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. A pesar de que el Gobierno de Jalisco presume una disminución en las desapariciones —dato que este medio cuestiona—, ello no modifica el registro histórico que mantiene a Jalisco como uno de los estados con mayor número de personas desaparecidas.
El gobierno de Pablo Lemus Navarro se encuentra a las puertas del Mundial, pero difícilmente podrá evitar los cuestionamientos sobre su manejo de los temas sociales que arrastra los gobiernos de Movimiento Ciudadano una administración marcada por más altibajos que por verdaderas recuperaciones políticas.
— La Lucha Continúa!

Colectivo Luz de Esperanza denuncia tortura y represión durante protesta en Jalisco.

En rueda de prensa convocada por el colectivo Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD, AC), Lyly Meza y Héctor Cuñado voceros y cofundadores del colectivo denunciaron actos de represión y tortura cometidos por policías estatales durante una manifestación realizada el 31 de marzo de 2023 afuera de la entonces Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, hoy Vicefiscalía.
Esta inició con el testimonio de Lily Meza, madre de Maximiliano Romero Mesa, (desaparecido el 22 de octubre de 2020):
“Nos empezaron a encapsular, aventar y golpear. Yo fui la más agredida. Hasta la fecha tengo dos cervicales dañadas y no he podido continuar con el tratamiento”, señaló.
Lily afirmó que identificó a una de las agresoras, la policía Yaretsi Ortega Beleche, cuyo nombre quedó asentado en la denuncia. “La mayoría llevaba el rostro cubierto, pero ella no”, explicó. Además, acusó que personal de la vicefiscalía presenció las agresiones sin intervenir:
“En lugar de detener lo que estaba pasando, nos grababan y se burlaban.”
Tras las agresiones, presentó una denuncia ante visitaduría, que lamentablemente fue archivada. Posteriormente acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), donde se le practicó el Protocolo de Estambul, el cual resultó positivo. Sin embargo, la recomendación 028/2025, emitida por la CEDHJ, no reconoció la tortura, lo que motivó la impugnación ante la CNDH y una denuncia formal por ese delito.
Héctor Rodolfo Flores González, padre de Héctor Daniel Flores, (desaparecido en 2021), añadió que las agresiones contra Lily incluyeron “mordidas plenamente documentadas”. Señaló que tras ese episodio, los mismos elementos fueron enviados a otras movilizaciones, lo que calificó como hostigamiento y una burla.
“Integrantes del colectivo tenían prohibido ingresar, incluso cuando estábamos citados. Tenía que bajar algún funcionario para permitirnos el paso.”
El hostigamiento también ocurrió en búsquedas, donde denunció agresiones por parte de policías municipales de Tlaquepaque durante el procesamiento de restos humanos localizados en una fosa, lo cual constituye una irresponsabilidad de las autoridades y muestra de la falta de preparación de las autoridades en el tema de la desaparición forzada.
María Frida Hernández Sánchez, abogada del CEPAD e integrante del eje de tortura, señaló que las pruebas reunidas —peritajes, certificados médicos, testimonios y videos— coinciden con los estándares nacionales e internacionales para calificar los hechos como tortura:
“No se trata de un uso desproporcionado de la fuerza. La violencia funcionó como castigo por ejercer el derecho a la protesta.”
Hernández situó el caso dentro de un patrón de represión estatal documentado, que incluye los hechos del 28 de mayo de 2004, las detenciones y desapariciones durante las protestas por el asesinato de Giovanni López en junio de 2020, así como los recientes actos ocurridos el 15 de noviembre de 2024. También denunció la práctica de la CEDHJ de testar los nombres de las y los servidores públicos involucrados en hechos graves:
“Ocultar los nombres viola el derecho a la verdad. La sociedad tiene derecho a saber quiénes cometieron estas violaciones.”
Ante este caso violatorio a la justicia, el CEPAD y el colectivo hicieron un llamado a:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para realizar una investigación exhaustiva y ordenar una nueva recomendación que reconozca explícitamente la tortura.
– La CEDHJ, para transparentar los nombres de las personas servidoras públicas responsables.
– La Dirección de Investigación del Delito de Tortura, para abrir las carpetas correspondientes.
– El Gobierno de Jalisco, para detener la criminalización de personas manifestantes.
“Si nombrar la tortura incomoda, la vamos a seguir nombrando hasta que se haga justicia”, concluyó Hernández.
La denuncia del Colectivo Luz de Esperanza y del CEPAD recuerda que la represión del 31 de marzo de 2023 no fue un hecho aislado, sino parte de una forma de operar que el Gobierno de Jalisco ha visto repetirse. Lo ocurrido en el Gobierno de Guadalajara dialoga directamente con lo sucedido en San Salvador Atenco en 2006, donde el Estado negó sistemáticamente las violaciones, usó la fuerza pública como herramienta de castigo y protegió a los responsables mediante omisiones, dilaciones y archivos. Aquella impunidad permitió que las agresiones se repitieran en otros contextos y dejó claro que, cuando no hay sanción, el poder entiende que puede avanzar sin freno.
Hoy, en Jalisco, el no reconocimiento de la tortura, el ocultamiento de nombres y la normalización del hostigamiento contra familiares que buscan a sus desaparecidos reactivan esa misma lógica. Cuando el Estado no corrige ni castiga, abre la puerta a que el uso ilegítimo de la fuerza se vuelva recurso cotidiano, más aún ante eventos de gran visibilidad —como el Mundial— donde históricamente los gobiernos endurecen el control policial para “limpiar” el espacio público y contener la protesta social.
Para Esto! si las violaciones no se nombran, si la tortura no se reconoce y si las autoridades responsables no enfrentan consecuencias, la repetición se vuelve política de Estado. Y en ese escenario, la defensa de los derechos humanos no solo es necesaria: es urgente.
— La Lucha Continúa!
Ve la rueda de prensa aquí: https://youtu.be/UDBn2MS9mGk

Colectivo Luz de Esperanza acusa simulación y falta de resultados reales en la Fiscalía Especializada y la nueva Secretaría de Inteligencia

Este domingo 23, durante su pega semanal de cédulas afuera de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. volvió a denunciar lo que consideran una estrategia sistemática del Gobierno de Jalisco para maquillar las cifras y dar la apariencia de que la crisis de desapariciones “va a la baja”, cuando en realidad —dicen— nada ha cambiado.
“Quieren dar la apariencia de que el problema disminuye, pero no es verdad. Dicen que localizan mil 700, mil 300 personas… pero de todas esas solo 50 son realmente desaparición conforme a la Ley General. Las demás no tienen delito o son por otros delitos. Entonces no, las cosas no están mejorando”, señalo el Vocero de Luz de Esperanza Héctor Cuñado.
A pesar de los discursos oficiales y las declaraciones recientes de la vicefiscal Blanca Trujillo, quienes buscan a sus familiares recuerdan que Jalisco sigue siendo el estado número uno en desapariciones en el histórico nacional. “Por meses podrás ver que baja un poco, pero seguimos igual. La crisis continúa”, afirmaron.
El colectivo también cuestionó duramente el desempeño de la recién creada Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, a casi un año de su formación. Para las familias, la dependencia no ha mostrado ningún resultado concreto.
“Dicen que llevan poco tiempo y que están en proceso. Yo quisiera saber cuántos años más necesitamos para que terminen de ‘conformarla’ y empiecen a dar resultados”, dijeron. Además, señalaron que esta secretaría duplica funciones que ya existen en otras instituciones.
Incluso cuestionaron su utilidad: “No ha presentado ningún insumo de inteligencia. Sabemos que en Jalisco hay al menos seis campamentos activos del crimen organizado. ¿Dónde está la Secretaría de Inteligencia? ¿Qué han hecho con Seguridad del Estado para rescatar a las personas con vida?”.
También desmintieron que esta institución acompañe búsquedas en campo: “En nuestro colectivo no nos ha tocado verlos. No han ido con nosotros a ninguna búsqueda”.
Para las familias, este nuevo organismo parece más una maniobra política: “La legitimaron usando el tema de los desaparecidos. Igual que hicieron con la Ley Luna, meten a las familias para justificar estructuras que no están hechas para la búsqueda”.
Mientras tanto, las familias siguen haciendo lo que el Estado no hace: buscar, documentar, presionar, poner el cuerpo. Y aunque el gobierno intente disfrazar la crisis con cifras “a modo”, lo que pasa en Jalisco no se oculta con boletines: se ve en las fosas, en los campamentos criminales, en las cifras históricas y en la ausencia de resultados reales.
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director General de Revista Para Esto!

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