El pasado jueves, se realizó una intervención pública en las instalaciones de la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara (UdeG) para visibilizar la lucha de la estudiante Claudia Daniela Báez Sosa y denunciar la falta de respuesta institucional ante su caso de abuso sexual infantil equiparado agravado, cometido por el exdocente David C., de la Preparatoria Regional de Chapala.
Entre consignas y pintas con mensajes como “UdeG encubre agresores sexuales infantiles”, y se exigió a las autoridades universitarias dar cumplimiento a las demandas de Báez Sosa: la entrega del acta de sesión donde se resuelva su denuncia (expediente DDU/V2/AT/0011/2022), una disculpa pública y la garantía de no sufrir represalias académicas por alzar la voz.
“Solicito que la Universidad de Guadalajara deje de encubrir a quienes me violentaron y fueron omisos en mi caso”, se lee en el oficio entregado por la estudiante a la Mtra. Karla Planter, titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), el pasado 14 de marzo.
El 10 de marzo de 2022, ante la negativa del entonces director de la Preparatoria Regional de Chapala de actuar frente a las denuncias de abuso, Báez Sosa decidió hacer pública su historia en redes sociales, señalando directamente al profesor David C. como su agresor.
Los hechos, según relata, ocurrieron durante siete meses mientras cursaba el segundo semestre en dicha preparatoria. Al día siguiente, el 11 de marzo, el director del plantel convocó una reunión con el personal académico en la que —según la denunciante— se manifestó apoyo al docente señalado y se propuso adelantarle la jubilación.
El 14 de marzo, el mismo director reunió al alumnado para desacreditar públicamente la denuncia, lo que provocó indignación y una manifestación estudiantil dentro de las instalaciones, en la que se exigió justicia y se visibilizaron otros casos de violencia sexual en el Sistema de Educación Media Superior (SEMS).
Un día después, el 15 de marzo de 2022, la UdeG emitió un comunicado asegurando que el profesor había decidido separarse voluntariamente del cargo “mientras avanzaban las investigaciones”. Ese mismo día, Báez Sosa presentó formalmente su denuncia ante la DDU contra autoridades y personal académico del plantel: Juan Ramón A., Anel M. y Margarita H., quienes —afirma— tenían conocimiento desde hacía ocho años de los abusos cometidos por el profesor y no actuaron.
El 12 de octubre de 2025, el periódico El Mural publicó que Báez Sosa había ganado en tribunales federales, logrando que David C. fuera vinculado a proceso por abuso sexual infantil equiparado agravado, por hechos ocurridos entre 2014 y 2015.
Sin embargo, la estudiante señaló que su proceso fue previamente desestimado por el juez de control Luis Ignacio Ceja Arias, quien figuraba anteriormente como profesor titular C de la Universidad de Guadalajara, según registros de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Además, una de las magistradas que confirmó la resolución de Ceja Arias, Ruth Gabriela Gallardo Vega, fue promovida a Magistrada en 2020 dentro del reparto de “cuotas y cuates” en el Poder Judicial de Jalisco, impulsada por el PRD–Grupo UdeG, de acuerdo con una nota publicada por Mural el 15 de diciembre de ese mismo año, lo cual vincula los tratos y señalamientos de solapamiento que se manejan en la UdeG.
En respuesta a los recientes avances judiciales, la UdeG difundió el 13 de octubre de 2025 su derecho de réplica, asegurando que “actuó con decisión y de manera ejemplar”, y que la Comisión de Responsabilidad y Sanciones del Consejo General Universitario, junto con la Coordinación General de Recursos Humanos, habían ejecutado una sanción “a pocas semanas de recibida la denuncia”.
Sin embargo, Báez Sosa desmintió públicamente dicha versión y exigió que la Universidad publique el acta de sesión donde conste la resolución de su caso, afirmando que nunca se le ha entregado dicho documento ni se ha hecho pública ninguna sanción.
“A la fecha no he obtenido respuesta”, declaró la compañera.
Asimismo, señaló que en cada entrega de oficios la denunciante y su acompañamiento han estado abiertos al diálogo, pero las autoridades universitarias han guardado silencio absoluto.
En 2023, Báez Sosa entregó un oficio dirigido al entonces Rector General Ricardo Villanueva Lomelí y al entonces Director del SEMS César Barba Delgadillo, donde informó que la Comisión de Responsabilidad y Sanciones del SEMS, de manera arbitraria, detuvo la investigación respecto a su denuncia, y que no existió ninguna sanción hacia el personal acusado de omisión.
El caso de Báez Sosa no es un hecho aislado. Dentro del Sistema de Educación Media Superior (SEMS) se han acumulado múltiples denuncias por violencia sexual, acoso y omisiones institucionales.
La más reciente: el feminicidio de Kimberli Nicol Álvarez González, estudiante de la Preparatoria Regional Santa Anita, quien fue secuestrada y asesinada en septiembre de este año.
De acuerdo con información recabada por Para Esto!, la víctima había solicitado apoyo dentro del plantel, ya que su agresor solía ingresar al recinto para buscarla, pero las autoridades le respondieron que no podían hacerse responsables. Días después, fue sustraída dentro de la preparatoria, lo que evidencia la negligencia y desprotección del alumnado femenino dentro del sistema educativo de la UdeG.
No es la primera vez que ocurre. En ese mismo plantel, alumnas han reportado intentos de secuestro, ingresos de personas armadas y casos de hostigamiento que la dirección —a cargo desde hace nueve años del profesor Jaime Nuño— ha intentado ocultar para proteger su imagen.
En redes sociales, una cuenta de Instagram llamada @ecosdelaprsa, administrada por estudiantes, ha documentado las deficiencias, amenazas y represalias dentro de la preparatoria. Según estudiantes, el director ha emprendido una campaña de hostigamiento y silenciamiento contra quienes denuncian las condiciones de inseguridad o las fallas institucionales.
“Lo único que le preocupa es que no se divulgue nada, no que estemos seguras”, expresaron alumnas que prefirieron mantener el anonimato.
La lucha de Báez Sosa se ha convertido en un símbolo de resistencia frente al encubrimiento institucional. Su caso, junto con el de Kimberli Nicol y otras estudiantes del SEMS, exhibe el abandono estructural y la cultura del silencio que prevalece dentro de la Universidad de Guadalajara.
Mientras la institución se escuda en comunicados y protocolos, las estudiantes continúan enfrentando impunidad, hostigamiento y revictimización.
“Mi caso no es un hecho aislado. La Universidad calla, protege y encubre a los agresores. Nosotras seguiremos denunciando hasta que haya justicia”, declaró la compañera Báez Sosa.
Hasta el cierre de esta edición, la Universidad de Guadalajara no ha emitido respuesta oficial a las exigencias de la estudiante ni ha hecho pública la resolución de su expediente.
— La Lucha Continúa!
Con participación de:
— Báez Sosa.
