El pasado domingo 9 de noviembre de 2025, el colectivo Luz de Esperanza llevó a cabo una jornada de pega de cédulas de búsqueda en la zona de San Juan de Dios, una de las más transitadas de Guadalajara. La actividad tuvo como propósito visibilizar a las personas desaparecidas y mantener viva la exigencia de verdad y justicia en el espacio público. En esta jornada participaron alrededor de 40 personas, entre familiares, amigos y personas solidarias, de las cuales aproximadamente 15 fueron voluntarias que apoyaron activamente en la colocación y distribución de las cédulas por todo el perímetro de la calle principal y sus alrededores.
Estas acciones, explican las integrantes del colectivo, forman parte del trabajo constante que realizan los grupos de búsqueda en el estado, quienes, a pesar de los años y la falta de respuestas efectivas, siguen tomando las calles para recordar que en Jalisco la crisis de desapariciones continúa. Aunque recientemente, el 31 de octubre, el Congreso del Estado aprobó reconocer a las familias de personas desaparecidas como grupo vulnerable y prioritario, esta medida, si bien representa un avance importante en términos legales y simbólicos, no se ha traducido todavía en un apoyo real ni en condiciones dignas para las familias.
El Colectivo Luz de Esperanza, señaló que las dificultades económicas, burocráticas y logísticas siguen siendo una constante. Un ejemplo de ello es su próximo viaje al estado de Nayarit, donde realizarán búsquedas en SEMEFO en Galeria Fotografica. Sin embargo, denunciaron que el costo total de este desplazamiento deberá ser cubierto por las propias familias, y que el reembolso por parte de las autoridades será en un lapso indefinido, lo cual representa un golpe directo a su economía. Esta situación, expresan, no es un caso aislado: muchos colectivos enfrentan día a día las mismas condiciones precarias, costeando de su bolsillo traslados, alimentos, materiales y estudios periciales que deberían ser garantizados por el Estado, Gobierno de Jalisco.
Desde el colectivo se enfatiza que el reconocimiento como grupo prioritario no basta si las políticas públicas no se acompañan de recursos inmediatos, de acciones efectivas y de un compromiso real con la búsqueda.
La jornada del domingo, a pesar del cansancio y las adversidades, fue también un acto de esperanza y de solidaridad. Las familias agradecieron el apoyo de quienes se sumaron voluntariamente, recordando que cada cédula pegada, cada rostro compartido y cada paso dado por las calles de Guadalajara es una forma de resistencia y de memoria. Porque, aunque las instituciones avancen lentamente, las familias siguen buscando, siguen exigiendo y siguen organizándose, sabiendo que la lucha por encontrar a los suyos continúa en las calles, con sus propias manos y con la fuerza colectiva que no se rinde.
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director General de Revista Para Esto!
Director de Revista Para Esto! | Estudiante de Sociología en la Universidad de Guadalajara. | Periodista independiente y activista. | Creé este proyecto para darle voz y visibilidad a estudiantes y obreros que vivimos y resistimos las problemáticas del día a día.
– La Lucha Continúa!
Otra vez, la Federación de Estudiantes Universitarios ( Feu Udeg ) volvió a mostrar su verdadero rostro: el de una maquinaria violenta, manipuladora y profundamente antidemocrática. Lo que ocurre en las prepas y centros universitarios de la Universidad de Guadalajara UdeG no son elecciones estudiantiles, son espectáculos de poder orquestados por una estructura que se aferra a seguir controlando a una comunidad que ya no cree en ellos.
El pasado 30 de octubre, en la Preparatoria Politécnica de Guadalajara, las votaciones fueron suspendidas tras una jornada plagada de agresiones, robo de urnas y amenazas. De acuerdo con el testimonio de una estudiante del plantel, el grupo político “Nexo”, ligado a la FEU, impidió que compañeros pudieran votar libremente durante el turno vespertino. “Empezaron a alterar a los estudiantes, prohibiéndoles su votación. Robaron urnas, se escondieron en módulos y agredieron a compañeros”, relata.
La violencia fue tal, que la elección tuvo que ser cancelada y posteriormente “reanudada de manera justa”, aunque los estudiantes saben que de justa no tuvo nada. Y por si fuera poco, ese mismo grupo político tuvo el cinismo de rifar una tablet utilizando el nombre de un compañero desaparecido, como si el dolor ajeno fuera un simple recurso de campaña. (Actualmente Axel Ríos ya fue localizado por fortuna) No es nuevo: la FEU ha hecho de la desgracia una estrategia política.
Pero la violencia no se limitó a una prepa. Durante los días siguientes, distintos centros universitarios —como CUCosta y CUCSH Belenes— vivieron escenas de caos, agresiones y manipulación. Videos circularon mostrando enfrentamientos entre grupos feuistas, donde la “democracia estudiantil” se resolvía a golpes. En uno de ellos, la consejera de educación de la FEU, Citlali López Asencio, fue captada insultando y amenazando a estudiantes con una violencia verbal que parece parte del manual de esta organización.
En CUCosta, las planillas se confrontaron, se insultaron y hasta se robaron urnas a mitad de las votaciones. Lo mismo en el Politécnico, donde el candidato de “Impulso” —otro grupo feuista— golpeó a su propio compañero. Todo un circo electoral que exhibe la degradación política de una federación que hace tiempo dejó de representar a los estudiantes.
Y mientras tanto, la presidenta de la FEU, Zoe García, sigue sin pronunciarse. Ni ella ni la rectora Karla Planter dijeron una sola palabra ante las agresiones, robos y amenazas. Callan cuando los suyos golpean, pero actúan cuando los disidentes protestan. Porque si algo ha dejado claro la FEU es que la violencia solo les parece condenable cuando no proviene de ellos.
El 4 de noviembre, las votaciones se reanudaron en CUCSH Belenes bajo un clima de tensión e irregularidades. Desde temprano se reportó la presencia de personas ajenas al centro, hombres de entre 40 y 50 años, con micrófonos y radios de onda corta, custodiando urnas sin portar insignia universitaria. Nadie explicó quiénes eran ni por qué estaban ahí. La administración del centro guardó silencio.
Mientras tanto, los verdaderos estudiantes —los de la División de Estudios Políticos y Sociales— eran acosados durante sus clases para “ir a votar”, en muchos casos amenazandolos con los “Favores” que les debían solo para terminar recaudando menos 170 votos. Las cédulas de votación fueron resguardadas por seguridad privada y miembros de la FEU, como si se tratara de un operativo policial y no de una elección universitaria.
Frente a esta farsa, la Asamblea del CUCSH Belenes respondió con sarcasmo: Se pintaron la cara de payasos y pusieron música de circo en alusión de la simulación de la Federación. En su “antivotación”, los resultados fueron claros:
561 votos para la Asamblea,
13 para el CGU,
58 nulos y 52 ambiguos.
Se identificaron alrededor de ocho personas, miembros de la FEU, portando micrófono y auriculares, operando bajo el mismo modus operandi.
Una votación simbólica, pero profundamente política, que reflejó el hartazgo de cientos de estudiantes ante una federación que no representa más que el autoritarismo y la simulación.
Durante la jornada, las disidencias también confrontaron directamente a Zoé García, quien se encontraba en el plantel. Frente a las denuncias de amenazas, provocaciones y presencia de “porros” dentro del centro, la presidenta simplemente se escondió y guardó silencio, siempre riendo mientras usaba su teléfono, mientras los estudiantes exigían respuestas.
Ante la nula respuesta las desidencias decidieron proyectar videos de las propias peleas internas de la FEU en las prepas, exponiendo su hipocresía.
Lo que sucede en la UdeG ya no puede llamarse política estudiantil. Es una estructura podrida que sobrevive gracias al miedo, la manipulación y la institución. Los feuistas se golpean entre sí, agreden a estudiantes, compran votos y utilizan el dolor social como herramienta de campaña. Todo, con el aval silencioso de las autoridades universitarias que se dicen “renovadoras”.
La FEU no representa a los estudiantes, representa al poder. A un poder que aprendió a disfrazarse de “voz estudiantil”, pero que no es más que un tentáculo del mismo sistema que reprime y silencia las verdaderas luchas juveniles.
La presidenta en ese momento, Zoé García, nunca atendió las demandas ni se acercó al diálogo con las y los estudiantes manifestantes.
Por eso cada año vemos lo mismo: urnas robadas, amenazas, porros, agresiones, fraudes y silencio institucional. Porque la violencia en la FEU no es un accidente: es su método.
Mientras tanto, las asambleas, colectivos y medios independientes —como Revista Para Esto!— seguimos denunciando, registrando y evidenciando lo que ellos quieren ocultar.
Porque si algo ha quedado claro en esta última semana de elecciones, es que la FEU no tiene legitimidad, ni moral ni política. Los estudiantes ya no le temen, y su aparente control se resquebraja frente a una generación que no está dispuesta a seguir callando.
Que quede claro: en la Universidad de Guadalajara, los golpes, las urnas robadas y los porros no son casualidades; son el reflejo de una federación que ya no tiene nada que ofrecer, salvo su propia decadencia.
— La Lucha Continúa!
Dirección General y Comité de Redacción de Revista Para Esto!
Activista de la Asamblea Interuniversitaria protestando ante la simulación de elecciones de la FEU.
Guadalajara, Jalisco. — Estudiantes de Enfermería del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara denuncian las condiciones insalubres y riesgosas en que deben tomar clases dentro del edificio “G”, junto a la puerta 12, debido a la demolición del edificio contiguo “F”.
El polvo, el ruido constante y las vibraciones afectan el desarrollo de las clases y la salud de la comunidad, ya que ambos edificios están estructuralmente conectados. Además, las y los estudiantes deben asistir con uniforme clínico blanco, pues no existen vestidores en el campus y se les exige llegar impecables a hospitales y clínicas, lo cual es imposible ante estas condiciones.
“No podemos mantener el uniforme limpio ni estudiar con normalidad. Todo vibra, el ruido es constante y el polvo está en el aire. Estas no son condiciones dignas para estudiar”, señaló una estudiante afectada.
Las y los alumnos piden a las autoridades una reubicación temporal o medidas urgentes que garanticen la salubridad y condiciones óptimas para el desarrollo de sus clases.
El día de hoy, 4 de noviembre, en el CUCSH Belenes, se lleva a cabo la reanudación de las votaciones para elegir a los representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios Feu Udeg en el área de la División de Estudios Políticos y Sociales.
Estas elecciones se retomaron luego de que, en la jornada anterior, fueran intervenidas por la Asamblea del CUCSH Belenes, la cual realizó un acto de performance en el que las urnas fueron derribadas y los votos manchados con pintura roja, en protesta por lo que consideraron un proceso antidemocrático.
Desde las 9:30 a.m., hora en que iniciaron las votaciones de este martes, se han reportado tensiones dentro del plantel, debido a la presencia de personas ajenas al centro universitario, cuya identidad y procedencia no han sido aclaradas. Estudiantes señalan la incongruencia de que se permita el ingreso de este personal, mientras el acceso de los propios alumnos está sujeto a revisiones estrictas.
Pronunciamiento de la Asamblea del CUCSH Belenes sobre las votaciones, antes de retirarse
Desde el Comité de Redacción y la Dirección General, sostenemos que la Federación de Estudiantes Universitarios Feu Udeg (FEU-UdeG) es un organismo inválido, carente de legitimidad, ante las evidentes faltas morales, políticas y organizativas que ha mostrado a lo largo de los años. Su estructura vertical, burocrática y corrompida no representa los intereses reales del estudiantado, sino que actúa como una extensión del poder institucional y partidista dentro de la Universidad de Guadalajara, reproduciendo prácticas antidemocráticas y clientelares.
Por ello, la Asamblea del CUCSH Belenes y nosotros en @Revista Para Esto! desconocemos cualquier proceso de votación impulsado por la FEU, ya que estos no responden al ejercicio libre y consciente de la comunidad estudiantil, sino a la imposición de una estructura que busca mantener el control político sobre los espacios universitarios.
Nuestra postura es clara: no reconocemos la autoridad ni los resultados emanados de dichas votaciones. Apostamos, en cambio, por formas de organización autónomas, horizontales y colectivas, donde la voz del estudiante no sea utilizada como instrumento, sino como motor de transformación dentro y fuera de la universidad.
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Comité de Redacción y Dirección General de Revista Para Esto!
La noche del 31 de octubre, el Congreso de Jalisco aprobó por mayoría que las familias de personas desaparecidas sean reconocidas como grupo prioritario y en condiciones de vulnerabilidad, un paso histórico en materia de derechos humanos que busca garantizar la creación de políticas públicas, apoyos y presupuesto específico para atender a las víctimas indirectas de desaparición.
La iniciativa, presentada por el diputado Leonardo Almaguer Castañeda, del Partido del Trabajo México (PT), obtuvo 29 votos a favor y fue respaldada por la mayoría de las fracciones parlamentarias, convirtiendo a Jalisco en el primer estado de América Latina en otorgar este reconocimiento.
En la sesión, cuyos resultados fueron proyectados en el tablero del Congreso, se observó el respaldo de legisladores de Morena, Hagamos, PAN, PRI, Futuro y MC, en una inusual coincidencia política.
El decreto reforma la Ley de Atención a Víctimas, la Ley de Desarrollo Social, el Código de Asistencia Social y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de integrar a las familias de personas desaparecidas dentro del catálogo de grupos prioritarios reconocidos por el Estado, al mismo nivel que la niñez, las personas mayores o con discapacidad.
“Reconocer a las familias de desaparecidos como grupo prioritario en condiciones de vulnerabilidad es una deuda histórica. Son personas que han vivido la violencia y la inseguridad directamente y de la peor forma, perdiendo a un ser amado, sin poder guardar luto ni resignación, viviendo con miedo constante”, señala el dictamen aprobado.
Aunque la iniciativa fue impulsada desde hace años por el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco., sus integrantes fueron excluidos del recinto legislativo durante la votación.
De acuerdo con testimonios, la diputada Marta Estela Arizmendi Fombona (@marizmendif) (Morena) les informó que no podrían ingresar debido a que la sesión sería “a puerta cerrada”, pese a que anteriormente se les había confirmado su participación.
La negativa generó inconformidad entre las familias, que se concentraron a las afueras del Congreso desde las 14:30 horas, acompañadas por otras colectivas y medios de comunicación. “Nos prometieron que podríamos estar presentes, pero cambiaron de postura a último momento”, denunciaron.
Héctor Cuñado, vocero del colectivo Luz de Esperanza, explicó que el reconocimiento representa “un derecho llave” que permitirá abrir el acceso a programas, apoyos y presupuestos dignos cada año.
“Esto va a aligerar la carga de miles de familias. Es un reconocimiento muy importante, un avance en materia de derechos humanos que permitirá diseñar políticas públicas específicas y asegurar recursos para la Comisión de Víctimas, la Comisión de Búsqueda y los DIF estatales y municipales”, señaló.
Asimismo, informó que se presentará otra iniciativa para modificar el artículo 154 A del Código Penal del Estado de Jalisco, con el fin de que el delito de desaparición forzada sea perseguido de oficio.
Actualmente, la Fiscalía del Estado sólo inicia carpetas de investigación cuando una persona presenta formalmente la denuncia, lo que retrasa las búsquedas durante las primeras horas, cruciales para encontrar con vida a las víctimas.
“Los tratados internacionales establecen que, cuando se conozca de una desaparición, se debe investigar de oficio. En Jalisco eso no sucede. Queremos que la fiscalía actúe de inmediato, sin depender de la denuncia”, enfatizó Flores.
Durante su intervención, el representante del colectivo subrayó la grave falta de personal y recursos en las instituciones encargadas de la búsqueda y atención a víctimas.
Actualmente, la @Comision de busqueda del Estado de Jalisco cuenta con alrededor de 20 buscadores de campo, cuando se necesitarían al menos 50, y la Comisión de Víctimas opera con solo nueve asesores para atender más de 15 mil carpetas reconocidas por la Vicefiscalía.
“Tenemos agentes del Ministerio Público con entre 350 y 700 carpetas de investigación. Es imposible que puedan dar seguimiento a todos los casos. Se necesita más personal, tecnología y capacitación”, advirtió.
La aprobación representa un avance jurídico y simbólico, pero deja al descubierto las contradicciones institucionales de un Estado que reconoce la vulnerabilidad de las familias buscadoras, mientras las mantiene fuera de los espacios de decisión.
Aunque el Congreso celebró la votación como un logro histórico, los colectivos insisten en que el verdadero cambio dependerá de que el reconocimiento se traduzca en presupuesto, acompañamiento y participación directa de las familias en el diseño de las políticas públicas.
“No queremos reconocimientos de papel —afirman las buscadoras—, queremos verdad, justicia y que el Estado asuma su responsabilidad”.
—¡Por qué vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
Después de haber sido desalojadas de San Sebastián el Grande, en Tlajomulco de Zúñiga, las familias afectadas reinstalaron su plantón frente al Palacio de Gobierno del Estado de Jalisco, luego de que las autoridades incumplieran los acuerdos alcanzados durante el mes de septiembre.
De acuerdo con testimonios de los propios afectados, las familias habían decidido retirarse del plantón el pasado 13 de septiembre, tras llegar a un acuerdo con el gobierno estatal y el DIF de Tlajomulco. El compromiso consistía en trasladarlas temporalmente al albergue del DIF Santa Fe, donde serían atendidas durante las primeras semanas, para posteriormente ser reubicadas en viviendas en calidad de renta condonada, es decir, sin pago alguno, mientras se construían las casas comprometidas dentro del programa federal de vivienda impulsado por Claudia Sheinbaum.
Sin embargo, las promesas nunca se cumplieron.
“Nos dijeron que en la primera semana iban a empezar a ubicar a la gente, y en la siguiente semana ya estaríamos todos acomodados. Pasó una, dos, tres, cuatro semanas… y no se vio nada. Por eso decidimos volver al plantón”, relató uno de los voceros del movimiento.
Las viviendas destinadas para la reubicación formaban parte de un programa de recuperación de casas abandonadas, que supuestamente contaban con todos los servicios básicos —agua, luz y drenaje—. A pesar de ello, ninguna familia fue ubicada, y el propio presidente municipal de Tlajomulco informó que el programa “Renta tu Casa” había sido cancelado, argumentando que ya no existían recursos ni espacios disponibles.
Ante la falta de respuesta, las familias regresaron al Palacio de Gobierno hace aproximadamente dos semanas, y anunciaron que permanecerán ahí hasta obtener una solución definitiva.
“Tenemos una reunión programada con el secretario general de Gobierno este lunes, para ver qué dirección va a tomar todo esto. Lo único que pedimos es que se cumpla lo prometido: una vivienda digna para quienes fueron desalojados”, afirmaron.
Las personas afectadas provienen de distintas zonas del área metropolitana —Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Guadalajara— y muchas de ellas se encuentran en situación de extrema precariedad, sin un lugar estable donde vivir.
“Son familias que han tenido que moverse de un lado a otro, rentando donde pueden. No tienen hogar fijo, y eso las convierte en nómadas dentro de su propia ciudad”, señalaron.
El grupo recordó que el derecho a una vivienda digna está consagrado en la Constitución mexicana, y que el Estado está obligado a garantizarlo.
“Nosotros solo pedimos que se cumpla lo que marca la Constitución. Todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna y decorosa, y más aún cuando ha sido desalojado injustamente”, concluyeron.
Asimismo, este caso ha sido impulsado por el Partido del Trabajo México (PT), que ha mostrado su interés en acompañar las demandas del grupo. Durante la jornada del 31 de octubre, el diputado Jose Luis Sanchez Gonzalez acudió al plantón y se reunió con las familias despojadas para dialogar sobre sus necesidades más urgentes y las acciones posteriores que podrían emprenderse para atender su situación.
Además, el 31 de octubre, normalistas se unieron al colectivo para mostrar su apoyo y solidaridad, reafirmando la urgencia de visibilizar la crisis de desapariciones en Jalisco y en todo el país. Este respaldo de los estudiantes representa un gesto de unidad entre sectores sociales que coinciden en una misma exigencia: verdad, justicia y la aparición con vida de los desaparecidos.
Con esta nueva reinstalación del plantón, las familias desalojadas vuelven a exigir una respuesta real y no promesas vacías, frente a un gobierno que, una vez más, ha incumplido sus compromisos con los sectores más vulnerables.
El pasado 31 de octubre de 2025, alrededor de las 2:10 de la tarde, estudiantes de la Escuela Normal Rural “Miguel Hidalgo” de Atequiza, Jalisco, se unieron al plantón que mantienen personas indígenas desalojadas de San Sebastián el Grande, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, para exigir condiciones básicas de vida: vivienda, alimentos y agua. La protesta se da como parte de las movilizaciones que, cada 28 de octubre, las normales rurales del país realizan desde hace más de tres décadas, en memoria de la represión ocurrida en 1988 y en exigencia del cumplimiento de acuerdos que el Estado ha firmado y sistemáticamente incumplido. “No exigimos ni más ni menos, exigimos lo justo. Estamos pidiendo lo que ya se nos prometió y que no se ha cumplido. No venimos a pedir lujos, sino dignidad”, señalaron los estudiantes durante la jornada.
De acuerdo con los manifestantes, los compromisos incumplidos incluyen mejoras en las instalaciones, acceso a agua potable y una alimentación digna. Actualmente, los normalistas denuncian que la ración diaria asignada a cada estudiante es de apenas 80 pesos —monto insuficiente para cubrir desayuno, comida y cena—, lo que refleja las condiciones precarias en las que sobreviven las escuelas normales rurales. “Antes teníamos lo que era la ración por persona de 80 pesos. 80 pesos para tu desayuno, comida y cena, y sabemos perfectamente que nadie come con ese dinero. Entonces, lo que se exige pues es mejorar las instalaciones, mejorar lo que sería el alimento o cualquiera de estas cosas. Entonces, pues a lo que venimos, no venimos a hacer destrozos, venimos a pedir”, señaló uno de los estudiantes.
El movimiento tiene su raíz en los hechos del 28 de octubre de 1988, cuando estudiantes de Atequiza fueron reprimidos por policías al intentar apoyar a una escuela hermana en Ayotla, Guerrero. Desde entonces, la fecha se ha convertido en símbolo de resistencia y memoria colectiva. Cada año, los normalistas realizan dos acciones principales: primero un meeting para difundir sus demandas, y posteriormente un plantón en espacios públicos, con el objetivo de presionar al gobierno del Estado de Jalisco a cumplir sus compromisos. “Venimos en son de paz. Solo nos manifestamos mostrando nuestras mantas, exigiendo lo justo. Lo único que hacemos es parar el tráfico para meter presión, pero sin violencia”, afirmaron los jóvenes.
Durante el plantón, los estudiantes de Atequiza destacaron que su formación no se limita a lo académico, sino que incluye los ejes político, cultural, deportivo y comunitario, entendidos como herramientas para transformar la realidad. “Como normalistas rurales, nosotros lo que queremos es ser semillas de mejorar la sociedad, no nomás es ir a plantarse en una escuela y dar clases, porque para eso están las otras normales. Un normalista lo que hace es ir a los cerros, a los lugares más marginados, dar educación, enseñar cómo se manejan las tierras, enseñarle a los niños sobre deportes, cualquier cosa. No nomás llegar y dar clase, no nomás es pararte enfrente de una escuela”, explicó otro de los estudiantes.
Para los normalistas rurales, la docencia es un acto profundamente político y de compromiso con las clases populares. Su lema, “ser pueblo, estar con el pueblo”, resume la filosofía que guía su lucha y su vida. “Nosotros no solo exigimos para nosotros, sino también para quienes están siendo despojados. La educación rural nació del pueblo y se mantiene con él. Nuestra lucha es por justicia, por dignidad y por la vida.”
Los estudiantes recordaron también los ataques recientes contra las normales rurales, como el ocurrido el 11 de febrero de este año, cuando policías irrumpieron en las instalaciones de Atequiza y golpearon a varios compañeros. Denunciaron la campaña mediática que busca criminalizar su movimiento, presentándolos como “vándalos” o “agitadores”, pese a que sus movilizaciones históricamente se han caracterizado por la organización y el carácter pacífico.
“Nos acusan de violentos, pero Atequiza siempre se ha manifestado de forma pacífica. Solo respondemos cuando la represión es ley. Porque cuando la tiranía es ley, la revolución es orden.”
El plantón no solo representa la exigencia de los normalistas, sino también la solidaridad activa con las familias indígenas desalojadas, que perdieron sus viviendas tras operativos del Estado. Los estudiantes afirmaron que su presencia busca unir las luchas del pueblo, no separarlas. “Igualmente también venimos viendo que también se está manifestando aquí los que los quemaron sus casas, se los derrumbaron, pues también ayudarles un poco. Ya que también como normalistas rurales, no nomás exigimos para nosotros, exigimos para el pueblo. Ya sería una frase muy bien dicha de nosotros: el pueblo ser pueblo y estar con el pueblo.”
El plantón continúa, y con él una historia que se renueva cada año: la de jóvenes que, desde las aulas rurales, siguen defendiendo la memoria, la educación pública y el derecho del pueblo a vivir con dignidad.
Este conversatorio reúne a los protagonistas del documental “23 de Septiembre”, una obra que recupera la memoria de la guerrilla socialista mexicana y las luchas revolucionarias de los años setenta. Donde contamos con la presencia Antonio Orozco Michel (Toño), Jorgemanuel Perez Mora (Hermano de Enrique Pérez Mora “El Tenebras”) y Bertha Lilia Gutiérrez Campos (Tita), quienes vivieron parte de los movimientos, y que además formaron parte de la llamada Liga Comunista 23 de Septiembre.
Además, se conto con la presencia de una compañera de las juventudes comunistas que formo parte de la UdeG, y quien participó activamente en el movimiento #CUCSHNOSEMUEVE , estableciendo un puente entre las luchas del pasado y las resistencias estudiantiles actuales.
El encuentro busca generar un diálogo intergeneracional sobre la memoria, la militancia y las formas de organización política frente a la represión estatal y el olvido histórico.
Integrantes de la Asamblea Estudiantil Interuniversitaria realizaron el pasado Miercoles 29 de Octubre una protesta frente al Museo de las Artes (MUSA) durante la toma de protesta del Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara, denunciando prácticas autoritarias, falta de representatividad y represión hacia el estudiantado.
Desde las 7:30 a.m., los estudiantes se concentraron frente al Paraninfo Enrique Díaz de León, mientras decenas de trabajadores y miembros de la Feu Udeg bloqueaban la entrada, impidiendo el acceso al interior del MUSA. Para evitar confrontaciones, los manifestantes permanecieron en el exterior y realizaron la lectura pública de su pronunciamiento.
En el documento, el movimiento estudiantil desconoce la legitimidad del CGU, acusando procesos electorales “con mínima difusión, sin transparencia y sin participación real”. Exigen además una reforma inmediata a la Ley Orgánica de la UdeG, basada en las propuestas de las asambleas estudiantiles, para garantizar democracia interna, gratuidad de la educación y respeto a los derechos estudiantiles y laborales.
Los estudiantes denunciaron también que los cambios recientes en planes de estudio se diseñan bajo intereses privados, desmantelando el carácter crítico y popular de la universidad, y se imponen sin consultas ni diálogo con el profesorado o el estudiantado. Quienes cuestionan estas decisiones son, aseguran, silenciados, hostigados y difamados.
La protesta incluyó críticas hacia las relaciones institucionales con gobiernos que sostienen regímenes opresivos, citando como ejemplo los vínculos con el Estado de Israel, así como el autoritarismo en los sindicatos, incluyendo la imposición unilateral de pensiones tras la reforma durante la administración de Villanueva, aprobada sin escuchar a los trabajadores ni respetar sus derechos.
Mientras tanto, afuera, la universidad había movilizado contingentes de Prepa 8, Prepa 9, Prepa 16, Prepa 19 y Prepa Módulo Tlaquepaque, convocados por Trinidad Padilla, para engrosar la asistencia y aparentar respaldo. Solo había estudiantes de preparatoria y personal administrativo, alimentados con una botella de agua de 500 ml, un sándwich y una manzana. Entre ellos se lanzaban manzanas unos a otros, en un juego que accidentalmente hirió a tres transeúntes, dos hombres y una mujer, debido a que el paso frente al MUSA estaba bloqueado.
El personal administrativo y algunos profesores hacían comentarios despectivos como “Ya se chingaron” o “No la hacen”, mientras malabaristas en zancos eran colocados junto a la asamblea, como un espectáculo de humillación para los estudiantes críticos. (Siempre vigilados por personal con radios de onda corta sin las identificaciones visibles de la UdeG) Sin embargo, la voz del megáfono de la Asamblea no se apagó: con consignas, lectura de pliegos y denuncias, los estudiantes avanzaron hacia el Parque Rojo, reafirmando su lucha por una universidad democrática, crítica, gratuita y al servicio del pueblo.
La cobertura de la asamblea y la lectura de pliegos petitorios fue realizada por Vanguardia Proletaria, mientras que los hechos relacionados con los contingentes acarreados, la logística y la humillación de los estudiantes de prepa fueron documentados por Revista Para Esto!. Ambas muestran el mismo conflicto: la resistencia organizada frente a la imposición, la manipulación y la represión institucional.
Esta vez fue la voz de quienes denuncian la falta de democracia interna, la represión y la imposición en la Universidad de Guadalajara, un recordatorio de que la lucha por una universidad digna y libre continúa, a pesar de los intentos de silenciarla.
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Fotografías en colaboración de Ximena Contreras de “Vanguardia Proletaria” IG: @XIM_.C_
Fue el día de ayer, pasado el mediodía, cuando el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. llevó a cabo su ya recurrida pega de cédulas de búsqueda y kermés mensual. Esta vez, los voluntarios volvieron a colocar las fichas entre las avenidas López Mateos y Patria, recordando a sus seres queridos en estas vísperas de Día de Muertos, donde la memoria se convierte en resistencia.
Recordemos que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, un acto en el que el Estado —a través de su omisión, complicidad o acción directa— borra la existencia de una persona, condenando a las familias a vivir en un limbo permanente. La incertidumbre no sólo es una herida abierta, sino una estrategia sistemática que perpetúa el dolor y la impunidad.
Las familias buscadoras siguen sin poder avanzar en muchas de sus iniciativas debido a los obstáculos derivados de la llamada reforma judicial, que ha paralizado procesos y desviado la atención de las verdaderas urgencias sociales. Mientras tanto, Jalisco continúa siendo uno de los estados con más personas desaparecidas en todo México, reflejando las prioridades de un sistema que prefiere el silencio antes que la verdad.
Este 22 de octubre se cumplieron cinco años de la desaparición forzada de Maximiliano García Llamas. Su madre, Lilia García, ha sostenido una lucha incansable contra la indiferencia institucional. En entrevista con ZonaDocs, relató cómo, a pesar de las amenazas y el desgaste emocional, continúa buscándolo junto al colectivo Luz de Esperanza. “Buscar a mi hijo se convirtió en mi forma de seguir viviendo”, dijo.
Lilia, como muchas madres jaliscienses, ha convertido el dolor en fuerza organizativa. Su historia es una de tantas que reflejan la descomposición del Estado mexicano y su incapacidad —o falta de voluntad— para responder ante el crimen de la desaparición forzada. A cinco años de la ausencia de Max, la exigencia sigue siendo la misma: verdad y justicia.
—¡Por qué vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
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Mario Antonio López Carbajal
Director General de Revista Para Esto!
Nota de ZonaDocs:
La lucha de Lili, madre buscadora: cuatro años de la desaparición forzada de Max — Aletse Torres
