Guadalajara, Jalisco — 23 de Julio de 2026
Han pasado más de 420 días desde que el Congreso de Jalisco aprobó la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura. Sin embargo, el Poder Ejecutivo mantiene congelada su entrada en vigor al no publicar el decreto correspondiente en el Periódico Oficial del Estado Jalisco.
¿Por qué tenerlo congelado? En un estado donde las denuncias por desaparición forzada, detenciones arbitrarias, abusos policiales y violaciones a derechos humanos forman parte de la vida diaria del Centro y periferia de Guadalajara, retrasar la creación de una fiscalía especializada significa retrasar el acceso a la justicia para las víctimas.
Pero ¿a quién le sirve esta demora?
Difícilmente beneficia a las personas que han denunciado tortura, tampoco favorece a las familias que durante años han señalado que las confesiones obtenidas mediante violencia, los golpes, las amenazas y los tratos crueles siguen presentes en diversas corporaciones de seguridad.
Quienes sí parecen verse beneficiados son aquellos funcionarios y elementos de seguridad pública que podrían ser investigados por estos delitos. Desde policías municipales hasta elementos de la Policía Estatal, custodios penitenciarios, policías investigadores e incluso servidores públicos que toleran, encubren o participan en actos de tortura, eso sin mencionar que existen agentes que se dedican a investigar pero que no hay mucha información… cof, cof… “Investigador de Proyectos Especiales”.
Recordemos el caso de Humberto Alejandro Muñoz Ibarra, un hombre de 32 años que murió después de ser detenido por policías de Guadalajara el pasado 6 de abril. A meses de los hechos, las circunstancias de su muerte continúan sin esclarecerse completamente, su familia ha señalado presuntas agresiones dentro de los separos, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar responsabilidades.
¿quién vigila a quienes tienen el uso legítimo de la fuerza? Cuando una persona muere después de estar bajo custodia del Estado, no basta con prometer investigaciones, se necesitan instituciones capaces de investigar de manera independiente posibles actos de tortura y violaciones a derechos humanos.
Todos continúan operando bajo un esquema donde la investigación especializada sigue siendo una promesa incumplida.
No es una acusación gratuita. La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que Jalisco incumplió durante meses con su obligación de crear una fiscalía especializada para investigar este delito, ordenando al Estado armonizar su legislación con la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.
La tortura no es cualquier cosa, es una herramienta utilizada históricamente para fabricar culpables, encubrir desapariciones, justificar detenciones ilegales y proteger redes de impunidad. Por ello requiere investigaciones independientes, personal especializado y autonomía suficiente para procesar incluso a integrantes de las propias instituciones de seguridad.
Si el Ejecutivo mantiene archivado el decreto, lo que nos espera no es mejor, la prioridad no parece ser fortalecer los mecanismos para investigar a quienes cometen tortura desde el Estado, sino prolongar un vacío institucional que beneficia a quienes actúan con la tranquilidad de que difícilmente enfrentarán consecuencias.
Jalisco atraviesa una de las peores crisis de derechos humanos de su historia. Miles de personas desaparecidas, recomendaciones de organismos nacionales e internacionales, familias buscadoras enfrentando solas la ausencia del Estado y múltiples señalamientos contra corporaciones policiales deberían ser razones suficientes para acelerar, no frenar, la creación de una fiscalía verdaderamente especializada.
La omisión ya no puede justificarse como un retraso burocrático. Cuando una reforma aprobada por el Congreso permanece sin publicarse durante meses, la demora tal vez no sea algo administrativo y sea una forma de apelar al olvido político.
El gobernador y el Poder Ejecutivo Pablo Lemus Navarro que casualmente sigue de vacas, tienen la obligación de explicar públicamente por qué siguen reteniendo un decreto que permitiría investigar uno de los delitos más graves que puede cometer un servidor público.
Porque al final, cuando una fiscalía contra la tortura no entra en funciones, quienes pierden son las víctimas.
Y quienes ganan son quienes nunca quieren ser investigados.
¡Defender y Garantizar los derechos humanos, seguiremos hasta lograrlo!
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director de Revista Para Esto!
