Guadalajara, Jalisco — 27 de marzo de 2026
El pasado jueves se llevó a cabo en el ITESO la presentación de la campaña #ProtegerLaDignidad, una iniciativa impulsada por el Espacio OSC en coordinación con organizaciones como IDEA y CEPAD, AC que pone en evidencia una realidad cada vez más difícil de ocultar en Jalisco defender derechos humanos y ejercer el periodismo implica un riesgo constante. El evento reunió a defensoras, periodistas, familias buscadoras y autoridades estatales en un mismo espacio donde no solo se expuso un diagnóstico general sino también experiencias concretas que evidencian la profundidad de la crisis.
Desde el ámbito jurídico y organizativo, Denise Ávila explicó que la campaña no se limita a visibilizar la violencia sino que busca intervenir directamente en la forma en que se entiende la protección. Señaló que el micrositio presentado no solo concentra la normatividad dispersa sino que la traduce en un lenguaje accesible para que pueda ser utilizada como herramienta real por defensoras y periodistas. Insistió en que el problema no es únicamente la falta de leyes sino la forma en que estas se mantienen alejadas de quienes las necesitan, por lo que el objetivo es que la protección deje de ser reactiva y pase a ser una obligación estructural del Estado, construida también desde la sociedad civil.
Desde el periodismo, Carmen Aggi Cabrera aportó una lectura desde el territorio que complejiza aún más el panorama. Señaló que aunque en Jalisco existe legislación, esta no garantiza seguridad en la práctica y muchas veces ejercer el derecho implica asumir consecuencias que van desde la intimidación hasta la desaparición o la muerte. Enfatizó que el riesgo es aún mayor fuera de la zona metropolitana, donde los periodistas trabajan con menos recursos, en condiciones más precarias y con mayor exposición. Explicó que en estos contextos quien agrede no es un actor lejano sino alguien cercano, alguien que conoce la vida cotidiana del periodista, lo que incrementa el nivel de vulnerabilidad y limita las posibilidades de denuncia o protección real.
Por su parte, Héctor Cuñado integrante del Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. habló desde la experiencia directa de las familias buscadoras y expuso con claridad la ineficacia de los mecanismos institucionales. Relató que en múltiples ocasiones las medidas de protección han sido insuficientes o inexistentes, señalando que incluso los llamados botones de pánico pueden tardar horas en generar una respuesta o simplemente no funcionar. Denunció también la ausencia de acompañamiento por parte de las autoridades y la falta de acciones básicas como los rondines de seguridad, lo que ha llevado a que las familias tengan que organizarse entre ellas mismas para poder protegerse. Para él, la realidad es clara la protección institucional no llega y la única alternativa ha sido construir redes desde la colectividad.
Desde el enfoque de derechos humanos, Denisse Montiel profundizó en el carácter estructural de la violencia y en la responsabilidad del Estado. Señaló que en Jalisco las agresiones contra personas defensoras no solo son frecuentes sino sistemáticas y que la impunidad ha sido una constante que permite su repetición. Recordó casos de personas defensoras asesinadas en los últimos años, muchas de ellas vinculadas a la defensa del territorio, y destacó que la falta de investigaciones adecuadas envía un mensaje claro de permisividad. Además subrayó que Jalisco se encuentra entre las entidades con mayor número de personas bajo mecanismos de protección a nivel nacional, lo que refleja no un avance institucional sino la magnitud del riesgo que enfrentan quienes defienden derechos.
En conjunto, las intervenciones dejaron ver que el problema no se reduce a la existencia de violencia sino a la incapacidad del Estado para garantizar condiciones mínimas de seguridad. La existencia de una ley estatal en la materia contrasta con su limitada implementación, generando una brecha entre el discurso institucional y la realidad cotidiana. En este contexto, la protección termina dependiendo más de la organización social que de las instituciones encargadas de garantizarla.
Como parte de la campaña se presentó un micrositio que busca sistematizar la legislación y hacerla accesible, no solo como un ejercicio informativo sino como una herramienta para la acción colectiva. Sin embargo, también se dejó claro que estas iniciativas no sustituyen la necesidad de una política pública integral que contemple prevención, investigación, reparación del daño y reconocimiento de la labor de defensa y periodismo.
Desde Revista Para Esto! es necesario señalar que la presencia de autoridades estatales durante el evento abre una interrogante que sigue sin resolverse existe realmente una voluntad política para transformar esta realidad o estos espacios se quedan en el nivel del diálogo sin consecuencias. Mientras tanto las agresiones continúan, la impunidad se mantiene y quienes defienden la vida lo siguen haciendo bajo su propio riesgo.
En un estado marcado por la violencia y la crisis de desapariciones, la defensa de derechos humanos y el ejercicio del periodismo se han convertido en actividades de alto riesgo. Por ello décimos
¿qué tipo de Estado permite que defender la vida se convierta en una amenaza de muerte?
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— La Lucha Continúa
Sebastian Rojo
Nuevo Corresponsal de Revista Para Esto!
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