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Dobleteo Institucional en CUCEI y UTJ: las redes de poder entre la UdeG y la UTJ salen a flote (Parte 1)

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Para nadie es nuevo el famoso dobleteo- trabajar en dos instituciones al mismo tiempo, empalmando horarios o incluso ocupando dos plazas de tiempo completo- En el rubro universitario esto ya parece una práctica normalizada, sobre todo si observamos los salarios raquíticos que obligan a muchos profesores a buscar horas extra donde se pueda, hasta ahí, nada nuevo.
Pero el problema cambia cuando quienes incurren en estas prácticas no son docentes precarizados, sino altas personalidades dentro de sus instituciones, gente con poder, con nombramientos, con redes políticas y con un margen de impunidad que el resto del personal académico jamás podría soñar. Ahí ya no hablamos de necesidad, sino de corrupción y una total falta de ética e integridad.
En Revista Para Esto! llevamos meses siguiendo un caso de la mano de varios servidores públicos que han decidido romper el silencio para llegar al meollo del asunto. Fue a principios de octubre cuando recibimos, de manera anónima, un paquete de información que advertía prácticas graves dentro de la Universidad Tecnológica de Jalisco-UTJ (UTJ), favoritismos, tráfico de influencias, irregularidades administrativas y, por supuesto, dobleteo de puestos ocupados por altos mandos.
Siendo gracias a esta denuncia que logramos revelar una red mucho más amplia, tejida entre la Universidad de Guadalajara UdeG y la UTJ, donde ciertos personajes han encontrado el modo perfecto de beneficiarse del presupuesto público. Es aquí donde entra el personaje principal de este caso: el rector de la UTJ, Héctor Pulido González, máximo responsable de la casa de estudios y, paradójicamente, miembro fundamental del propio Comité de Ética de la institución.
El mismo órgano encargado de vigilar la integridad y prevenir conflictos de interés es el que sufre violaciones desde dentro, justo por parte de quien debería ser ejemplo. En este los intereses públicos quedan comprometidos por decisiones que favorecen al funcionario en cuestión.
El Código de Conducta de la UTJ es claro respecto al doble puesto y los conflictos de interés que implica desempeñar simultáneamente un trabajo de tiempo completo en más de una institución. En la página 13, dentro de la sección “El Comité de Ética, Conducta y Prevención de Conflictos de Interés”, se establece que este órgano colegiado es el encargado de vigilar, interpretar y aplicar las medidas preventivas y correctivas necesarias para garantizar el cumplimiento del Código.
Además, se señala que todos los servidores públicos están obligados a acatar las medidas que determine dicho Comité. Es decir, el propio rector está sujeto a estas normas, aunque en la práctica actúe como si estuviera por encima de ellas.
Los Principios Rectores del Servicio Público, ubicados en la página 6, también establecen los fundamentos que se ven vulnerados cuando una persona en un cargo directivo mantiene dos plazas de tiempo completo. El principio de Honradez exige no utilizar el cargo para obtener beneficios personales, mientras que el de Lealtad obliga a priorizar el interés colectivo por encima de cualquier interés privado. La Objetividad, descrita entre las páginas 6 y 7, demanda preservar el interés superior del servicio público, evitando decisiones que favorezcan intereses particulares, algo incompatible con el dobleteo ejercido por figuras de alto rango.
La Ley de Incompatibilidades para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco establece que un servidor público no puede desempeñar simultáneamente dos cargos públicos remunerados cuando exista incompatibilidad. Esto ocurre cuando el ejercicio de un cargo impide, interfiere o afecta el cumplimiento efectivo del otro, ya sea por coincidencia de horarios, por desgaste físico o mental, por conflicto en las funciones o por la imposibilidad material de atender ambos cargos en distintos lugares.
Este principio se encuentra desarrollado en los artículos 8 al 12 de la Ley.
¿Y cómo sabemos todo esto? Gracias a los órganos de transparencia. Fueron ellos quienes terminaron por confirmar que, al menos desde 2023, estas prácticas se venían realizando —y eso sin contar que ya tenemos indicios sólidos de que esto ocurre desde 2021—. La evidencia llegó a través de respuestas oficiales de la Universidad de Guadalajara, donde los documentos dejan ver con absoluta claridad que Héctor Pulido González ha mantenido una plaza de profesor de tiempo completo en el CUCEI mientras ocupaba simultáneamente la Rectoría de la UTJ, sin haber tramitado ninguna licencia que le permitiera compatibilizar ambos cargos.
En una de las respuestas, signada por la Coordinadora de Transparencia y Archivo General, Natalia Mendoza Servín, correspondiente al expediente UTI/0113/2025 del 18 de febrero de 2025, se solicitó a la UdeG información sobre si ciertos servidores públicos tenían licencia para ejercer un puesto en otra institución. Entre los nombres aparece el de Héctor Pulido González, a lo que la universidad respondió tajantemente: “El C. Héctor Pulido González no cuenta con ningún tipo de licencia otorgada por este Centro Universitario”. La respuesta fue emitida el 24 de febrero de 2025.
Es decir, la UdeG confirma que Pulido mantiene su plaza de tiempo completo sin ninguna autorización formal para laborar fuera.
Meses después, otro requerimiento —expediente UTI/1089/2025 del 15 de octubre de 2025— profundizó aún más. En él se solicitó la nómina completa, horarios, materias y situación contractual de académicos del CUCEI y CUCS, entre ellos nuevamente Héctor Pulido González. La Secretaría Administrativa del CUCEI respondió detallando que Pulido ha sido contratado durante todos los años revisados como profesor de tiempo completo, primero como Asociado “C” y posteriormente como Titular “A”, adscrito al Departamento de Química, con actividades de docencia. Además, sus horarios oficiales en todos los ciclos —de 2021A a 2025B— lo ubican impartiendo clases de lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. Ocho horas diarias frente a grupo, de manera continua, ciclo tras ciclo.
El propio CUCEI, en su respuesta oficial, no sólo confirma la existencia de estos horarios, sino que incluso anexa los registros institucionales del SIIAU donde consta la programación académica de Pulido, así como la inexistencia de criterios claros de asignación de carga académica en esa dependencia. También aclara que Pulido desempeña funciones completas de docencia, investigación, difusión y extensión, como cualquier profesor de tiempo completo.
Todo esto se vuelve aún más grave cuando se confronta con la función pública que Pulido desempeña en la UTJ desde 2019, cargo que la misma página oficial de la institución reconoce bajo el periodo 2019-2023, aunque su gestión continúa en los hechos hasta 2027. Durante todo este tiempo ha ocupado la Rectoría, uno de los puestos de mayor responsabilidad política y administrativa dentro del sistema educativo estatal.
La evidencia documental muestra, sin lugar a dudas, que mientras dirigía la UTJ mantenía simultáneamente una plaza de profesor de tiempo completo en el CUCEI, cobrando dos sueldos públicos, acumulando dos responsabilidades incompatibles y violando abiertamente el Código de Ética y el Código de Conducta que él mismo debería garantizar. No hay licencia. No hay autorización. No hay compatibilidad. No hay justificación.
A través de la información obtenida por solicitudes de transparencia y la revisión de nóminas oficiales, se confirma que Héctor Pulido González ha percibido de manera simultánea dos sueldos completos provenientes del erario público, pese a la incompatibilidad material de sus cargos. Por un lado, como Rector de la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), recibió ingresos mensuales que oscilaron entre $50,522.22 y $61,471.20 pesos, según el año y la quincena documentada. De manera paralela, mantuvo activa su plaza como Profesor de Tiempo Completo en el CUCEI de la Universidad de Guadalajara, por la cual percibió $10,522.36 pesos mensuales en 2021, $14,553.28 pesos mensuales en 2024 y $24,630.70 pesos mensuales en 2025, ya como Profesor-Investigador Titular A.
En conjunto, estos ingresos representan percepciones mensuales que alcanzaron hasta $71,993.56 pesos en 2021 y $65,075.50 pesos en 2024, sin que exista constancia de licencia, compatibilidad o autorización formal para desempeñar ambas funciones de tiempo completo. Por lo que resultan aún más agravantes si se considera que desde 2016 existen señalamientos internos por posible abandono de labores académicas, debido a que Pulido habría dejado de cumplir de forma regular con sus obligaciones docentes mientras ocupaba cargos directivos en la UTJ, evidenciando cómo la estructura administrativa de la UdeG permitió que la plaza permaneciera activa en nómina durante años sin supervisión efectiva.
Las irregularidades no terminan ahí. Documentos obtenidos vía transparencia y testimonios internos señalan que Pulido no sólo dobletea funciones, sino que también ha ejercido el poder para sostener estructuras administrativas infladas y discrecionales. Un convenio firmado por él mismo para la distribución del presupuesto 2023 —casi 113 millones de pesos— establecía que la plantilla de mandos superiores, medios, administrativos y secretariales debía ser de 107 personas, pero en realidad la UTJ operaba con 39 más. Ese exceso representó una erogación anual no prevista de 8 millones 172 mil pesos, una desviación presupuestal difícil de justificar y que reproduce las prácticas más opacas del aparato educativo estatal.
Estas inconsistencias no son nuevas. Una auditoría al ejercicio fiscal 2020 ya había advertido que la UTJ contaba con trabajadores fuera del “catálogo de puestos” y del “tabulador de sueldos autorizados”, lo que constituyó incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. También se detectó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 2 millones 244 mil 873 pesos, más intereses, debido al uso indebido de subsidios federales en pagos a 35 trabajadores con cargos no autorizados como “secretario administrativo”, “personal de apoyo” y “técnico laboratorista”.
A estas prácticas se suma un conflicto de interés que personal inconforme —que pidió anonimato por miedo a represalias— ha denunciado: la concesión de un espacio dentro de la UTJ para la venta de material eléctrico a María Esperanza Villaseñor Valencia, madre de un profesor de tiempo completo, Héctor Villaseñor Cabrera. Según los testimonios, el profesor envía a sus alumnos directamente con ella a comprar insumos para sus prácticas, beneficio directo que nunca fue declarado, violando las normas internas de integridad.
Toda esta red —dobleteo, anomalías presupuestales, personal excedente, conflictos de interés y uso discrecional de recursos federales— revela un patrón sostenido que no responde a errores administrativos, sino a una forma de operar incrustada en la estructura de la UTJ bajo la gestión de Héctor Pulido González.
Nota: Parte de esta información fue originalmente señalada en la investigación publicada por Proceso bajo el título “Rector de la UTJ y cuatro profesores dobletean puestos de tiempo completo”, cuyos elementos coinciden con los hallazgos recuperados para esta investigación.
¿Cómo logró sostener esta doble plaza sin que nadie “se diera cuenta”? Basta revisar su propio currículum publicado en la página de Rectoría de la UTJ: ahí enumera con detalle cada uno de sus cargos administrativos desde 2005, sus funciones en instancias estatales y federales, su paso por Copladi, por SEPLAN y, finalmente, su llegada a la Rectoría de la UTJ en 2019. Pero en ningún momento menciona una sola actividad académica reciente en CUCEI, pese a que oficialmente sigue registrado como Profesor de Tiempo Completo. La contradicción se vuelve aún más evidente cuando se observa que en la página del propio CUCEI tampoco aparece su nombre como docente activo, a pesar de que las nóminas institucionales lo siguen ubicando con carga completa y con clases registradas. Más indignante resulta el hecho de que quien aparece en las fotografías de su toma de protesta como rector de la UTJ —el actual rector del CUCEI, Dr. Marco Antonio Pérez Cisneros— jamás mencionó esta situación, aun cuando meses después fue protagonista del conflicto estudiantil por la falta de cupos al inicio del semestre 2025-B. Y es que, ¿cómo no iban a faltar cupos si los puestos académicos están ocupados por altos mandos que ni siquiera se presentan a trabajar? A esto se suma una denuncia interna de la UTJ donde se señala que la secretaria de la Coordinación de Química del CUCEI sería quien “le hace el favor” de firmar por él, realizando llamadas telefónicas para cubrir sus ausencias. No sorprende entonces que estudiantes del CUCEI se muestren confundidos al saber que, aunque no aparece desde hace más de un año en la currícula, Pulido sigue inscrito en SIIAU y aparece en transparencia con clases activas. La pregunta inevitable es: ¿a quién le imparte esas clases que sólo existen en papel?
Próximamente tendremos más información sobre las redes de poder, favores administrativos y vínculos ocultos entre la UTJ y la UdeG. Esta investigación apenas comienza, y cada documento que llega, cada denuncia anónima, cada contradicción encontrada, abre nuevas líneas que seguiremos hasta el final.
Síguenos para mantenerte al pie de esta investigación periodística que incomoda a quienes llevan años moviéndose en la sombra.
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director General de Revista Para Esto!
Diseño: Lily Galarza

Estudiantes denuncian represión, precariedad y control político de la UDG durante protesta en la FIL

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En un posicionamiento público realizado afuera de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), estudiantes organizados de distintos centros universitarios de la Universidad de Guadalajara denunciaron actos de represión, censura, violencia física y control político ejercidos por la propia institución. Las intervenciones, realizadas a micrófono abierto, señalaron que la UDG mantiene estructuras de poder que impiden la participación estudiantil real, reproducen prácticas autoritarias y sostienen negocios privados bajo el disfraz de educación pública.
La denuncia inició con un recuento de los hechos del 10 y 11 de septiembre, cuando estudiantes que realizaban un mitin pacífico en Rectoría fueron agredidos:
“Mandaron porros a violentar estudiantes, golpearon a menores de edad de preparatorias y a compañeros de todos los centros”, señalaron.
Un día después, un paro estudiantil en CUCSH Belenes también fue reprimido.
“Profesores, trabajadores y elementos ligados a la FEU participaron en las agresiones.”
Estudiantes añadieron que, tras esas jornadas, la UDG inició una campaña de hostigamiento y difamación:
“Publicaron datos personales de compañeros, difundieron información falsa y comenzaron a acosar en los centros universitarios.”
Lxs estudiantes denunciaron que el Consejo General Universitario no es un órgano democrático, pues la voz estudiantil está “tomada por la Feu Udeg y las autoridades universitarias”.
“La FEU no es representación, es un mecanismo de control”, afirmaron.
Además, señalaron que la actual Ley Orgánica sostiene privilegios políticos y económicos concentrados en pequeños grupos que controlan la institución.
Entre las denuncias, se expuso la contradicción entre la narrativa de gratuidad y la realidad del día a día:
“Nos cobran libros, comida, trámites; la universidad no es gratuita.”
También documentaron que muchos trabajadores y docentes están precarizados:
“Para escalar en la jerarquía laboral te obligan a vender tu moral y alinearte con las autoridades.”
Otro punto señalado fue el uso de la FIL como plataforma política y económica:
“Este evento se sostiene con trabajo no remunerado de estudiantes en servicio social.”
Mencionaron el reciente caso de un estudiante fue agredido por un guardia de seguridad por intentar descansar:
“No les dan espacios dignos ni derechos básicos.” de esto mismo la Fiscalía del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación.
El Comité de Solidaridad con Palestina GDL acusaron además censura en el retiro de un espacio dedicado a Palestina dentro de la feria, al tiempo que la UDG mantiene vínculos con el Estado de Israel:
“Una universidad pública no puede hablar de derechos humanos mientras evita pronunciarse sobre crímenes internacionales.”
En el mitin tomó la palabra el padre del egresado de la UDG “Héctor Adrián Águila Corona” desaparecido hace más de dos años:
“¿Qué está haciendo la universidad por buscar a mis hijos y a tantos estudiantes desaparecidos?”, cuestionó.
También denunció que en algunas ocasiones les retiran cédulas de búsqueda dentro de la propia UDG:
“Literal vuelven a desaparecer a nuestros desaparecidos.”
Colectivos de vivienda denunciaron la financiarización del sector inmobiliario y la falta de políticas públicas efectivas:
“La vivienda digna no puede seguir siendo un privilegio.”
Señalaron la necesidad de aumentar presupuesto al crear modelos de renta social y mecanismos contra la especulación.
Estudiantes del CUCSH denunciaron la presencia y protección institucional a “autodenominados fascistas” dentro del centro universitario:
“Se les ha dado espacio, ponencias y protección pese a los discursos de odio que promueven.” en @Revista Para Esto! denunciamos también esta situación, de un grupo autodenominado Falangista que tiene apoyo indirecto de la Universidad de Guadalajara.
El movimiento estudiantil planteó una demanda concreta, la democratización la UDG a través de asambleas por carrera y centro, sustituyendo los actuales mecanismos de representación:
“Las asambleas sí representan; la FEU solo cuida el interés de unos cuantos.”
Las intervenciones recordaron que las prácticas represivas no son nuevas:
“Desde los años 70, con la FEG, la universidad ha construido estructuras para golpear y perseguir estudiantes.”
Para los jóvenes, lo ocurrido en septiembre confirma que esas lógicas continúan vigentes.
“No nos miren, únanse. Si no luchamos nosotros, nadie lo hará.”
La denuncia colectiva sostiene que la represión, la censura y la violencia contra estudiantes forman parte de un patrón institucional que no ha sido atendido ni sancionado. La permanencia de estructuras de control político y la ausencia de procesos transparentes permiten que estos hechos se repitan sin consecuencias.
Al igual que otros episodios históricos de represión universitaria en México, lo ocurrido en la UDG muestra que cuando las autoridades no sancionan ni corrigen, la violencia se normaliza como herramienta de control. Y en ese contexto —dicen los estudiantes— la lucha por democratizar la universidad y defender derechos básicos no es solo legítimo, es urgente.
Si la represión no se nombra, si la violencia institucional no se reconoce y si quienes la ejercen no rinden cuentas, la repetición deja de ser accidente y se convierte en política de Estado.
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director General de Revista Para Esto!
Fotos: Lily Galarza y Boris

Pega de Cedulas en La Calma: Dignidad presupuestal a las instituciones de Búsqueda.

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Mario Antonio Lopez Carbajal
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Ayer, en el cruce de La Calma, las familias del Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. volvieron a ocupar el espacio público con su pega semanal de cédulas. Ahí, entre autos que pasan y miradas que evaden, levantaron los rostros de quienes el Estado no ha querido buscar. A unos metros, en el parque, organizaron también una kermés para recaudar fondos, porque en Jalisco, mientras el gobierno habla de estrategias, son las familias quienes pagan la búsqueda de sus propias hijas e hijos.

No debería sorprender que cada semana, el trabajo que tendrían que hacer las instituciones termina recayendo en los colectivos, son ellos quienes sostienen el hilo de una búsqueda que para el gobierno es rutina burocrática y, para las familias, es la vida entera suspendida.

Fue apenas el 4 de Diciembre que en el Congreso de Jalisco, la @Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas propuso añadir 352 millones de pesos al presupuesto 2026 para atender la crisis que el propio Estado reconoce como “humanitaria”. Ahí estaban todos, el jefe de Gabinete, el secretario de Hacienda, responsables del IJCF, de la Vicefiscalía, comisiones de búsqueda y víctimas, al acompañamiento de algunos representantes de colectivos de búsqueda.

La diputada Tonantzin Cárdenas cuestionó el absurdo de etiquetar 700 millones de pesos del C5 como “apoyo” al tema de desaparecidos, cuando esas cámaras —las mismas que siempre “no vieron”— nunca han sido garantía de nada. Al final lo dejaron ahí, sin cambiar la lógica, más vigilancia, poca búsqueda. Más tecnología, menos personal. Más discursos, cero reparación.

Las familias lo dijeron claro en la mesa. En Lagos de Moreno, por ejemplo, las cámaras ni siquiera funcionan. Y mientras se anuncian nuevas sedes del IJCF o incrementos mínimos a la Comisión de Búsqueda, la realidad es que cada institución opera al límite, sin personal, sin herramientas y sin voluntad para enfrentar lo que ellas ya nombran sin rodeos: una política de administración del dolor.

En medio de todo esto, aparece otro dato que desmonta la narrativa de control institucional. El profesor de la UdeG, Jorge Ramírez, reveló que Jalisco ni siquiera está dando seguimiento a denuncias registradas por otras instancias en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

Ahí están los casos de Cristopher Raymundo, 17 años, desaparecido en Tlaquepaque y reportado por Michoacán, Juan Manuel Zavala, 18, desaparecido en Guadalajara y reportado por la Comisión Nacional de Búsqueda. Ninguno tiene cédula emitida por Jalisco. Ninguno existe para las autoridades locales.

Y aun así, pese al subregistro, los números alcanzan para evidenciar la magnitud del abandono: casi 750 jóvenes desaparecidos cada año, más de 5 mil en apenas 30 meses. Jóvenes entre 15 y 19 años, desapareciendo en silencio, mientras el Estado discute presupuestos que apenas cubren lo básico.

En este sentido el Comité de Redacción de @Revista Para Esto! decimos no se evita la desaparición sin registro, no se busca sin recursos y no hay justicia cuando las familias tienen que hacer el trabajo del gobierno. En el Gobierno de Jalisco, la crisis no es solo de desapariciones, sino de un Estado que se rehúsa a mirar de frente lo que su propia desidia produce.

— La Lucha Continúa!

¿PALESTINA en la FIL?: Kyfuyas, banderas, sandías y una resistencia que atraviesa los pasillos

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Mario Antonio Lopez Carbajal
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En días recientes, cientos de personas solidarias —no consumidoras pasivas— caminaron los pasillos de la FIL con algo más que bolsas llenas de libros. Se les veía con kufiyyas al cuello, banderas palestinas amarradas a las mochilas, pines y parches de sandía, ese símbolo internacional que nació para burlar la censura. No era ornamento, era un posicionamiento político dentro de un espacio que presume pluralidad, pero que históricamente ha tomado partido por el opresor.
Esto coincidió con la presentación pública de la embajadora de Palestina en México, Nadya Rasheed, quien volvió a nombrar lo que muchos intentan ocultar con tecnicismos diplomáticos, el genocidio ejecutado por el Estado de Israel. Mientras tanto, afuera de los reflectores institucionales, el Comité de Solidaridad con Palestina GDL se organizó durante los días de la feria para empujar una exigencia que hoy ya suena inevitable, que el próximo invitado de honor sea Palestina, no otro escaparate para el colonialismo disfrazado de intercambio cultural.
La memoria sigue viva, muchxs recuerdan el episodio vergonzoso de la FIL 2013, cuando Israel fue el invitado de honor en plena intensificación de la ocupación y las masacres. Hoy once años después, la solidaridad que se cuela en forma de colores, telas y símbolos vuelve a incomodar a quienes administran la “neutralidad” como si fuera sinónimo de silencio cómplice.
Y mientras en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se habla de diversidad, otras instituciones académicas del país ya asumieron una postura ética mínimamente coherente, @El Colegio de Mexico (COLMEX) y el @Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) rompieron relaciones académicas con Israel ante las evidencias del genocidio. La UdeG mantiene vínculos, convenios y colaboraciones como si nada estuviera pasando, escondiéndose detrás de la diplomacia cuando se trata de exigir dignidad.
Ante parte de la academia mexicana ya entendió que no se puede colaborar con un Estado que bombardea universidades, bibliotecas y hospitales. La UdeG no. Por eso la solidaridad popular aparece donde las instituciones fallan, en los pasillos, en las mochilas, en las banderas que no se pueden censurar tan fácil.
– ¡Desde el Rio hasta el Mar! ¡Palestina Vencerá! 🇵🇸
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Familias prioritarias: sin nuevos fondos ni recursos

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Mario Antonio Lopez Carbajal
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El día de ayer se realizó la jornada habitual de pega de cédulas del Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco.. Luego de recibir una donación y colocar fichas de búsqueda en distintas zonas cercanas al centro de Zapopan, las familias se reorganizaron para definir sus próximas actividades. Entre ellas destaca una iniciativa que busca impulsar una reforma para que familias buscadoras con empleos informales puedan acceder a beneficios similares a los de un empleo formal.
La propuesta aún se discute en el Congreso de Jalisco sin embargo, el colectivo señala que mientras no se asignen más recursos a las instituciones de búsqueda, cualquier reforma corre el riesgo de quedarse en un gesto insuficiente.
En vísperas de Navidad, las familias enfrentan nuevamente la angustia de cerrar otro año sin respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. A pesar de que el Gobierno de Jalisco presume una disminución en las desapariciones —dato que este medio cuestiona—, ello no modifica el registro histórico que mantiene a Jalisco como uno de los estados con mayor número de personas desaparecidas.
El gobierno de Pablo Lemus Navarro se encuentra a las puertas del Mundial, pero difícilmente podrá evitar los cuestionamientos sobre su manejo de los temas sociales que arrastra los gobiernos de Movimiento Ciudadano una administración marcada por más altibajos que por verdaderas recuperaciones políticas.
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Colectivo Luz de Esperanza denuncia tortura y represión durante protesta en Jalisco.

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Mario Antonio Lopez Carbajal
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En rueda de prensa convocada por el colectivo Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD, AC), Lyly Meza y Héctor Cuñado voceros y cofundadores del colectivo denunciaron actos de represión y tortura cometidos por policías estatales durante una manifestación realizada el 31 de marzo de 2023 afuera de la entonces Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, hoy Vicefiscalía.
Esta inició con el testimonio de Lily Meza, madre de Maximiliano Romero Mesa, (desaparecido el 22 de octubre de 2020):
“Nos empezaron a encapsular, aventar y golpear. Yo fui la más agredida. Hasta la fecha tengo dos cervicales dañadas y no he podido continuar con el tratamiento”, señaló.
Lily afirmó que identificó a una de las agresoras, la policía Yaretsi Ortega Beleche, cuyo nombre quedó asentado en la denuncia. “La mayoría llevaba el rostro cubierto, pero ella no”, explicó. Además, acusó que personal de la vicefiscalía presenció las agresiones sin intervenir:
“En lugar de detener lo que estaba pasando, nos grababan y se burlaban.”
Tras las agresiones, presentó una denuncia ante visitaduría, que lamentablemente fue archivada. Posteriormente acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), donde se le practicó el Protocolo de Estambul, el cual resultó positivo. Sin embargo, la recomendación 028/2025, emitida por la CEDHJ, no reconoció la tortura, lo que motivó la impugnación ante la CNDH y una denuncia formal por ese delito.
Héctor Rodolfo Flores González, padre de Héctor Daniel Flores, (desaparecido en 2021), añadió que las agresiones contra Lily incluyeron “mordidas plenamente documentadas”. Señaló que tras ese episodio, los mismos elementos fueron enviados a otras movilizaciones, lo que calificó como hostigamiento y una burla.
“Integrantes del colectivo tenían prohibido ingresar, incluso cuando estábamos citados. Tenía que bajar algún funcionario para permitirnos el paso.”
El hostigamiento también ocurrió en búsquedas, donde denunció agresiones por parte de policías municipales de Tlaquepaque durante el procesamiento de restos humanos localizados en una fosa, lo cual constituye una irresponsabilidad de las autoridades y muestra de la falta de preparación de las autoridades en el tema de la desaparición forzada.
María Frida Hernández Sánchez, abogada del CEPAD e integrante del eje de tortura, señaló que las pruebas reunidas —peritajes, certificados médicos, testimonios y videos— coinciden con los estándares nacionales e internacionales para calificar los hechos como tortura:
“No se trata de un uso desproporcionado de la fuerza. La violencia funcionó como castigo por ejercer el derecho a la protesta.”
Hernández situó el caso dentro de un patrón de represión estatal documentado, que incluye los hechos del 28 de mayo de 2004, las detenciones y desapariciones durante las protestas por el asesinato de Giovanni López en junio de 2020, así como los recientes actos ocurridos el 15 de noviembre de 2024. También denunció la práctica de la CEDHJ de testar los nombres de las y los servidores públicos involucrados en hechos graves:
“Ocultar los nombres viola el derecho a la verdad. La sociedad tiene derecho a saber quiénes cometieron estas violaciones.”
Ante este caso violatorio a la justicia, el CEPAD y el colectivo hicieron un llamado a:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para realizar una investigación exhaustiva y ordenar una nueva recomendación que reconozca explícitamente la tortura.
– La CEDHJ, para transparentar los nombres de las personas servidoras públicas responsables.
– La Dirección de Investigación del Delito de Tortura, para abrir las carpetas correspondientes.
– El Gobierno de Jalisco, para detener la criminalización de personas manifestantes.
“Si nombrar la tortura incomoda, la vamos a seguir nombrando hasta que se haga justicia”, concluyó Hernández.
La denuncia del Colectivo Luz de Esperanza y del CEPAD recuerda que la represión del 31 de marzo de 2023 no fue un hecho aislado, sino parte de una forma de operar que el Gobierno de Jalisco ha visto repetirse. Lo ocurrido en el Gobierno de Guadalajara dialoga directamente con lo sucedido en San Salvador Atenco en 2006, donde el Estado negó sistemáticamente las violaciones, usó la fuerza pública como herramienta de castigo y protegió a los responsables mediante omisiones, dilaciones y archivos. Aquella impunidad permitió que las agresiones se repitieran en otros contextos y dejó claro que, cuando no hay sanción, el poder entiende que puede avanzar sin freno.
Hoy, en Jalisco, el no reconocimiento de la tortura, el ocultamiento de nombres y la normalización del hostigamiento contra familiares que buscan a sus desaparecidos reactivan esa misma lógica. Cuando el Estado no corrige ni castiga, abre la puerta a que el uso ilegítimo de la fuerza se vuelva recurso cotidiano, más aún ante eventos de gran visibilidad —como el Mundial— donde históricamente los gobiernos endurecen el control policial para “limpiar” el espacio público y contener la protesta social.
Para Esto! si las violaciones no se nombran, si la tortura no se reconoce y si las autoridades responsables no enfrentan consecuencias, la repetición se vuelve política de Estado. Y en ese escenario, la defensa de los derechos humanos no solo es necesaria: es urgente.
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Ve la rueda de prensa aquí: https://youtu.be/UDBn2MS9mGk

Colectivo Luz de Esperanza acusa simulación y falta de resultados reales en la Fiscalía Especializada y la nueva Secretaría de Inteligencia

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Mario Antonio Lopez Carbajal
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Este domingo 23, durante su pega semanal de cédulas afuera de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. volvió a denunciar lo que consideran una estrategia sistemática del Gobierno de Jalisco para maquillar las cifras y dar la apariencia de que la crisis de desapariciones “va a la baja”, cuando en realidad —dicen— nada ha cambiado.
“Quieren dar la apariencia de que el problema disminuye, pero no es verdad. Dicen que localizan mil 700, mil 300 personas… pero de todas esas solo 50 son realmente desaparición conforme a la Ley General. Las demás no tienen delito o son por otros delitos. Entonces no, las cosas no están mejorando”, señalo el Vocero de Luz de Esperanza Héctor Cuñado.
A pesar de los discursos oficiales y las declaraciones recientes de la vicefiscal Blanca Trujillo, quienes buscan a sus familiares recuerdan que Jalisco sigue siendo el estado número uno en desapariciones en el histórico nacional. “Por meses podrás ver que baja un poco, pero seguimos igual. La crisis continúa”, afirmaron.
El colectivo también cuestionó duramente el desempeño de la recién creada Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, a casi un año de su formación. Para las familias, la dependencia no ha mostrado ningún resultado concreto.
“Dicen que llevan poco tiempo y que están en proceso. Yo quisiera saber cuántos años más necesitamos para que terminen de ‘conformarla’ y empiecen a dar resultados”, dijeron. Además, señalaron que esta secretaría duplica funciones que ya existen en otras instituciones.
Incluso cuestionaron su utilidad: “No ha presentado ningún insumo de inteligencia. Sabemos que en Jalisco hay al menos seis campamentos activos del crimen organizado. ¿Dónde está la Secretaría de Inteligencia? ¿Qué han hecho con Seguridad del Estado para rescatar a las personas con vida?”.
También desmintieron que esta institución acompañe búsquedas en campo: “En nuestro colectivo no nos ha tocado verlos. No han ido con nosotros a ninguna búsqueda”.
Para las familias, este nuevo organismo parece más una maniobra política: “La legitimaron usando el tema de los desaparecidos. Igual que hicieron con la Ley Luna, meten a las familias para justificar estructuras que no están hechas para la búsqueda”.
Mientras tanto, las familias siguen haciendo lo que el Estado no hace: buscar, documentar, presionar, poner el cuerpo. Y aunque el gobierno intente disfrazar la crisis con cifras “a modo”, lo que pasa en Jalisco no se oculta con boletines: se ve en las fosas, en los campamentos criminales, en las cifras históricas y en la ausencia de resultados reales.
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director General de Revista Para Esto!

Que se vea la inconformidad antes de que maquillen las rayas de la disidencia estudiantil

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Canser
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Podrán borrar con pintura las voces de la inconformidad de estudiantes que no se sienten representados por la Federación de Estudiantes Universitarios, (Feu Udeg) , podrán limpiar con silencio las múltiples represiones de su organización inclinada a la identidad privilegiada por el control y el poder estudiantil. La FEU desde su fundación en 1991 por el entonces rector de la Universidad de Guadalajara, UdeG, Raúl Padilla López, nació con el objetivo de la sumisión estudiantil con la filosofía del neoliberalismo. La FEU no germinó de la noche a la mañana, fue fundada por ex integrantes de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, FEG, pactados con billetazos y con puestos administrativos dentro de la universidad.
Hoy en día existe oposición contra la FEU, así como en los años 70´s el Frente Estudiantil Revolucionario, FER, enfrentó a la detestable FEG. Es el relevo generacional. Que la historia nos refresque la memoria. Juan Manuel Negrete nos dice que:
Una institución educativa no orientada a la liberación de los seres humanos, que educa pero que no induce a una auténtica emancipación, es una institución docente pervertida. Podrá formal y técnicamente todos los requisitos que se exigen para calificarla como instancia de calidad, en cuestiones pedagógicas, didácticas y anexas. Pero en su esencia está desvirtuada. Obedece a fines diversos.
La Asamblea Estudiantil Autónoma Universitaria el día 19 de noviembre del 2025 alrededor de las 5:00 de la tarde le recordó a la Federación de Estudiantes a través de la iconoclasta revolucionaria su pasado y presente. Los hechos sucedieron el mismo día en que @Fernanda Romero, la supuesta presidenta electa de la organización estudiantil, tomó protesta como nueva dirigente estudiantil. Con el tiempo veremos que es más de lo mismo. Promesas. Cambios que no serán cambios. Mayor presupuesto para la FEU y la universidad. Hablar de paz cuando su lucha es la represión, la complicidad y los silencios.
Las pintas no reflejan vandalismo, son mensajes de voces estudiantiles consientes de la historia del ayer y el ahora de la UdeG. Al final de cuentas serán borradas las protestas, pero todos sabemos lo que representan.
Redacción y Fotos:
— Canser. Ig (@indigomorales0210)
— La Lucha Continúa!
Dirección General de Revista Para Esto!

Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. realiza pega de cédulas tras la manifestación del 15 de Noviembre y alerta sobre la profundización de la crisis forense en México

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Mario Antonio Lopez Carbajal
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Ayer, el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. llevó a cabo su pega semanal de cédulas alrededor del Palacio de Gobierno, en lo que fue la primera acción pública después de la manifestación del 15 de noviembre. La jornada no solo reafirmó la exigencia de búsqueda de las personas desaparecidas, sino que también abrió un espacio de diálogo urgente entre las familias respecto a las nuevas alertas sobre la crisis forense nacional y las recientes reformas impulsadas desde el gobierno federal, entre ellas la Plataforma Única, la Ley General de Plataformas y la implementación de la CURP biométrica.
Durante la actividad, varias integrantes del colectivo compartieron información obtenida en un taller reciente en la Ciudad de México, donde se reunieron con especialistas del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Centro de Coordinación Forense. En esa reunión se discutió la manera en que estas reformas buscan centralizar bases de datos, automatizar alertas y reestructurar los mecanismos de identificación. Aunque algunos elementos podrían resultar positivos, las familias advirtieron que la mayoría de estas plataformas están pensadas hacia el futuro, sin atender la prevención ni las necesidades de quienes ya buscan a un familiar desaparecido. Aun así, insistieron en que es indispensable conocer a fondo estas reformas, pues marcarán la forma en que operarán las alertas y la identificación en los próximos años.
La preocupación más fuerte surgió al conocerse que únicamente once estados del país utilizan sistemas genéticos compatibles entre sí. Jalisco, como muchos otros, opera con su propio sistema y, adicionalmente, con un programa llamado Énfasis, compartido por solo seis entidades. Esto significa que las confrontas genéticas que la Fiscalía General de la República envía a otros estados no garantizan ninguna certeza, ya que lo que actualmente se remite son electroferogramas, una representación parcial del ADN comparable a un electrocardiograma: útil para registro interno, pero insuficiente para una identificación precisa. Especialistas del CICR señalaron que ese tipo de archivo “no sirve” para una confronta confiable y que lo que debería enviarse son los 24 marcadores genéticos completos, proceso imposible de realizar mientras cada estado continúe manejando sistemas incompatibles entre sí.
En este contexto, la información revelada por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo ( CEPAD, AC ) agravó aún más la preocupación de las familias. De acuerdo con su informe más reciente, en Jalisco se han acumulado más de 11 000 cuerpos y restos humanos sin identificar entre 2006 y agosto de 2025, resguardados tanto en las cámaras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses como en panteones forenses. A nivel nacional, se estima que existen más de 130 000 cuerpos sin identificar, mientras que los servicios forenses del país almacenan entre 68 000 y 70 000 restos. Las familias recordaron que esta situación abre la posibilidad de que una parte considerable de las personas desaparecidas se encuentre en cementerios o depósitos de restos sin que los registros estatales permitan establecer su identidad.
Ante este panorama, miembros del colectivo insistieron en que es urgente exigir la unificación de todas las bases de datos genéticas del país, la certificación completa de los laboratorios forenses y la instalación del programa COES en cada entidad federativa. Advirtieron que, sin inversión pública seria ni homologación técnica, la identificación masiva seguirá siendo prácticamente imposible. También insistieron en que las familias deben comenzar a preguntar directamente a la Fiscalía qué sistemas genéticos utiliza cada estado cuando se solicite una confronta, para asegurarse de que la información pueda ser procesada y no se pierdan recursos en análisis que nunca podrán compararse de manera efectiva.
Otro de los temas abordados fue la necesidad de que las familias conozcan sus herramientas legales. Se explicó que, en ciertos casos donde existan indicios de participación del crimen organizado o de autoridades estatales, la Comisión Local de Búsqueda tiene la facultad de solicitar que la carpeta sea federalizada sin necesidad de amparo, algo que muy pocas familias saben. También se expuso que las comisiones de víctimas y de búsqueda poseen facultades más amplias de lo que comúnmente se cree, por lo que se anunció la intención de organizar un taller de cuatro a cinco horas para revisar los alcances legales de la Ley General y la Ley Estatal de Personas Desaparecidas, con el fin de brindar a las familias las herramientas necesarias para enfrentar a instituciones que rara vez actúan por iniciativa propia.
La pega de cédulas cerró con un llamado a la organización y a la presión social permanente. Mientras los rostros y nombres se adherían a las paredes del Palacio de Gobierno, las familias insistieron en que la crisis forense que atraviesa México no es solo una falla administrativa: es una crisis humanitaria y política que continúa profundizándose ante la ausencia de voluntad estatal. Mantener la memoria en las calles, dijeron, es la forma más inmediata de recordar que la desaparición forzada sigue siendo una herida abierta que exige verdad, justicia y acción inmediata.
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director General de Revista Para Esto!

Tercera Asamblea Interuniversitaria: Avanza la organización estudiantil rumbo a la FIL y la marcha del 19 de noviembre

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Mario Antonio Lopez Carbajal
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Guadalajara, Jalisco — 12 de noviembre de 2025

Escrito Por

Mario Antonio Lopez Carbajal

La tercera Asamblea Interuniversitaria de la Universidad de Guadalajara reunió a lxs estudiantiles de los distintos centros universitarios —CUCS, CUCSH, CUCEI, CUCEA, CUAAD, CuTonalá y CuGDL— con el objetivo de fortalecer la coordinación entre asambleas, avanzar en la formulación de propuestas políticas unitarias y definir un plan de acción común ante las próximas movilizaciones.

El encuentro inició con la discusión sobre los balances políticos de cada centro. CUAAD propuso incluir un análisis de las condiciones organizativas locales, retomando la propuesta de CUCEA, mientras que CUCEI consideró que no había tiempo suficiente para realizar informes individuales. Finalmente, por mayoría visible, se acordó que los balances se presentarían dentro del punto de Asuntos Generales.

El primer punto del orden del día se centró en la construcción de una metodología unitaria para la elección de representantes por carrera, propuesta presentada originalmente por CUCSH.

El planteamiento busca que los representantes sean elegidos directamente por sus asambleas de carrera, con carácter de revocabilidad y autonomía, para fortalecer la democracia interna y movilizar a un mayor número de estudiantes.

Durante la discusión, las delegaciones coincidieron en la importancia de replicar este modelo según las condiciones de cada centro. CUCSH compartió su experiencia organizativa, señalando que el proceso inició con grupos de comunicación estudiantil que posteriormente dieron paso a asambleas por carrera.

CUCEA, CUCEI, CuTonalá y CuGDL manifestaron su respaldo y se comprometieron a implementar el acuerdo en cuanto existan las condiciones. La propuesta fue aprobada por unanimidad.

El segundo punto abordó la construcción de una metodología unitaria para el análisis y reforma de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara, a cargo de la Comisión de Formación Política (CFP).

Dicha comisión presentó un esquema de trabajo que contempla la recopilación de aportes por parte de las asambleas, su sistematización en un documento único y la realización de un foro interasambleario para discutir públicamente las propuestas.

Las delegaciones coincidieron en la relevancia del proceso. CUCS propuso impulsar círculos de estudio que acerquen el análisis a más estudiantes, CUAAD y CUCEA enfatizaron la necesidad de diálogo, transparencia y coordinación intercentros, mientras CUCEA recordó que la Ley Orgánica ha sido utilizada por las autoridades como instrumento de control político sobre el movimiento estudiantil.

Por mayoría visible, se aprobó la elaboración de un documento unificado de análisis y reforma, coordinado por la comisión

El tercer punto del orden del día se centró en la planeación de acciones durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde CUCSH propuso realizar actividades artísticas, culturales y de denuncia pública para visibilizar la violencia y represión que enfrenta la comunidad estudiantil ante la mirada de la comunidad internacional.

Las distintas asambleas respaldaron la iniciativa, proponiendo agregar expresiones como venta o trueque de libros, micrófono abierto, exposiciones y la difusión del periódico estudiantil.

Se acordó, por mayoría visible, crear una nueva comisión interasamblearia encargada de la organización de las actividades, manteniendo la convocatoria abierta a colectivos democráticos y universitarios externos.

Posteriormente, la Comisión de Pliego presentó un documento dirigido al Congreso de Jalisco que incluye tres demandas principales:

1. Presupuesto etiquetado para transporte gratuito.

2. Presupuesto para comedores subsidiados, con un costo máximo de 15 pesos por platillo completo.

3. Aumento del 30% al presupuesto universitario.

Durante la discusión, CUAAD propuso incluir la rehabilitación de espacios culturales y la creación de un sindicato de estudiantes-trabajadores de servicio social, CUCS y CUCEI señalaron la necesidad de elaborar un pliego paralelo dirigido a Rectoría General para atender las necesidades específicas de cada centro; mientras CuTonalá y CuGDL advirtieron sobre las limitaciones legales del Congreso en la asignación de etiquetas presupuestales, sin oponerse al contenido general. El documento fue aprobado como pliego interasambleario base, con posibilidad de anexar puntos particulares en cada centro.

Finalmente, se presentó el plan de acción unitaria rumbo al 19 de noviembre, fecha en la que se definirá el presupuesto de la UdeG. La propuesta original contemplaba una marcha de Rectoría General al Congreso del Estado, con el objetivo de entregar los pliegos petitorios y exigir mesas de trabajo.

Sin embargo, tras dos votaciones, las delegaciones aprobaron realizar un mitin político-cultural, en lugar de una marcha, para evitar el desgaste de los militantes y concentrar esfuerzos en la articulación con otros colectivos sociales.

La fecha y hora se mantienen: miércoles 19 de noviembre a las 10:00 a.m.

Durante los Asuntos Generales, la asamblea de CUCEA denunció amenazas de baja académica contra miembros activos del movimiento, lo que generó preocupación entre los asistentes. Se acordó abrir la discusión para la creación de un protocolo de seguridad interasambleario, a fin de responder colectivamente ante casos de represión o persecución política dentro de la universidad.

Lxs representantes de los distintos centros coincidieron en que la Asamblea Interuniversitaria continúa siendo el único espacio legítimo de deliberación democrática, libre de las estructuras burocráticas de la Federación de Estudiantes Universitarios ( Feu Udeg ) y del Consejo General Universitario (CGU).

En un contexto de creciente violencia y precarización, las asambleas insisten en que la organización y la unidad estudiantil son el camino para transformar la Universidad de Guadalajara desde sus bases.

— La Lucha Continúa!

Mario Antonio López Carbajal

—Director General de Revista Para Esto!

(Información obtenida de la relatoría interasamblearia).

Mario Antonio Lopez Carbajal

Director de Revista Para Esto! | Estudiante de Sociología en la Universidad de Guadalajara. | Periodista independiente y activista. | Creé este proyecto para darle voz y visibilidad a estudiantes y obreros que vivimos y resistimos las problemáticas del día a día. – La Lucha Continúa!

 

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