En México, la privatización, el extractivismo y el despojo de las costas es un problema que existe desde que se convirtieron en el lugar perfecto para construir resorts de lujo y condominios con vistas al mar, con un público objetivo muy claro. Y unas consecuencias igual de claras: la pérdida del territorio. Estos espacios no son defendidos por las autoridades; el orgullo de ser el 5.º país en la lista de multidiversidad mundial parece estar solo en papel y en discursos que se venden al mejor postor. ¿Pero qué esperar de un gobierno corporativista? Un gobierno en el que el funcionario en turno vende de manera totalmente anticonstitucional nuestras playas a los grupos inmobiliarios, sin importar si los habitantes ya no tienen un libre acceso a las playas que les pertenecen, sin estudios de impacto ambiental debidos y permisos que o no existen o nunca debieron ser autorizados.
En este contexto extractivista, los habitantes de Nayarit se organizaron en un colectivo para defender su territorio, la última playa sin privatizar que les queda de ese lado de la bahía Banderas. El colectivo Defensa por la Playa, desde noviembre de 2025, reporta el uso de maquinaria pesada en la zona federal marítimo-terrestre, PROHIBIDA debido a que la playa de Las Cocinas es una zona de nidación de tortugas.
Los miembros del colectivo pidieron a las autoridades los estudios de impacto ambiental y los permisos correspondientes para poder construir en un área federal.
“De parte de ellos no existe, nos han dicho que sí, que sí, pero desde el primer día que tenemos la primera reunión con las autoridades fue como el 22 de marzo y han estado tratando de, pues, de darnos largas también. En sí, como tal, no nos han entregado ningún permiso de trabajo en la zona federal marítimo-terrestre, mucho menos el estudio de impacto ambiental.” Eduardo Huerta (parte del colectivo Defensa por la Playa).
El día 27 de abril el colectivo realizó una protesta pacífica cerrando la carretera La Cruz de Huanacaxtle, impidiendo el acceso a hoteles de lujo y al corredor turístico rumbo a Sayulita; esta acción, por parte de las autoridades, fue reprimida totalmente con una brutal agresión física, en la cual Eduardo Huerta salió herido con la necesidad de realizarse una tomografía; la manifestación fue recibida con un discurso del gobernador.
“Yo no puedo dejar que sea la delincuencia mediante un amedrentamiento que pudiera estar atrás de personas que se manifiestan y que hay que analizar las razones, porque no podemos hacer procesos disruptivos en Nayarit”. Gobernador Miguel Ángel Navarro.
Cuestionemos las palabras que el gobernador dio el mismo día de la manifestación: “yo no puedo dejar que sea la delincuencia mediante un amedrentamiento que pudiera estar atrás de personas que se manifiestan”. ¿De verdad la “delincuencia”, como lo menciona, se preocuparía por proteger territorio y fauna local? Los pobladores que se oponen a que el espacio público sea destruido y privatizado, ¿son realmente delincuentes? Esto no es raro: siempre que aparece una organización popular, el primer recurso siempre es la criminalización de la sociedad organizada. Claramente, un peligro para los negocios desde los ojos corporativistas, donde la pérdida no es una opción; ojos de aquel que solo espera extraer ganancia sin importar cómo o de dónde la obtenga.
La empresa Dine es la que está realizando la construcción que terminaría por privatizar todas las entradas a las bahías, que a pesar de que el tránsito sea “libre”, para poder acceder a las playas hay que cruzar por establecimientos y hoteles. ¿Esto realmente es un libre tránsito? Esto es privatización descarada encubierta de libertad.
“Porque ellos dicen y perjuran que una vez que el lugar esté, va a ser público, pero esa historia ya la conocemos porque esa empresa tiene aquí más de 30 años desde que llegaron y han estado haciendo lo mismo”. Eduardo Huerta.
La segunda frase a cuestionar de las palabras del gobernador: “hay que analizar las razones, porque no podemos hacer procesos disruptivos en Nayarit”. ¿Realmente esto no es una razón válida de protesta? El colectivo inició el diálogo desde el año pasado, pero la respuesta nunca fue clara ni lleva a ningún lado. Ya basta de procesos de simulación. Si un proceso disruptivo es romper el silencio ante el despojo tan común de las costas, parece ser que el gobernador tiene que darse cuenta de que la defensa del territorio no solo no es un delito, es un derecho.
“Playa Las Cocinas, que es un lugar muy popular para nosotros y un lugar prácticamente sagrado, porque ahí tenemos muchas memorias, muchas historias… ese dolor inmenso de tener algo que amas con todo el corazón y un día no lo ves y estás desesperado y quieres saber dónde está, quieres saber qué va a pasar con él. Así estamos nosotros con esa playa. Sabemos que vamos a poder pasar, que vamos a seguir pudiendo ir a esa playa, pero ya va a ser más privatizada, ¿no? Y cuando la marea suba no hay acceso, ya no va a haber forma de estar ahí.” Eduardo Huerta.
El día 28 de abril hubo una segunda manifestación en la que hubo 3 personas que hasta el día de hoy siguen en calidad de detenidas:
- Sandra Fabiola Navarro Cano
- Marco Antonio Benavides de la Cruz
- Benjamín Yáñez Fonseca
Las cuales fueron golpeadas y sacadas por las autoridades por predios privados, durante esta reiteradamente pacífica manifestación. Informan que no han podido ponerse en contacto con ellas.
Este mismo día, la Semarnat informó que habrá supervisión técnica y acciones de verificación, con la participación de las autoridades ambientales competentes, “a fin de asegurar que cualquier obra o intervención en la zona se realice con apego a la ley en beneficio de la comunidad”.
“La inversión deberá desarrollarse bajo criterios de legalidad, diálogo social y respeto al entorno, al tiempo que contribuya a la generación de empleos y al desarrollo económico local”.
Eso nos hace preguntarnos por qué hay necesidad de que una situación de este tipo sea mediatizada para que el gobierno realmente trabaje. ¿Por qué estas acciones no se realizaron antes de que esta fuera la última playa sin privatizar? ¿Por qué estas acciones no se realizaron desde que las denuncias burocráticas sucedieron?
¿Hasta cuándo nos seguirán despojando de nuestros espacios? Las acciones preventivas son mejores que la restauración. Y un gobierno que solo obstaculiza y se vende no descansará hasta no tener nada que explotar.
