01 de Junio de 2026 – Guadalajara, Jal.
La situación que enfrentan muchas mujeres dentro de México se vuelve tema de debate y preocupación. En los últimos años se ha visto un incremento alarmante en la violencia contra las mujeres, una violencia que pareciera cada vez más sistemática y estructural. Esto no ocurre únicamente por responsabilidad de un solo gobierno o de un estado en particular, sino como parte de una crisis social mucho más profunda vinculada a un modelo económico y político en descomposición, donde la violencia termina funcionando como mecanismo de control y dominación.
A nivel internacional también comienzan a surgir discursos profundamente reaccionarios y conservadores. En países como Estados Unidos se ha observado el crecimiento de sectores que buscan limitar derechos fundamentales de las mujeres, promoviendo ideas donde la mujer debe regresar a roles subordinados dentro de la familia y la sociedad. Esto representa un retroceso grave para los derechos conquistados históricamente mediante décadas de lucha feminista y social.
México no se encuentra alejado de esta realidad. Por el contrario, el país presenta cifras alarmantes de violencia de género, desapariciones, feminicidios y agresiones sistemáticas contra mujeres y niñas. En estados como Jalisco, esta situación ha tomado dimensiones críticas.
Uno de los ejemplos más preocupantes es la violencia vicaria, reconocida legalmente en Jalisco desde 2022 como una forma específica de violencia de género. La violencia vicaria ocurre cuando un agresor utiliza a las hijas, hijos o personas cercanas para causar daño psicológico, emocional o físico a la mujer. No solamente busca afectar directamente a la víctima, sino destruir su entorno familiar y emocional como forma de castigo, control o venganza.
Diversos casos en Jalisco han evidenciado la gravedad de esta problemática. Mujeres como Blanca Paredes y Marely Romo han denunciado públicamente redes de impunidad, intimidación y complicidades institucionales que protegen a agresores mientras las víctimas enfrentan abandono por parte de las autoridades. Muchas de estas mujeres han tenido que recurrir a protestas, huelgas de hambre y manifestaciones públicas para exigir justicia y visibilizar la violencia que viven diariamente.
Aunque actualmente la legislación en Jalisco contempla sanciones de dos a diez años de prisión por violencia vicaria, además de la pérdida de derechos como la patria potestad, la realidad demuestra que la tipificación legal no es suficiente mientras persistan estructuras institucionales incapaces de garantizar protección efectiva para las víctimas.
A esta situación se suma un nuevo clima de temor e inseguridad que ha comenzado a generar preocupación incluso a nivel internacional. Recientemente, el diario estadounidense New York Post publicó un reportaje donde advierte sobre el creciente miedo ante la posible presencia de un asesino serial de mujeres en Puerto Vallarta, luego del hallazgo de tres cuerpos femeninos en un periodo de apenas once días, a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.
Los casos provocaron alarma debido a las similitudes encontradas entre las víctimas, mujeres parcialmente desvestidas, con tatuajes y localizadas en distintos puntos aislados del puerto turístico. Aunque la Fiscalía de Jalisco rechazó hasta ahora la existencia de un feminicida serial argumentando que cada víctima murió bajo circunstancias distintas, colectivos feministas y organizaciones civiles han denunciado el incremento de la violencia contra las mujeres en la región y la falta de mecanismos preventivos efectivos.
El caso también volvió a colocar a Jalisco bajo observación internacional debido a la crisis de seguridad, la violencia vinculada al crimen organizado y el aumento de desapariciones. Esto ocurre mientras Guadalajara se prepara para albergar partidos del Mundial 2026, evento que el gobierno y distintos sectores empresariales han intentado presentar como símbolo de modernidad y desarrollo.
Sin embargo, detrás de esa imagen internacional se mantiene una realidad marcada por el miedo, la violencia y la impunidad. Organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas han recordado que México acumula más de 130 mil desaparecidos registrados oficialmente, mientras colectivos de mujeres continúan difundiendo medidas de autocuidado ante la incapacidad institucional para garantizar seguridad.
A esto también se suma otra preocupación señalada recientemente por organismos y redes de apoyo a mujeres. Red Nacional de Refugios A.C. y ONU Mujeres advirtieron que durante grandes eventos deportivos suelen registrarse incrementos de hasta un 30% en las llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estados sede del Mundial 2026 como Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco se encuentran entre las entidades con mayores registros de violencia familiar en el país.
La Red Nacional de Refugios señaló que mientras el Mundial es promovido como símbolo de orgullo internacional, turismo y desarrollo económico, las violencias contra las mujeres continúan siendo invisibilizadas dentro de la discusión pública. Diversas organizaciones han advertido que los megaeventos deportivos pueden provocar aumentos en distintas formas de violencia, incluyendo agresiones dentro del hogar, violencia sexual, acoso, explotación sexual y trata de mujeres y niñas.
Ante este panorama, la Red Nacional de Refugios lanzó la campaña feminista “La violencia contra las mujeres no es parte del juego”, buscando generar conciencia pública y exigir medidas reales de prevención, atención y protección antes, durante y después del Mundial 2026. La campaña también busca fortalecer redes de apoyo entre México, Estados Unidos y Canadá, entendiendo que la violencia contra las mujeres no reconoce fronteras.
Resulta profundamente preocupante que, frente a este contexto, las estrategias gubernamentales rumbo al Mundial continúen priorizando infraestructura, turismo, inversión y promoción internacional, mientras siguen siendo insuficientes las acciones integrales destinadas a proteger a mujeres, niñas y adolescentes.
La violencia contra las mujeres no puede entenderse únicamente como hechos aislados o individuales. Se trata de una problemática estructural atravesada por desigualdad, impunidad, corrupción y condiciones sociales que continúan reproduciendo relaciones de dominación. Mientras las instituciones sigan priorizando intereses políticos, económicos y mediáticos antes que la vida y seguridad de las mujeres, la crisis continuará profundizándose.
Hoy más que nunca resulta necesario visibilizar estas violencias, fortalecer las redes de apoyo y organización, y exigir condiciones reales de justicia y seguridad para todas las mujeres dentro de Jalisco y de México.
— La Lucha Continúa!
Comité de Redacción de Revista Para Esto!
#AltoALaViolenciaContraLasMujeres
