Guadalajara, Jal. – 07 de Mayo de 2026
La administración del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades quiso meter miedo. Lo llamaron “suspensión temporal por adeudo”, pero en realidad era una amenaza directa contra estudiantes que no podían pagar su orden de pago. Otra vez la universidad pública funcionando como empresa de cobranza y no como espacio de formación.
El pasado 16 de abril, desde Control Escolar del CUCSH se publicó el calendario de trámites donde aparecía programada la aplicación de esta medida para los días 4 y 5 de mayo. Bajo la lógica de quien no pagara, quedaba suspendido temporalmente, haciendo que el alumno no pudiera cursar su semestre de manera normal. Aunque después intentaran suavizarlo diciendo que “había mecanismos para condonar”, el mensaje ya estaba dado. Si no tienes dinero, tu permanencia se vuelve negociable.
Y eso detonó la organización. La Asamblea Estudiantil CUCSH comenzó a realizar saloneos y convocó a estudiantes a una asamblea general. La resolución fue ir directamente a rectoría y exigir la firma de un pliego petitorio que pedía algo básico, que la falta de recursos no fuera castigada dentro de la universidad.
Con esto además de las demandas revocar cualquier suspensión por adeudo, garantizar reinscripciones y continuidad académica sin condicionamiento económico, transparentar el manejo de recursos universitarios y abrir un diálogo real con participación estudiantil autónoma. A la una de la tarde comenzaron las tensiones frente a rectoría. Mientras estudiantes leían el pliego petitorio, funcionarias administrativas hablaban entre ellas y revisaban sus celulares. Afuera y dentro del espacio hubo presencia de seguridad privada y sujetos sin uniforme, algunos encapuchados, identificados por compañeros como “porros”.
La respuesta institucional fue la de siempre, desgaste, burocracia y evasivas. Como lo ya antes visto en CUCS y CUCEI. Primero dijeron que la rectora Dulce María Zúñiga Chávez estaba “indispuesta”. Luego que tenía incapacidad. Después que no había nadie delegado para asumir sus funciones. Mientras tanto, estudiantes mantenían el plantón y realizaban una cadena humana para impedir que rectoría siguiera ignorando el conflicto.
“Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que la pinche rectora tiene que venir”, se escuchaba afuera del edificio.
Y terminó viniendo.
La mesa de diálogo comenzó entre las 3:30 y 4:00 de la tarde en el Auditorio Rosario Castellanos. Ahí la administración justificó las cuotas diciendo que el dinero servía para construir comedores, gimnasios, salas de descanso y espacios universitarios. Pero las cifras públicas cuentan otra historia.
En el reportaje “¿Quién se lleva el peso? Cómo se gasta el presupuesto del CUCSH y qué les queda a sus estudiantes”, el periodista Isaac Guzmán lanzó una pregunta sencilla pero brutal: ¿por qué los estudiantes toman clases en aulas sucias, sin aire acondicionado, con baños colapsados, internet lento y equipo que no funciona, si el CUCSH tiene asignados más de 753 millones de pesos para 2026?
La respuesta está en la estructura presupuestal.
Según la investigación, de cada cien pesos que recibe el CUCSH, noventa y cuatro terminan destinados a nómina y apenas seis pesos van al gasto operativo real del centro. Es decir, mantenimiento, limpieza, biblioteca, laboratorios, jardines, materiales, equipo y servicios básicos. Todo lo que el estudiante usa diariamente se sostiene con apenas el 6% del presupuesto total.
Eso significa que para cada estudiante se destinan menos de 300 pesos al mes para sostener absolutamente todo el funcionamiento material del centro universitario.
“Trescientos pesos al mes. Eso es lo que la estructura presupuestal del CUCSH le asigna a cada estudiante para sostener su aula, su baño, su biblioteca, su laboratorio, su jardín, su escalera, su pasillo, su escritorio, su silla, su pizarrón, su proyector, su cable, su bote de basura, su jabón, su papel, su agua. Todo. Trescientos pesos”, escribe Guzmán.
Y mientras el discurso administrativo habla de austeridad, las cifras muestran otra realidad. El presupuesto total de la Universidad de Guadalajara para 2026 será de más de 19 mil millones de pesos. Pero casi el 42.5% de ese dinero se concentra fuera de los centros universitarios, en rectorías, coordinaciones, vicerrectorías y administración general.
Ósea casi la mitad del presupuesto universitario no se ejerce directamente donde están los estudiantes. La investigación también señala que existen bolsas multimillonarias etiquetadas para programas como “Aulas Dignas”, “Baños Dignos”, “Laboratorios Dignos” y renovación tecnológica. Recursos que administra la burocracia central universitaria y que no aparecen asignados directamente al CUCSH.
“Existe el dinero. Existen los programas. Tienen nombre”, señala.
Y mientras se dice que no alcanza para mantenimiento o servicios básicos, durante el Primer Informe de Actividades CUCSH 2026 la universidad otorgó un bono de 2 millones 369 mil 386 pesos “por sustentabilidad”. Un contraste que no pasó desapercibido entre estudiantes, sobre todo cuando dentro del mismo centro siguen existiendo fallas eléctricas, áreas deterioradas y carencias materiales cotidianas.
Mientras tanto, estudiantes siguen tomando clases entre proyectores dañados, baños colapsados y edificios sin mantenimiento suficiente.
En medio del diálogo, la propia administración reconoció que el adeudo acumulado estudiantil ronda los 60 millones de pesos. Una cifra que utilizaron para justificar la amenaza de suspensión temporal. Sin embargo, el mismo reportaje desmonta ese argumento, aun cobrando cada peso adeudado, los estudiantes apenas cubrirían una fracción menor de la operación del centro y prácticamente nada de la nómina universitaria.
Además, gran parte de esos adeudos corresponden a aportaciones que legalmente pueden ser condonadas. La propia Ley Orgánica de la UdeG establece que la carencia de recursos no puede ser motivo para negar el ingreso o permanencia de ningún estudiante.
Y aun así decidieron presionar por ahí.
Más todavía, la rectora reconoció abiertamente la intención detrás de la medida.
“Por supuesto que la amenaza fue un polvorín que lanzamos porque no había forma… metimos mucho calambre y bueno, era la intención”, declaró en entrevista citada por el reportaje de Isaac Guzmán.
Es decir, la suspensión temporal nunca fue una necesidad académica. Fue un mecanismo de presión económica. En medio de la mesa de diálogo también aparecieron integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, quienes fueron rechazados por estudiantes organizados que señalaron no sentirse representados por una estructura históricamente alineada con las autoridades universitarias.
“Qué feo, qué feo, qué feo debe ser, ser feusita y arrastrado para poder comer”, gritaron estudiantes dentro del auditorio.
Después de horas de presión, modificaciones y discusiones, la rectora terminó firmando el documento donde se aprobaban las principales demandas de la Asamblea. La suspensión temporal por adeudo fue revocada y se garantizó que ningún estudiante sería sancionado por razones económicas.
No fue una concesión institucional. Fue presión organizada.
Y como si todo hubiera estado acomodado desde antes, justamente en abril el CUCSH Belenes movió las fechas de las órdenes de pago hasta junio, dejando el terreno perfecto para que la Federación de Estudiantes Universitarios saliera a jugarle a la salvadora del estudiantado con sus campañas de “condonación” y gestión milagrosa. La misma FEU que cuando se trata de represiones, cuotas o condiciones miserables dentro de los centros universitarios normalmente anda desaparecida, ahora sí tenía soluciones rápidas, formatos, oficinas abiertas y discurso de apoyo estudiantil.
Qué conveniente. Y más todavía cuando apenas unos meses antes, en diciembre, su presidenta Fernanda Romero ya había sido señalada por recibir cerca de 450 mil pesos en pagos por “movilidad”. Todo mientras miles de estudiantes andaban viendo si podían completar para su orden de pago o para el camión. Después vino también aquel numerito donde la FEU apareció celebrando como triunfo histórico la reducción “casi inmediata” del transporte a cinco pesos tras el tarifazo. Y claro, todo salió rápido, sin desgaste, sin semanas de movilización, sin tomas, sin plantones largos, sin que les aventaran granaderos o los acusaran de violentos. Porque curiosamente cuando las luchas nacen desde abajo, desde estudiantes organizados de verdad, las autoridades siempre responden con burocracia, desgaste y meses de “mesas de diálogo”. Pero cuando la FEU se sentaba a negociar, todo fluía bonito, rápido y hasta con conferencia de prensa. Parecía que no hacía falta pelear demasiado. Aunque bueno, quizá no era porque fueran muy buenos negociando… quizá simplemente nunca estuvieron peleando contra el mismo poder que dicen enfrentar.
Porque mientras la administración hablaba de conciencia y solidaridad, estudiantes cuestionaban por qué sí hay millones para vigilancia, reconocimiento facial y torniquetes biométricos —como los más de 2.7 millones destinados a sistemas contratados con Enlaces y Servicios de Computo S.A. de C.V.— pero nunca alcanza para mantenimiento real, limpieza o condiciones dignas dentro de las aulas.
Y quizás ahí está el verdadero fondo del conflicto.
No solamente quién paga la universidad.
Sino quién se lleva realmente el peso del presupuesto universitario mientras las y los estudiantes siguen sosteniendo la precariedad cotidiana del CUCSH.
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Redacción:
Mario Antonio López Carbajal
— Director General de Revista Para Esto!
Boris Vólkov
Cobertura y Fotografía
— Sebastián Rojo
— Boris Vólkov
