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Colectivo Luz de Esperanza realiza pega de cédulas en San Juan de Dios y acciones de búsqueda en Puerto Vallarta

Guadalajara / Puerto Vallarta, Jalisco – 16 de febrero de 2026

El Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. Realizó una pega de cédulas en la zona de San Juan de Dios, en Guadalajara, como parte de sus acciones permanentes de visibilización y búsqueda en vida. De manera paralela, nueve familias del colectivo se trasladaron a Puerto Vallarta para llevar a cabo diligencias en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Local de Búsqueda de Jalisco.

En Puerto Vallarta, las familias acudieron al centro de rehabilitación “Fuerza Nacional”, ubicado en la colonia Ixtapa, donde denunciaron presuntas irregularidades en su operación. De acuerdo con lo señalado por el colectivo, en estos espacios se estarían realizando traslados nocturnos de personas —conocidos como “patrullas espirituales”— sin el consentimiento informado de quienes son internados ni notificación oportuna a sus familiares.

Asimismo, indicaron que los responsables de estos centros únicamente girarían oficios a la fiscalía cada cierto tiempo para informar sobre las personas ingresadas, sin que exista un mecanismo claro de comunicación con las familias ni una supervisión constante sobre las condiciones en que se encuentran las personas recluidas. Durante la visita, las familias reportaron situaciones que calificaron como inhumanas, insalubres e indignas.

Ante estos hechos, el colectivo cuestionó cómo es posible que estos establecimientos continúen operando con el aval institucional e incluso con apoyos públicos, pese a los señalamientos sobre posibles vulneraciones a derechos humanos.

Las familias hicieron un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos, supervisen de manera efectiva estos espacios y eviten cualquier práctica que implique privaciones ilegales de la libertad.

— La Lucha Continúa!

Mario Antonio López Carbajal

Director General de Revista Para Esto!

#LuzDeEsperanza #HastaEncontrarles #NiUnDesaparecidoMás #JaliscoEstadoDesaparecedor #CrisisHumanitaria

Asamblea Popular contra el Tarifazo reúne más de 100 personas y acuerda ampliar pliego de exigencias

Guadalajara, Jalisco — 16 de febrero de 2026

El pasado domingo 15 de febrero a las 4:00 pm, cerca de 150 personas se dieron cita en Guadalajara para participar en la Asamblea Popular contra el Tarifazo. La convocatoria reunió a habitantes de distintos municipios del Área Metropolitana —Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y El Salto— con el objetivo de definir acciones concretas ante el inminente aumento a la tarifa del transporte público previsto para abril.

La asamblea inició con la explicación de la metodología de participación: señas manuales para manifestar acuerdo, solicitar la palabra o pedir aclaraciones, y un esquema de trabajo por municipios para facilitar la discusión y la construcción de acuerdos colectivos. También se estableció un protocolo de seguridad que incluyó delimitación de accesos, recomendación de permanecer en grupos y la indicación de no interactuar con autoridades externas. Se informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se encontraba atenta al desarrollo de la actividad.

Uno de los momentos más significativos fue la ronda de intervenciones donde se planteó la pregunta: ¿Qué vas a tener que sacrificar con el aumento de tarifa? Las respuestas fueron concretas: reducción de comidas mensuales, más tiempo caminando para evitar transbordos, menos horas de descanso y estudio, limitación de actividades de activismo y, en algunos casos, hasta 400 u 800 pesos adicionales al mes. Personas con discapacidad y trabajadores que realizan trayectos de más de una hora y media señalaron que el impacto no es solo económico, sino físico y mental.

En la exposición central se explicó que el incremento tarifario se inscribe en un modelo que, según los organizadores, ha tratado el transporte como negocio y no como derecho. Se cuestionó la firma de contratos financieros y la implementación de una tarjeta bancaria como mecanismo obligatorio para acceder a subsidios, lo que calificaron como bancarización forzada. También se informó que ya se promovieron amparos en defensa de estudiantes, trabajadores y personas adultas mayores, y que en los próximos días se sabrá qué juzgado llevará el caso.

El trabajo por municipios permitió ampliar y precisar el pliego petitorio. Entre los acuerdos más relevantes que se integraron destacan:

  • Rechazo al aumento y mantenimiento de la tarifa actual.
  • Cancelación de la obligatoriedad de la tarjeta bancaria para acceder al subsidio.
  • Subsidio universal y sin condicionamientos.
  • Auditoría pública al comité tarifario y transparencia del presupuesto.
  • Etiquetación específica del gasto para infraestructura, unidades y paradas.
  • No cobro de transbordos, particularmente en Línea 4.
  • Expansión y diversificación de rutas en periferias.
  • Accesibilidad real en unidades para personas con discapacidad.
  • Regulación de combis y mototaxis fuera del sistema formal.
  • Plataforma pública para monitoreo de unidades y recepción de quejas.
  • Carriles exclusivos para transporte público y ciclovías en avenidas de más de tres carriles.
  • Subsidios específicos para madres buscadoras y ampliación de apoyos a estudiantes y docentes.
  • Las propuestas fueron sometidas a votación en plenaria, levantando la mano, y se acordó integrarlas al documento final que será presentado ante autoridades estatales.

La asamblea cerró con el llamado a mantener la organización territorial por municipios y fortalecer la coordinación estatal. El aumento no solo representa más gasto, sino una profundización de desigualdades en movilidad que afectan principalmente a la clase trabajadora.

#AsambleaPopular #NoAlTarifazo #MovilidadEsUnDerecho #TransporteDigno #Guadalajara #AMG

Entre el escándalo y la política: Leonardo Almaguer y el juicio mediático

Guadalajara, Jalisco — 14 de Febrero de 2026

Entre los señalamientos públicos más sonados y los cuestionamientos reiterados sobre su pasado, se abrió un espacio para escuchar la otra parte. En entrevista con la dirección de la compañera periodista María Luisa Estrada, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer, rompió el silencio y abordó tanto su historia personal como su postura frente al gobierno estatal.

Almaguer fue colocado recientemente en el centro del escándalo mediático por un episodio ocurrido cuando tenía 24 años —hecho por el que pasó tres años en prisión—, convertido hoy en material de consumo para ciertos medios inclinados al sensacionalismo. Sin rodeos, reconoció el error y sostuvo que ya pagó el costo.

“Claro que me arrepiento. Me quitó años de mi vida, me quitó momentos irrepetibles. Mi padre murió mientras yo estaba en prisión y no pude despedirme”, expresó.

Más allá del morbo, lo relevante es lo que vino después, tras recuperar su libertad enfrentó un proceso complejo de reinserción, comenzó limpiando casas en venta, trabajó en la Central de Autobuses realizando labores de aseo, fue responsable de mantenimiento y posteriormente encargado de taquilla en una línea de transporte. Paralelamente, concluyó sus estudios y se tituló como licenciado en Administración.

Lejos de sorprender, este recorrido confirma lo que debería significar un proceso de reinserción social, empezar desde abajo, sin privilegios, sin padrinazgos, sin atajos. Al menos, desde lo que él mismo relató durante la entrevista.

El episodio lo ha colocado en el centro de la política local. Algunos ya lo mencionan como posible aspirante a la presidencia municipal. Ante ello, Almaguer negó estar enfocado en una candidatura:

“No estoy pensando en la silla que sigue. Estoy pensando en la responsabilidad que tengo hoy”.

Sin embargo, en política nada es casual. El intento de desacreditarlo podría resultar contraproducente. Si la intención era fracturar lo poco que queda de una oposición de izquierda en Jalisco, el efecto puede ser el contrario, y visibilizar que existen perfiles que no provienen de las élites tradicionales y que, guste o no, conectan con sectores populares. A veces, el exceso de ataque termina construyendo victimarios involuntarios.

Respecto a las versiones sobre presunto consumo de alcohol y ausencias en el Congreso, el legislador rechazó ambas acusaciones. Aseguró que mantiene una rutina activa, que cumple con sus responsabilidades legislativas y que participa en la Junta de Coordinación Política y en diversas comisiones. Más que explicarlo desde esta redacción, dejamos que la entrevista completa sea vista y juzgada por quien quiera formarse su propia opinión. Si algo ha quedado claro en este episodio es que el juicio mediático suele llegar antes que el análisis.

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la crisis de desapariciones en Jalisco. Almaguer subrayó que la principal violencia no la sufren los funcionarios, sino las más de 18 mil personas desaparecidas en la entidad y sus familias. Ahí está el punto medular que pocos quieren discutir. Mientras el debate público se concentra en antecedentes personales ya juzgados hace décadas, Jalisco continúa encabezando cifras de desaparición, desplazamiento y precariedad. En un estado con cientos de movilizaciones sociales y a las puertas de un Mundial de futbol, cabe preguntarse si la prioridad gubernamental está en resolver la crisis o en “ordenar” la imagen pública. Basta observar cómo, en cada manifestación —como las encabezadas por la Asamblea Popular contra el Tarifazo—, se despliegan decenas de antimotines para intimidar a quienes protestan.

También criticó que, mientras la crisis de seguridad persiste, el gobierno estatal destine recursos millonarios a obras relacionadas con eventos deportivos.

“El Estado hoy es un simple administrador que no está garantizando seguridad ni justicia”, señaló.

Almaguer vinculó la violencia con factores estructurales como la desigualdad, los largos traslados laborales y la precariedad salarial. “Vivimos en un proceso de deshumanización, de apatía e indolencia”, afirmó, al cuestionar un modelo económico que, a su juicio, prioriza el consumo sobre la vida comunitaria.

Durante la entrevista también se abordó la situación de mujeres víctimas de violencia vicaria, trabajadoras sexuales y personas trans, sectores que consideró históricamente invisibilizados. Expresó respaldo a iniciativas para fortalecer el marco legal contra la violencia vicaria y se pronunció a favor de garantizar la interrupción legal del embarazo en condiciones seguras.

“¿Quién eres tú para decidir sobre el cuerpo de una mujer cuando no conoces sus condiciones sociales?”, cuestionó.

Sobre la llamada “unidad” entre fuerzas políticas afines, consideró que el concepto suele usarse de manera superficial. “Más que unidad, deberíamos hablar de colectividad”, dijo, al señalar que los cargos públicos deben entenderse como herramientas al servicio de la población. Declaraciones que contrastan con la actual tensión política en un estado donde Movimiento Ciudadano enfrenta el desgaste de años de hegemonía.

Almaguer insistió en que no busca privilegios ni posiciones futuras. “Soy uno más. Hoy me toca estar en esta silla y cumplir la tarea que me corresponde. Lo que venga después dependerá del trabajo que haga ahora”, concluyó.

Mientras tanto, aseguró que continuará impulsando iniciativas en materia seguridad y derechos sociales, en un Congreso que —reconoció— atraviesa profundas tensiones políticas en un estado marcado por la violencia y la desigualdad.

Desde Revista Para Esto! y en nuestras nuevas alianzas con La Grillotina Política, seguiremos investigando lo que verdaderamente ocurre en Jalisco.

— La Lucha Continúa!

Mario Antonio López Carbajal.

Director General de Revista Para Esto!
Fotografía: Lily Galarza.

Ve la entrevista completa aquí:

 

¿Ya no están? La búsqueda en vida estancada por el desplazamiento

Guadalajara, Jalisco — 10 de febrero de 2026

¡Se esfumaron! Más de 40 personas en situación de calle que de manera habitual permanecían a lo largo del Centro Histórico de Guadalajara ya no están.

La búsqueda en vida que realiza de forma constante el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. —orientada a localizar, entre personas desamparadas, a quienes cuentan con ficha de desaparición o puedan haber visto a alguna persona desaparecida— se ha visto gravemente afectada por el desplazamiento forzado derivado del “acercamiento” al Mundial de Fútbol.

Lo que en ocasiones anteriores había mostrado avances —logrando incluso la localización de al menos una persona con ficha de búsqueda— ayer evidenció la cara más dura de la indolencia institucional y del blanqueamiento urbano impulsado desde fuera por el Gobierno de Jalisco.

Durante la jornada, únicamente fue posible entrevistar y establecer acercamiento con nueve personas en situación de calle, sin obtener resultados verdaderamente concluyentes que permitieran avanzar en alguna línea de búsqueda.

Algunos de los propios desamparados señalaron que han comenzado a desplazarse hacia zonas como el Parque Morelos o el Parque Agua Azul, espacios más oscuros y marginados, lo que no solo invisibiliza aún más sus vidas, sino que incrementa los riesgos y la inseguridad tanto para ellos como para quienes los buscan.

Ello habla de una política de desplazamiento que no solo expulsa a las personas en situación de calle de los espacios visibles de la ciudad, sino que rompe de manera directa los procesos de búsqueda en vida, fragmenta los vínculos construidos y coloca a estas poblaciones en escenarios aún más violentos y letales.

De acuerdo con una investigación de NTR Guadalajara al menos 15 personas en situación de calle fueron asesinadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante 2025, sin que hasta ahora exista una sola persona detenida o esclarecimiento de los hechos. Dónde la mayoría de las víctimas dormían en espacios públicos o viviendas improvisadas, los mismos territorios que hoy están siendo “limpiados” bajo la lógica del embellecimiento urbano rumbo al Mundial.

El desplazamiento forzado no puede verse como una medida administrativa ni como una estrategia de ordenamiento urbano, sino como una práctica que incrementa la vulnerabilidad, la invisibilización y el riesgo de muerte de quienes ya se encuentran en los márgenes más extremos de la ciudad. Para los colectivos de búsqueda, como Luz de Esperanza, significa además trabajar a contracorriente de un Estado que, lejos de garantizar condiciones mínimas para la localización de personas desaparecidas, obstaculiza activamente la búsqueda en vida.

Por ellos en vez pregúntarnos ¿a dónde se fueron?, sino ¿quién se beneficia de que ya no estén? Mientras Guadalajara se prepara para mostrarse al mundo, cientos de vidas son empujadas a la oscuridad, y con ellas, la posibilidad de volver a casa de quienes aún siguen siendo buscados.

— La Lucha Continúa!

Mario Antonio López Carbajal

Director General de Revista Para Esto!

#DesplazamientoForzado #BlanqueamientoUrbano #ViolenciaDeEstado #LimpiezaSocial #Mundial2026 #Guadalajara

¿Manifestación contra el tarifazo? Operación infiltración

Guadalajara, Jalisco – 09 de febrero de 2026

Fue el día de ayer cuando la recién conformada #AsambleaPopularContraelTarifazo llevó a cabo su primera manifestación, recorriendo el trayecto desde la recién inaugurada Glorieta La Minerva hasta Casa Jalisco. La movilización no solo representó una de las primeras expresiones de organización social colectiva contra el gobierno estatal, sino que evidenció el hartazgo frente a decisiones impuestas de manera vertical, sin consulta ni participación ciudadana.

El llamado tarifazo es resultado de una lógica donde un reducido grupo, incrustado en la clase política y en sus intereses económicos, toma decisiones que afectan directamente a toda la sociedad jalisciense. Medidas que, lejos de responder a las necesidades reales de la población, profundizan las desigualdades y trasladan el costo de la crisis a quienes menos tienen.

Ante este escenario, el Gobierno de Jalisco encabezado por Pablo Lemus Navarro ha comenzado a mirar con sospecha —y abierta hostilidad— a quienes se organizan. La respuesta institucional ha sido la criminalización preventiva de la protesta social, algo que no se veía con esta intensidad desde hace algunos años. Todo esto ocurre, además, en un contexto político sensible, la antesala del Mundial de Futbol, evento de alto interés económico y simbólico para el estado, en medio de un clima de agitación social que no es exclusivo de Jalisco, sino parte de una coyuntura global.

Lo que el Gobierno de Guadalajara parece no poder controlar es que cientos de colectivos en Jalisco han comenzado a articularse para defender un principio básico, la movilidad como derecho y no como negocio. Frente a ello, se ha documentado la presencia de agentes infiltrados en las manifestaciones. Algunos de ellos graban sin ningún tipo de discreción, se comportan de manera ajena a la lógica de la protesta y generan tensión entre los asistentes.

Estas prácticas se suman a detenciones arbitrarias y a una actuación policial de carácter represivo, lo que ha obligado a ejercer presión sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), un organismo que desde el 15 de noviembre de 2025 ha sido señalado por su omisión sistemática. A ello se suman los reclamos de organizaciones de derechos humanos como CEPAD, AC y sectores académicos críticos.

Durante el mitin frente a Casa Jalisco, la asamblea fue clara al ratificar su carácter independiente y apartidista. Representantes populares pueden asistir como ciudadanos, pero no pueden hablar en nombre de la asamblea ni del movimiento. No se permitirá el oportunismo político ni el uso electoral de una lucha que pertenece al pueblo organizado.

“El pueblo unido avanza sin partido.”

En el pronunciamiento leído por la compañera Sabina, se señaló que Casa Jalisco se encontraba vacía, tan vacía como las políticas públicas que este gobierno ha ofrecido a la ciudadanía. Mientras dentro no hay nadie, afuera la población espera camiones que no llegan, enfrenta rutas saturadas, tiempos de espera de hasta una hora y tarifas imposibles de sostener.

En Jalisco, el transporte público ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio. El tarifazo no es un error técnico, es una decisión política. Más de 2.7 millones de personas dependen diariamente del transporte público para trabajar, estudiar y sobrevivir. Aun así, el gobierno decidió aumentar la tarifa e imponer un modelo de pago bancarizado que excluye a amplios sectores de la población.

En 2025, el 45.7% de las personas seguía pagando en efectivo, a pesar de la existencia de la tarjeta Mi Movilidad. La propuesta actual obliga a una de cada dos personas usuarias a utilizar una tarjeta bancaria, aunque no quiera, no pueda o no confíe en el sistema. Eso no es modernización: es imposición.Además, el gobierno de Jalisco paga a Broxel aproximadamente 5.45 centavos mensuales por cada tarjeta bancaria activa, dinero público que podría destinarse a fortalecer el sistema existente, mejorar el servicio y dignificar el trabajo de quienes sostienen el transporte todos los días. Se trata de una empresa con antecedentes de opacidad e irregularidades, lo cual levanta serias dudas sobre el destino de los recursos públicos.

El problema no es solo la tarifa es el modelo de movilidad, profundamente privatizado, fragmentado en cientos de concesiones y empresas que lucran con un derecho básico. El aumento desprecia el tiempo de vida, el desgaste físico y la economía de quienes viven en la periferia. La asamblea denunció que el alza al transporte responde a una lógica capitalista y autoritaria, que funciona como mecanismo de saqueo contra la economía popular, diseñada para proteger la ganancia privada. En este contexto, Jalisco presenta rasgos claros de un Estado autoritario, con desprecio por las formas democráticas y una clara intención de lucrar a costa de la ciudadanía.

La Asamblea Popular Contra el Tarifazo reiteró que no responde a ninguna agenda electoral, pasada, presente o futura. Es un espacio abierto de organización ciudadana que convoca a mantenerse atentos a las redes y a participar en la gran asamblea popular del próximo domingo 15 de febrero, en el Parque del Refugio, para definir un plan de lucha que eche abajo el tarifazo, el tarjetazo y siente las bases de un transporte público verdaderamente digno.

“Si entre todos lo hacemos, no va a haber una cabeza que cortar. Este es un movimiento de todos. Nadie nos representa.”

– No al tarifazo.

– No al tarjetazo.

– Sí al transporte digno.

#NoAlTarifazo #NoAlTarjetazo #ElTransporteEsUnDerecho #DerechoALaMovilidad #AsambleaPopular

Colectivo Luz de Esperanza realiza pega de cédulas en La Calma: la búsqueda de los desaparecidos, en un constante tira y afloja

Guadalajara, Jalisco – 09 de febrero de 2025

El día de ayer, el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. llevó a cabo una pega de cédulas de búsqueda en la colonia La Calma, actividad que realizan de manera constante como parte de sus acciones de visibilización. Además de colocar fichas sobre avenida López Mateos, el colectivo participó en la kermés organizada en el Parque La Calma, con el objetivo de recaudar fondos para sostener sus actividades mensuales y cubrir los insumos necesarios para las jornadas de búsqueda.

En este contexto, Héctor Flores, vocero del colectivo, ofreció declaraciones en torno a las nuevas dificultades que enfrentan actualmente los colectivos de búsqueda, así como a lo que implica ser familia buscadora en el escenario político y social actual.

Héctor señaló que, si bien en los últimos años se han obtenido avances que antes parecían inalcanzables, estos han sido resultado directo de la colectivización de la lucha y de la presión constante ejercida por las familias organizadas. Uno de los logros más recientes es el reconocimiento legal de las familias buscadoras como grupo prioritario y vulnerable, lo que obliga al Estado de Jalisco a diseñar e implementar políticas públicas en su beneficio.

Este reconocimiento parte de una premisa central para los colectivos, la desaparición no es un hecho individual, sino una violencia que impacta de manera directa a todo el circulo familiar y a su entorno. Por ello, las políticas públicas no deben limitarse a la persona desaparecida, sino contemplar integralmente a las familias que buscan.

De acuerdo con una nota publicada por Periódico El Occidental, en medio del debate por el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco, los colectivos de familias buscadoras lograron un avance significativo al obtener el acceso gratuito al transporte público. Esta medida permitirá el traslado sin costo para hasta cuatro personas por familia buscadora, como parte de su reconocimiento como grupo prioritario.

“Ya somos grupos prioritarios y vulnerables las familias buscadoras. Creo que para este segmento de la sociedad el transporte debe ser cero pesos, hasta por cuatro personas por familia”, explicó Héctor Flores.

El colectivo destacó que este apoyo representa un alivio importante ante la precarización económica que enfrentan las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a dejar sus trabajos para dedicar tiempo completo a la búsqueda, además de asumir gastos constantes en traslados, alimentación y herramientas.

“Es algo bueno porque la economía de las familias buscadoras está muy afectada. Vivimos muchas condiciones adversas, y que el transporte quede en cero pesos es un avance importante”, subrayó Flores.

— La Lucha Continúa!

Mario Antonio López Carbajal

Director General de Revista Para Esto!

#LuzDeEsperanza #HastaEncontrarles #NiUnDesaparecidoMás #JaliscoEstadoDesaparecedor #CrisisHumanitaria

CUAAD Música: Un Movimiento Estudiantil en Silencio pero en Resistencia

Guadalajara, Jalisco — 05 de febrero de 2026

El movimiento estudiantil que hoy se articula en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), particularmente en el área de Música, no surge de una disrupción aislada ni de un conflicto inmediato, sino de un proceso prolongado de abandono institucional dentro de la Universidad de Guadalajara. Durante años, el CUAAD, y con mayor fuerza su sede de Música, ha permanecido al margen de las decisiones universitarias, relegado por una lógica administrativa que prioriza otros centros y concibe a la música como un elemento útil para el discurso cultural y el prestigio simbólico, pero prescindible cuando se trata de garantizar condiciones reales de formación.

Esta situación se expresa de forma directa en la infraestructura. Aunque la universidad presume los edificios que ocupa Música como patrimonio histórico, estos espacios no fueron diseñados ni adaptados para una escuela de música. No existen cubículos suficientes para el estudio individual, los salones carecen de condiciones acústicas adecuadas y el centro no cuenta con un auditorio propio. Esto impacta de manera inmediata en la formación, ya que una licenciatura que exige práctica constante, trabajo colectivo y ensambles orquestales se desarrolla en espacios improvisados o, en muchos casos, simplemente no se desarrolla.

La práctica orquestal, eje central de la formación musical, ha sido sistemáticamente obstaculizada. Durante años existió un convenio con el Teatro Degollado que permitía realizar ensayos y prácticas en un espacio adecuado. Dicho convenio fue cancelado y, desde entonces, no se ha generado ninguna alternativa real. La omisión se justifica bajo el discurso de que la Universidad de Guadalajara mantiene un conflicto político con el Gobierno del Estado. Este argumento ha funcionado como excusa permanente para no establecer nuevos acuerdos, aun cuando existen espacios culturales públicos que podrían garantizar condiciones mínimas para la práctica orquestal. El resultado es que estudiantes de Música cursan una carrera profesional sin contar con el espacio necesario para desarrollar una de sus materias fundamentales.

A estas carencias se suma una precariedad cotidiana que afecta directamente la permanencia estudiantil. La sede de Música carece de opciones institucionales para acceder a una comida digna. Muchos estudiantes realizan trayectos de dos o hasta tres horas desde municipios como Tlajomulco y pasan jornadas completas en el centro sin posibilidades reales de alimentarse adecuadamente. Esta situación incide de forma directa en la salud, la concentración y el rendimiento académico, sobre todo en una disciplina que exige esfuerzo físico, atención constante y largas horas de práctica.

Estas condiciones no son desconocidas para la universidad. En distintas evaluaciones externas, especialistas que han acudido a revisar el estado del programa y de la infraestructura han señalado que el centro no garantiza los mínimos necesarios para una formación musical profesional. Se ha advertido la falta de espacios adecuados, el deterioro de instrumentos, la desactualización de los programas y la inexistencia de lugares para la práctica colectiva. A pesar de estas observaciones, no se han emprendido acciones estructurales para corregirlas. Las advertencias se repiten, pero las condiciones materiales permanecen sin cambios.

Otro punto crítico es la manera en que la universidad administra la matrícula y las clases. Bajo criterios administrativos generales, se han recortado o cancelado materias con el argumento de la “falta de alumnos”, sin considerar que la formación musical opera con grupos reducidos por su propia naturaleza. Las clases individuales o de pocos estudiantes no son un problema de participación, sino una condición pedagógica indispensable. Al no reconocer esta particularidad, la universidad interrumpe trayectorias académicas y prolonga innecesariamente los tiempos de formación.

En Música no es extraño que las y los estudiantes permanezcan siete años o más dentro de la universidad. Esto no responde a negligencia ni a desinterés, sino a una estructura curricular extensa y a obstáculos administrativos constantes. Esta permanencia prolongada genera una convivencia particular. Las generaciones se conocen, se forman juntas y, con el tiempo, se convierten en colegas de trabajo en orquestas, ensambles y proyectos musicales dentro y fuera de la universidad. Aun así, esta dinámica ha sido ignorada o estigmatizada, en lugar de reconocerse como parte central de la formación musical.

Frente a este abandono sostenido, el estudiantado comenzó a organizarse. Problemas de seguridad, restricciones arbitrarias de acceso al plantel, el aumento al transporte público y la precarización cotidiana hicieron evidente que las autoridades no estaban dispuestas a resolver estas problemáticas. La respuesta no surgió desde las estructuras formales de representación, históricamente ausentes en la sede de Música, sino desde la asamblea y la organización directa.

La organización estudiantil no nace de consignas abstractas, sino de necesidades concretas. La creación de comedores comunitarios, la reapropiación de espacios abandonados, la coordinación con otras sedes del CUAAD y la autogestión de recursos básicos son respuestas prácticas frente a la ausencia institucional. Estas acciones no sustituyen la responsabilidad de la universidad, pero la evidencian.

El movimiento estudiantil del CUAAD Música también cuestiona una visión reducida de la música como simple ejecución técnica. Para quienes estudian en este centro, la música es una práctica social, histórica y colectiva, vinculada al territorio y a las condiciones materiales de quienes la producen. No puede separarse la formación musical de los espacios, los tiempos y las condiciones de vida en las que se desarrolla.

Hoy, desde un centro que la universidad administra como objeto histórico, el estudiantado está construyendo un sujeto político. No solo se cuestionan decisiones administrativas aisladas, sino una forma estructural de entender la educación artística como secundaria. Lo que ocurre en el CUAAD Música es una exigencia concreta de espacios adecuados para la práctica, condiciones mínimas de estudio, alimentación digna y una universidad que deje de usar conflictos políticos como justificación para el abandono.

La lucha no es simbólica ni abstracta. Es por condiciones materiales reales que permitan estudiar, crear y formarse como músicos. En ese proceso, el movimiento estudiantil del CUAAD Música demuestra que incluso desde los márgenes se puede organizar, resistir y disputar el derecho a una educación pública digna.

— ¡La lucha continúa!

— ¡Por y para los músicos que crean y tocan música para el pueblo!

Rueda de prensa: Asamblea Popular contra el Tarifazo denuncia irregularidades en el aumento al transporte público

Guadalajara, Jalisco — 3 de febrero de 2026

Desde el Congreso de Jalisco la Asamblea Popular contra el Tarifazo —integrada por colectivos, organizaciones civiles y ciudadanía organizada— dio a conocer, mediante una rueda de prensa, una serie de irregularidades en el reciente aumento a las tarifas del transporte público, así como en la implementación de subsidios condicionados al uso de sistemas bancarios.

La Asamblea denunció que el incremento tarifario y el esquema de subsidios vulneran de manera interconectada diversos derechos constitucionales, al transformar un servicio público esencial en un privilegio condicionado por la capacidad económica y el acceso al sistema financiero. En particular, señalaron que las familias trabajadoras y el sector estudiantil, especialmente quienes habitan en la periferia, se ven obligados a elegir entre trasladarse, alimentarse o continuar con sus estudios.

Este escenario —subrayaron— vulnera el derecho a una vida digna, al trabajo, a la educación y a la recreación, al condicionar el acceso al empleo y al esparcimiento a la posibilidad de pagar el transporte.

Uno de los puntos centrales de la denuncia fue el condicionamiento de la tarifa preferencial de cinco pesos a la bancarización obligatoria. Este mecanismo exige la entrega de datos personales y biométricos, incluso de menores de edad, lo cual fue señalado como una forma de normalización de prácticas de vigilancia, control y exclusión social. La Asamblea advirtió que esta medida discrimina a personas adultas mayores, población con brecha digital, sectores en pobreza extrema y habitantes de zonas rurales sin acceso al sistema financiero.

Asimismo, denunciaron la ausencia total de consulta pública, no se tomó en cuenta a la ciudadanía, la academia, los sectores productivos ni a las familias usuarias del transporte. En un contexto de transporte lento, peligroso y deficiente, afirmaron, el aumento tarifario no constituye una política pública, sino una agresión directa a los derechos sociales.

Transporte, lucro privado y responsabilidad del Gobierno de Jalisco.

La Asamblea señaló que los recursos destinados al subsidio provienen de fondos originalmente asignados al mejoramiento del transporte —infraestructura, calidad del servicio, accesibilidad y renovación del sistema—, lo que implica que la ciudadanía no solo paga el aumento, sino que además financia la reorientación del presupuesto público en beneficio de intereses privados.

Recordaron que el transporte público concesionado prioriza el lucro de particulares por encima del bienestar social, en contravención al artículo 4º constitucional, que reconoce el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. En este sentido, advirtieron que el aumento tarifario constituye una medida regresiva y, por tanto, inconstitucional, al reducir un nivel de accesibilidad previamente garantizado.

Uno de los sectores más afectados por el aumento es el estudiantil. La Asamblea denunció que el acuerdo anunciado entre la Federación de Estudiantes Universitarios Feu Udeg y el gobierno estatal, la mañana previa a la marcha del 10 de enero, tuvo como objetivo central desmovilizar a la comunidad estudiantil, uno de los sectores más golpeados por el tarifazo.

Para miles de estudiantes, especialmente quienes viven en la periferia y dependen de múltiples traslados diarios, el aumento implica elegir entre estudiar o subsistir. Lejos de atender el problema de fondo, señalaron que la llamada tarifa preferencial vuelve a condicionar el acceso al transporte a la entrega de datos personales y a la bancarización obligatoria, profundizando los riesgos de vigilancia y control sobre la disidencia estudiantil.

La instalación de módulos de registro dentro de la Universidad de Guadalajara genera, además, una preocupación legítima sobre el uso, resguardo y posible criminalización de esta información, particularmente cuando la FEU —afirmaron— no representa la diversidad del estudiantado y ha participado activamente en la represión de la organización estudiantil independiente en meses recientes.

Durante la ronda de intervenciones, se señaló que el problema de fondo es la privatización del transporte público en Jalisco, que hoy alcanza entre el 80 y 90 % del sistema. Se recordó la desaparición de empresas públicas como Servicios y Transportes, lo que abrió la puerta al modelo actual de concesiones privadas, precarización del servicio y explotación laboral de las y los choferes.

La Asamblea sostuvo que existen condiciones presupuestales para construir un sistema de transporte municipal y estatal, público, accesible y eficiente, que dignifique tanto a las personas usuarias como a las y los trabajadores del sector. Insistieron en que la solución no pasa por tarjetas, subsidios condicionados ni aumentos, sino por una reestructuración profunda del modelo de movilidad.

Para Esto! La Asamblea Popular contra el Tarifazo hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse el próximo 8 de febrero a las 11:00 de la mañana, partiendo de la Glorieta Minerva con destino a Casa Jalisco, para exigir la cancelación del aumento, el rechazo al tarjetazo y la construcción de un transporte verdaderamente público.

“Defender el transporte público es defender el derecho a la ciudad, a la vida digna y a la organización colectiva. No vamos a aceptar decisiones que profundicen las desigualdades. Si el Estado busca cansarnos, le decimos que esto apenas comienza”, concluyeron.

No al tarifazo.

No al tarjetazo.

El transporte público es un derecho, no un negocio.

— La Lucha Continúa!

Mira la transmisión completa aquí Comité de Solidaridad con Palestina GDL:

https://www.facebook.com/share/v/1ALtfP57ke/

#NoAlTarifazo #NoAlTarjetazo #ElTransporteEsUnDerecho #DerechoALaMovilidad #AsambleaPopular

 

Colectivo realiza pega de cédulas en el centro de Guadalajara y denuncia omisiones del Estado.

Guadalajara, Jalisco.— 02 de Febrero de 2026

El pasado domingo, el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. realizó una pega de cédulas de búsqueda en el centro de Guadalajara, como parte de sus acciones de visibilización y exigencia de verdad, justicia y memoria. La actividad se desarrolló en un contexto de avances organizativos, pero también de fuertes críticas a las instituciones del Estado por sus omisiones y simulaciones.

Durante la jornada, integrantes del colectivo informaron que, gracias a la lucha sostenida y al apoyo solidario recibido, desde el 26 de noviembre de 2025 las familias fueron reconocidas oficialmente como grupo prioritario vulnerable, lo cual ya fue publicado de manera formal. Este reconocimiento permite que las familias puedan acceder a un registro de personas sujetas a asistencia social, con posibles beneficios y procesos más ágiles.

Señalaron que actualmente se trabaja en la logística para que las familias del colectivo puedan incorporarse a dicho registro, ya sea de manera individual o colectiva, con el objetivo de garantizar que estos derechos se materialicen. Aunque aún no está claro si se otorgará algún tipo de credencial, el colectivo aseguró que seguirá presionando para que el reconocimiento no quede solo en el papel.

Las familias también denunciaron la grave situación de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cuales calificaron como incompletas, genéricas y realizadas “al vapor”. Explicaron que estas recomendaciones impactan directamente en procesos fundamentales como la búsqueda, la investigación y la reparación integral del daño, ya que no reflejan de manera adecuada las violaciones específicas sufridas en cada caso.

Advirtieron que muchas recomendaciones se elaboran a partir de “generalidades” que repiten violaciones comunes, sin un estudio profundo de cada carpeta de investigación, lo que deja fuera a otros familiares afectados y limita el acceso pleno a la reparación integral, un derecho que corresponde a todas las víctimas.

Asimismo, señalaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas basa la reparación en lo que establece la Comisión de Derechos Humanos, por lo que una recomendación deficiente se traduce en una reparación incompleta o inexistente. Ante este panorama, el colectivo no descartó realizar acciones de protesta y presión directa contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En otro punto, informaron que actualmente no hay presupuesto suficiente en diversas instituciones hasta el mes de marzo, lo que ha frenado contrataciones y acciones. Aunque se prevé la incorporación de nuevo personal en áreas como la Comisión de Búsqueda, advirtieron que será insuficiente frente al crecimiento constante de personas desaparecidas.

— La Lucha Continúa!

#LuzDeEsperanza #HastaEncontrarles #NiUnDesaparecidoMás #JaliscoEstadoDesaparecedor #CrisisHumanitaria

 

Telefonistas y sindicatos vuelven a las calles; exigen jornada de 40 horas y defienden contratos colectivos

Guadalajara, Jalisco — 31 de enero de 2026

Trabajadores sindicalizados de distintos sectores salieron nuevamente a las calles de Guadalajara como parte de la Jornada Nacional de Lucha, convocada a nivel nacional por organizaciones sindicales, campesinas y de la sociedad civil. La movilización tuvo como eje central la defensa de los contratos colectivos de trabajo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la solidaridad con la huelga del Nacional Monte de Piedad y la defensa de la soberanía nacional.

Desde tempranas horas, integrantes del Sindicato de Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana (STRM), junto con trabajadores del Nacional Monte de Piedad, juventudes organizadas y otros sindicatos, se concentraron para marchar rumbo a Plaza de Armas, donde se llevó a cabo la lectura de diversos pronunciamientos dirigidos a la opinión pública y al Gobierno Federal.

Durante la movilización, Reyes Torres, miembro del comité del STRM sección 2 Guadalajara, señaló que uno de los principales objetivos de la jornada es exigir la aprobación inmediata de la reforma a la Ley Federal del Trabajo para establecer la semana laboral de 40 horas sin reducción salarial, así como impulsar políticas de vivienda digna y respaldar la defensa de la soberanía nacional.

“Estamos en una jornada nacional para exigir que todos los trabajadores tengan derecho a una jornada de 40 horas. También luchamos por vivienda digna y expresamos nuestra solidaridad con los compañeros del Nacional Monte de Piedad, que llevan más de 120 días en huelga”, expresó.

La movilización también visibilizó el conflicto laboral que atraviesan las y los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, quienes mantienen una huelga desde el 1 de octubre de 2025. Roberto Luquín, secretario general de la sección Guadalajara y Puerto Vallarta, denunció violaciones sistemáticas al contrato colectivo de trabajo, incumplimientos salariales y jubilaciones pendientes, así como prácticas de hostigamiento por parte de la administración.

“Nuestra huelga es legal y reconocida por la autoridad. La necedad de la administración afecta a más de 1,800 trabajadores y a miles de familias que dependen del Monte de Piedad”, afirmó.

En los pronunciamientos leídos, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y otras organizaciones manifestaron su respaldo al gobierno federal frente a las presiones del gobierno estadounidense, denunciando políticas intervencionistas, amenazas a la soberanía de los pueblos y el intento de imponer intereses de los grandes capitales en la región.

Asimismo, se exigió la apertura de un diálogo social permanente que permita atender conflictos laborales, recuperar el poder adquisitivo de los salarios contractuales, eliminar el uso de las UMAS en pensiones, fortalecer el sistema público de salud y avanzar en una verdadera política de bienestar.

Organizaciones juveniles como la Unión de la Juventud Revolucionaria de México( UJRM Jalisco ) y el Frente Popular Revolucionario – FPR también tomaron la palabra, reafirmando su solidaridad con la clase trabajadora y denunciando políticas locales como el tarifazo al transporte público en Jalisco, al que calificaron de autoritario y regresivo.

La jornada concluyó entre consignas como “Sindicatos unidos jamás serán vencidos” y “Ni un paso atrás”, dejando claro que el movimiento sindical mantiene su capacidad de movilización y su intención de seguir presionando en las calles por una agenda laboral pendiente en México.

— La Lucha Continúa!

— ¡Viva los obreros sindicalizados!

#JornadaLaboralDigna #DefensaDelContratoColectivo #SalariosDignos #ViviendaDigna

 

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