Guadalajara, Jalisco — 12 de abril de 2026
Este 12 de abril, el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. llevó a cabo su jornada semanal de pega de cédulas en el Parque San Jacinto, sobre la avenida Javier Mina, en Guadalajara. La acción, que forma parte de una práctica constante de visibilización ante la desaparición de personas, en un momento de gran tensión con los diferentes poderes del Estado. Esto en un momento nacional marcado por la disputa sobre las cifras, la negación institucional y la profundización de una crisis que no solo es de seguridad, sino también forense, política y ética. La jornada ocurre además en un momento particularmente significativo, tras la restauración del memorial destruido en la Ciudad de México el pasado 10 de mayo de 2025, lo que evidencia que incluso los espacios de memoria son objeto de violencia y borramiento.
Lo que está en juego no es únicamente la memoria de quienes faltan, sino la manera en que el Gobierno de México construye —o desmantela— la verdad. En este sentido, resulta fundamental recuperar la reflexión del profesor de la Universidad de Guadalajara, Jorge Ramírez, quien advierte sobre la lógica detrás de la revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO). Según señala, “parece que la revisión se hizo bajo la idea equivocada de que todos los casos deberían ser desapariciones forzadas o cometidas por particulares”, lo que lleva a interpretar erróneamente la existencia de actividad posterior en algunos casos como simulación o falsedad. Esta postura no solo revela una incomprensión profunda del fenómeno, sino que abre la puerta a la deslegitimación de víctimas. Como él mismo explica, existen múltiples situaciones —como la evasión de menores bajo custodia estatal o la sustracción por parte de familiares— donde puede haber actividad posterior sin que ello elimine la condición de desaparición ni su gravedad. La insistencia en depurar cifras bajo criterios rígidos no responde a la complejidad del problema, sino a una necesidad política de reducirlo, algo no raro para cualquier gobierno de México desde los años 70´s.
Esta lógica se refuerza con la postura oficial expresada en el comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y la @Secretaría Relaciones Exteriores del 2 de abril de 2026, en el que el gobierno mexicano rechaza el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la @ONU por considerarlo “tendencioso” y alejado de la realidad actual del país. En dicho documento se afirma que “el Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas” y se enumeran una serie de avances institucionales desde 2019, particularmente reformas legales y la creación de nuevas herramientas como la Base Nacional de Carpetas de Investigación. Sin embargo, esta narrativa institucional contrasta fuertemente con los testimonios de familias, colectivos y análisis independientes, que no solo cuestionan la eficacia de estas medidas, sino que las interpretan como mecanismos de contención política más que de búsqueda efectiva. La negación del carácter estructural del problema, así como el señalamiento de supuestos sesgos en organismos internacionales, parece más una estrategia de defensa que un ejercicio de autocrítica.
Un ejemplo contundente que desmiente la narrativa oficial es el caso de Carlos Maximiliano Romero Meza, desaparecido el 22 de octubre de 2020. Tras años de lucha por parte de su madre, Liliana Meza —cofundadora del colectivo Luz de Esperanza—, el 17 de abril de 2024 se obtuvo una sentencia que reconoce no solo su desaparición, sino la participación o aquiescencia de agentes del Estado. Este caso evidencia que, aunque el discurso oficial niegue la sistematicidad de las desapariciones forzadas, existen elementos probatorios que vinculan directamente a instituciones estatales. Sin embargo, para que estos casos sean reconocidos como tales, se requiere un nivel de evidencia que rara vez es alcanzable, lo que deja fuera a cientos —o miles— de desapariciones con indicios similares, pero sin resolución judicial.
En paralelo, la construcción de nuevas herramientas como la Base Nacional de Carpetas de Investigación ha sido presentada como un avance significativo. No obstante, el análisis de Jorge Verástegui González (17 de marzo de 2026) desmonta esta narrativa al señalar que dicha base excluye todos aquellos casos que no están clasificados bajo los delitos de desaparición forzada o desaparición cometida por particulares. Esto implica que miles de casos investigados como secuestro, trata o privación ilegal de la libertad quedan fuera del conteo, a pesar de tratarse, en la práctica, de desapariciones. Verástegui es claro al afirmar que “no se puede dar como cierta una cifra que se trata sobre dos delitos y no sobre personas que han sido desaparecidas”, lo que pone en evidencia una falla metodológica grave.
Los datos oficiales refuerzan esta preocupación. De las más de 393 mil personas registradas como desaparecidas, solo 89 mil cuentan con un delito vinculado, y de estas, apenas una fracción se investiga bajo las categorías que alimentan la nueva base de datos. A esto se suma la declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 27 de marzo de 2026, en la que reconoce que únicamente 3 mil 869 personas desaparecidas cuentan con carpetas de investigación formales. Esta cifra no solo es alarmante, sino que evidencia un vacío estructural en el acceso a la justicia. ¿Qué ocurre con el resto de los casos? ¿Cómo se puede hablar de avances institucionales cuando la mayoría de las desapariciones ni siquiera han sido investigadas formalmente?
A esta crisis de registro y clasificación se suma una dimensión aún más cruda, en la crisis forense. Según información publicada por Lauro Rodríguez en NTR Guadalajara el 4 de febrero de 2026, el @Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) enfrenta un rezago significativo, con aproximadamente 1,300 cuerpos completos y más de 8 mil segmentos humanos u osamentas sin identificar. Esta situación no solo refleja una sobrecarga institucional, sino una incapacidad estructural para dar respuesta a la magnitud del problema. El propio titular del IJCF Dr. Alejandro Axel Rivera Martínez reconoce que la complejidad de los casos, especialmente aquellos con alto nivel de descomposición, puede retrasar la identificación durante meses o incluso años. Mientras tanto, los cuerpos siguen acumulándose, y con ellos, la incertidumbre de miles de familias.
La respuesta del Estado ante esta crisis ha sido, nuevamente, técnica y administrativa que no resuelve nada, entrega de vehículos, adquisición de equipos, fortalecimiento de áreas operativas. Sin embargo, estas medidas, aunque necesarias, resultan insuficientes frente a una problemática que requiere voluntad política, coordinación efectiva y, sobre todo, reconocimiento de la magnitud del desastre. La existencia de panteones forenses, donde se inhuman cuerpos no identificados o no reclamados, no puede normalizarse como parte del paisaje institucional.
La pega de cédulas no es solo un acto de memoria, es una forma de confrontar el intento sistemático de reducir, clasificar y, en última instancia, borrar a las personas desaparecidas de las estadísticas oficiales. Frente a un Estado que responde con cifras, reformas y comunicados, las familias responden con nombres, rostros y exigencias.
Aquí no hay confusión metodológica, hay intención. Cuando se reducen las desapariciones a ciertos delitos, cuando miles de casos quedan fuera por cómo fueron clasificados, cuando la mayoría ni siquiera tiene carpeta de investigación, lo que se construye no es verdad, es una mentira institucionalizada. Nos quieren vender orden donde hay abandono, nos hablan de avances mientras los cuerpos siguen sin nombre y las familias sin respuestas.
Y lo más grave es que no es nuevo. Ya sabemos cómo funciona esto, ya lo hemos visto antes. Cambian los discursos, cambian las plataformas, pero la lógica es la misma, solo es contener, minimizar, deslegitimar. Por eso la decepción pesa distinto, porque no viene de la ingenuidad, viene de entender perfectamente lo que están haciendo.
Por ello esto no es solo una crisis de desapariciones, es una crisis de Estado, cuando la respuesta es maquillar cifras en lugar de buscar personas, cuando se cuida más la narrativa que la vida, lo que queda en evidencia no es incapacidad, es decisión. Y frente a eso, no hay espacio para matices.
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director General de Revista Para Esto!
Fotos: Lily Galarza
Direccion General de Revista Para Esto!
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