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El Mundial frente a la crisis de desapariciones en Jalisco: la Mañanera desde Jalisco

Guadalajara, Jalisco — 07 de Marzo de 2026

Ayer durante la Mañanera del Gobierno de México que se llevó a cabo en Jalisco, mientras el gobierno federal y el estatal presentaban el operativo de seguridad rumbo al Mundial de fútbol, la intervención de la periodista María Luisa Estrada, de la Grillotina Política y colaboradora de nuestro medio Revista Para Esto ! colocó sobre la mesa una realidad que en Jalisco resulta ya imposible de ignorar la crisis de desapariciones y el reclutamiento forzado de jóvenes.

La pregunta inicial se centró en el dispositivo de seguridad para el torneo. Autoridades militares confirmaron que los operativos iniciarán 15 días antes del comienzo del Mundial y podrían extenderse hasta 15 días después de su conclusión, con presencia del Defensamx , Guardia Nacional y policías estatales.

Sin embargo, durante su intervención, la compañera Estrada cuestionó la ausencia de políticas de prevención contundentes frente al reclutamiento criminal. También advirtió que el fenómeno ha crecido de manera alarmante y que ya no se limita a sectores marginados.

“El reclutamiento ya no es solamente en sectores vulnerables, ya hay desaparecidos tanto en escuelas privadas como en públicas”, explicó.

También denunció que las redes sociales se han convertido en uno de los principales mecanismos de captación, mediante ofertas falsas de empleo.

“Facebook y TikTok se han convertido en el principal gancho para engañar a los jóvenes”, dijo, agregando que “hay registros de que el menor más pequeño reclutado tiene 12 años de edad”.

A esto se cuestionó la manera en que operan las instituciones cuando se trata de rescatar víctimas.

“Pareciera que los protocolos están hechos para encontrarlos ya sin vida, pero no para encontrarlos con vida”, señaló.

La intervención recordó además que Jalisco continúa encabezando el número de personas desaparecidas en México:

“Jalisco ocupa el deshonroso primer lugar a nivel nacional en personas desaparecidas”.

Como ejemplo de esta crisis se mencionó el caso de dos jóvenes hondureños rescatados en Tlajomulco de Zúñiga, quienes habrían sido engañados mediante redes sociales con una oferta laboral y mantenidos durante un año por un grupo criminal. El rescate fue posible gracias a la intervención de colectivos de búsqueda y la embajada de Honduras, evidenciando fallas de coordinación entre corporaciones de seguridad.

También se recordó el caso de Carlos Maximiliano Romero Mesa, desaparecido en 2020 en Zapopan, considerado el primer caso reconocido judicialmente como desaparición forzada en el estado. Ante estos cuestionamientos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que el objetivo del gobierno es evitar que los jóvenes se acerquen al crimen organizado.

“Nuestro objetivo es que ningún joven se acerque a un grupo delictivo, ni de manera voluntaria ni de manera forzada”, afirmó.

De acuerdo con la mandataria, programas educativos y comunitarios buscan mantener a los jóvenes dentro de las escuelas.

“Los jóvenes de 15 a 17 años tienen que estar en la escuela y la responsabilidad del Estado es abrir espacios para ello”.

Por su parte, el gobernador Pablo Lemus Navarro destacó el trabajo con colectivos de familiares de desaparecidos, señalando que una reciente reforma impulsada por organizaciones ciudadanas permitió reconocer constitucionalmente a las familias como víctimas.

“Fue una iniciativa de los colectivos, no fue una iniciativa del gobierno del Estado”, explicó.

Desde Revista Para Esto! también es necesario señalar otro punto que permanece prácticamente ausente en el debate público la postura de la Universidad de Guadalajara .

La institución registra un número importante de estudiantes desaparecidos, sin embargo hasta ahora no ha mostrado una voluntad clara de involucrarse política o académicamente en la discusión estructural del problema.

Una postura que no sorprende si se observa la actitud de la rectora Karla Planter quien recientemente recibió oficios recordando el trato hipócrita que mantuvo hacia nuestro director Mario Antonio López Carbajal, estudiante del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

La contradicción resulta evidente si se recuerda que, durante la conferencia del pasado 4 de marzo, la propia rectora afirmó que los estudiantes se distinguen por el pensamiento crítico que se desarrolla dentro de la universidad.

Pero frente a la crisis de desapariciones que también golpea a su propia comunidad estudiantil, ese pensamiento crítico no parece traducirse en una postura institucional clara ni en una política académica seria frente al problema. Cuando la universidad se vuelve poder

Desde Revista Para Esto! también advertimos un problema que resurge y que es el creciente poder político que la Universidad de Guadalajara ha acumulado dentro del estado.

La universidad ha pasado buscando su resurgimiento de poder como lo tuvo alguna vez en los años 70’s y que ahora se ve de enorme influencia dentro de la estructura de poder de Jalisco, beneficiando a cuadros que continúan reproduciendo su control institucional.

Uno de esos casos es el de Ricardo Villanueva Lomelí actual subsecretario de Educación Superior del gobierno federal y señalado como próximo delegado de Morena Jalisco en el estado.

Desde de Revista Para Esto! denunciamos que tanto el gobierno federal como el estatal están permitiendo que este grupo universitario acumule nuevamente poder político, consolidando una red de influencia que recuerda a los viejos cacicazgos que dominaron la vida pública de Jalisco durante décadas.

El riesgo es evidente, una universidad que debería ser espacio de pensamiento crítico y autonomía termina operando como aparato de poder, beneficiando a élites internas mientras la crisis de desapariciones continúa golpeando a la sociedad.

En un estado marcado por la violencia y la memoria de la represión política, resulta imposible no recordar los años setenta y el periodo de la llamada Guerra Sucia, cuando redes de poder regional se consolidaron bajo la sombra del autoritarismo.

Nosotros preguntamos,

¿estamos frente al regreso de esos cacicazgos, que el padillismo permitió?

— La Lucha Continúa!

Mario Antonio López Carbajal

Director General de Revista Para Esto!

#JaliscoDesaparece #CrisisDeDesapariciones #MundialConDesaparecidos #UdeGYPoder #LaLuchaContinúa

 

La movilización social frena el tarifazo… pero La Lucha Continúa!

Guadalajara, Jalisco – 06 de Marzo de 2026

La presión social logró lo que el Gobierno de Jalisco nunca quiso discutir con la ciudadanía frenar que la tarifa de 14 pesos del transporte público en Jalisco se impusiera condicionada al uso de la tarjeta “ #AlEstiloJalisco ”.

El anuncio del gobernador Pablo Lemus Navarro no fue una concesión política sino el resultado de meses de organización, movilización y presión social. Lo que se echó atrás fue el esquema condicionado y ahora la tarifa queda en 11 pesos para todas las personas permitiendo el pago en efectivo, con tarjeta Mi Movilidad o con la tarjeta Al Estilo Jalisco.

En otras palabras el gobierno tuvo que retroceder ante la presión ciudadana aunque el problema de fondo sigue intacto un transporte caro y un servicio deficiente.

Durante una rueda de prensa, integrantes de la Asamblea Popular contra el Tarifazo señalaron que esta decisión es resultado directo de la articulación entre estudiantes, organizaciones sociales, personas trabajadoras y distintos sectores de la sociedad que rechazaron el aumento.

Desde la Asamblea se dijo que esta victoria no es del gobierno ni de los partidos, sino de la ciudadanía organizada. Durante todo el proceso, denunciaron, no existió consulta pública ni participación real de los usuarios, mientras distintas figuras políticas intentan ahora adjudicarse un logro que no les pertenece.

Sin embargo, para la Asamblea el problema de fondo sigue intacto. La tarifa de 11 pesos continúa siendo injusta, ya que miles de personas destinan una parte significativa de su ingreso diario únicamente para poder trasladarse en la ciudad. El modelo actual, señalaron, mantiene al transporte público como un negocio privado sostenido por el bolsillo de la población.

El movimiento también exigió la renuncia del secretario Diego Monraz de la Secretaría de Transporte Jalisco, a quien responsabilizan por la falta de transparencia, la mala gestión del sistema y las decisiones que han encarecido el transporte sin mejorar el servicio.

Además, denunciaron que el gobierno mantiene vínculos con la empresa Broxel, responsable de la Tarjeta Única, lo que podría significar la concentración de recursos públicos y datos personales de miles de usuarios en manos de una empresa privada señalada por irregularidades.

Para la Asamblea, el anuncio del gobierno es más un intento de desactivar la presión social que una solución real al problema del transporte en el estado.

Marcha popular contra el tarifazo

Ante este escenario, el movimiento convocó a una megamarcha popular contra el tarifazo para mantener la presión social.

  • Glorieta de La Normal
  • Sábado 14 de marzo
  • 3:00 PM

“Cuando la ciudadanía se organiza, las decisiones cambian. Pero esto apenas es el comienzo”.

El tarifazo se frenó en las calles, y será en las calles donde continúe la lucha por un transporte verdaderamente público en Jalisco.

— La Lucha Continúa!

Mario Antonio López Carbajal

Director General de Revista Para Esto!

#NoAlTarifazo #TransporteDigno #MovilidadParaElPueblo #14DeMarzoALaCalle #ElPuebloOrganizado

 

Agua y opacidad al estilo Jalisco: cuando el Estado esconde lo que debería explicar en el Lago de Chapala

Guadalajara, Jalisco — Febrero de 2026

Lo que hoy está en disputa no es solamente un acueducto. Es el derecho a saber, el derecho a decidir y el derecho a defender el territorio sin que el Estado convierta la información pública en expediente reservado. El conflicto en torno al nuevo acueducto Chapala–Guadalajara ha dejado al descubierto una práctica que en Jalisco ya no sorprende, pero sí indigna: anunciar megaproyectos con bombo y platillo y, cuando la ciudadanía exige sustento técnico, responder con un sello de “confidencial”.

El Frente de pueblos de la ribera del Lago de Chapala denunció que la Comisión Estatal del Agua de Jalisco clasificó como reservada la información del proyecto ejecutivo del acueducto. No se trata de un trámite administrativo menor. Se trata de estudios de extracción, impacto ambiental, proyecciones de riesgo hídrico, costos millonarios y criterios técnicos que afectarán directamente a uno de los cuerpos de agua más importantes del país, el Lago de Chapala.

El Gobierno de Jalisco anunció la obra desde abril de 2025, pero cuando se solicitó el documento que la respalda, la respuesta fue la negativa bajo argumentos genéricos vinculados a “seguridad de infraestructura” y “protección de la salud pública”, sin acreditar de manera clara el daño real que implicaría transparentar la información ni presentar una versión pública testada, como obliga la ley.

El debate que se intenta imponer desde el discurso oficial gira en torno a la supuesta urgencia técnica: que el ducto actual está por colapsar, que la infraestructura es obsoleta, que no se incrementará la extracción más allá de los 7.5 metros cúbicos por segundo concesionados. Pero ese no es el núcleo del problema. El núcleo es que el lago está sometido a una crisis ambiental profunda.

Contaminación industrial, descargas municipales insuficientemente tratadas, agroquímicos, deforestación, presión inmobiliaria, invasión de zonas federales y pérdida de biodiversidad forman parte de un deterioro acumulado que no se resuelve colocando más tuberías. Sin un plan integral de restauración con presupuesto claro, cronograma público y evaluación independiente, hablar únicamente de conducción es reducir el problema a una dimensión técnica que invisibiliza su raíz estructural.

Sin información completa no puede existir participación real. Las comunidades ribereñas lo han señalado sin acceso al proyecto ejecutivo no puede haber consulta informada ni evaluación independiente. Por ello interpusieron un amparo y recordaron que México está obligado por el Acuerdo de Escazú a garantizar acceso amplio y oportuno a la información ambiental. La opacidad contradice ese compromiso internacional y vacía de contenido el discurso de “socialización” que se repite en declaraciones mediáticas. Porque hay una contradicción evidente por un lado se reserva formalmente la información y por otro, se afirma públicamente que el proyecto está listo y será presentado. Si existe y está terminado, ¿por qué no puede revisarse? Si es técnicamente sólido, ¿por qué temer al escrutinio ciudadano?

Desde la los pueblos en resistencia se recordó que el lago no es un almacén de agua al servicio del crecimiento urbano metropolitano. Es un ecosistema vivo del que dependen miles de personas. Es el lago más grande de México y un humedal de relevancia internacional. En las comunidades se habla de enfermedades renales, de especies desaparecidas, de contaminación acumulada durante décadas. Mientras tanto, en Guadalajara se pierde entre el 50 y el 60% del agua por fugas en la red y se desaprovechan millones de metros cúbicos de lluvia por falta de políticas serias de captación pluvial. El modelo dominante insiste en extraer y conducir; la discusión pendiente debería centrarse en restaurar y gestionar de manera sostenible.

Lo que está en juego no es un privilegio ni un capricho comunitario. Es transparencia en el uso de recursos públicos y en decisiones que impactan el futuro hídrico de la región. Cuando el Estado clasifica información ambiental estratégica sin justificar de manera rigurosa el daño que su difusión causaría, lo que hace es cerrar la puerta a la deliberación democrática. En un contexto de crisis climática y escasez creciente, esa decisión no es técnica: es política.

La defensa del Lago de Chapala no puede construirse sobre el silencio institucional. La gestión del agua no puede sostenerse en la opacidad. Y si el gobierno insiste en reservar, la sociedad insistirá en exigir. Porque cuando un lago se degrada, no desaparece solo un cuerpo de agua; se erosiona una forma de vida, una economía local y un equilibrio ecológico que no puede reconstruirse con discursos ni con sellos de confidencialidad.

Pablo Lemus Navarro

Gobierno de Guadalajara

— Salvemos el Lago de Chapala!

— La Lucha Continúa!

Mario Antonio López Carbajal

Director General de Revista Para Esto!

#TransparenciaYa #ElLagoNoSeToca #ChapalaSeDefiende #NoALaOpacidad #AguaEsVida

 

Ni hambre ni tarifazos: Asamblea Interuniversitaria defienden sus derechos como estudiantes.

Guadalajara, Jalisco – 21 de Febrero de 2026

La Asamblea Interuniversitaria volvió a reunirse el pasado miércoles 18, en un momento donde el aumento al transporte, la precarización cotidiana y la vigilancia dentro de la propia universidad ya no pueden ignorarse. Lo que atraviesa hoy a la comunidad estudiantil no es solo un descontento coyuntural, sino un proceso más profundo en el que el costo de estudiar aumenta mientras las condiciones materiales y políticas se estrechan. El llamado tarifazo no es únicamente un ajuste económico, es un golpe estructural que traslada la crisis hacia quienes dependen del transporte público para sostener su formación académica.

Cada peso que sube el pasaje impacta directamente en la posibilidad de asistir a clases, de trabajar y estudiar al mismo tiempo, de permanecer en la universidad. A esto se suma la bancarización forzada mediante la empresa Broxel que convierte el derecho a la movilidad en un mecanismo financiero que concentra datos y condiciona el acceso. No se trata solo de pagar más, sino de hacerlo bajo un esquema que privatiza información y normaliza el control impulsado por Pablo Lemus Navarro y el Gobierno de Jalisco.

En la discusión interuniversitaria quedó claro que las vías institucionales han sido insuficientes. Firmas, exhortos y comunicados no han detenido el aumento. Por eso comenzó a plantearse que el tarifazo no debe entenderse únicamente como un problema estudiantil, sino como un problema de clase. El transporte no afecta solo a quienes estudian, sino a quienes trabajan, a quienes sostienen esta ciudad día a día. La necesidad de articularse con sindicatos, camioneros, profesorado y sectores obreros dejó de ser una consigna retórica y empezó a asumirse como estrategia. Porque si el transporte es negocio para unos cuantos, entonces la disputa ya no es administrativa, es política.

Paralelamente, la falta de comedores suficientes y accesibles se volvió uno de los ejes más sentidos. La precariedad no es un discurso es el estudiante que tiene que decidir entre pagar el pasaje o comer. En ese contexto, los comedores comunitarios han dejado de ser iniciativas aisladas para convertirse en espacios de organización. La creación de una Comisión Interuniversitaria de Comedores Comunitarios no solo responde a la necesidad de coordinar insumos o compartir experiencias, por ello responde a la urgencia de sostener materialmente la vida estudiantil. Mientras la universidad proyecta modernización y crecimiento institucional, buena parte del estudiantado se organiza para garantizar algo tan básico como la alimentación. La exigencia empieza a tomar forma política: comedores subsidiados, presupuesto etiquetado, infraestructura digna. No como caridad, sino como disputa directa por el modelo universitario y por el destino de los recursos públicos.

Pero junto al tarifazo y la falta de comedores, se ha ido consolidando otro fenómeno más preocupante, el cerco interno. Desde la Revista Para Esto!, nosotros como estudiantes de la Universidad de Guadalajara, hemos documentado cómo el libre tránsito entre centros universitarios se ha restringido de manera sistemática.

Estudiantes con credencial vigente no pueden ingresar a otros campus; en muchos casos, ni dejando identificación en seguridad se les permite el acceso. Lo que debería ser una comunidad universitaria abierta se convierte en un conjunto de espacios fragmentados, vigilados y condicionados. A esto se suma la implementación de sistemas de reconocimiento facial bajo el argumento de modernización y seguridad. Sin embargo, cuando estas prácticas se desarrollan en un contexto de organización estudiantil, vigilancia y seguimiento, el sentido cambia. La tecnología deja de ser administrativa para adquirir un carácter político.

El cruce entre universidad y poder partidario tampoco puede ignorarse. El exrector de la UdeG, Ricardo Villanueva Lomelí hoy subsecretario de Educación Superior, se perfila como próximo delegado de Morena Jalisco. Esta circulación entre aparato universitario, gobierno federal y estructura partidaria evidencia que la universidad no está aislada del juego político estatal. Cuando las fronteras entre gestión académica y estructura de poder se diluyen, la vigilancia interna y las restricciones dejan de parecer meramente administrativas y comienzan a entenderse como parte de una lógica de control más amplia.

La Comisión de Seguridad de la Asamblea advirtió que la vigilancia y el acoso no son paranoia. Se han documentado seguimientos, intentos de intimidación y recopilación de información sobre estudiantes organizados. El protocolo presentado no busca frenar la movilización, sino reconocer que el terreno ha cambiado. No se trata de moderar la lucha, sino de asumir que el escenario se ha vuelto más áspero.

Y el contexto que se avecina tampoco es menor. De cara al Mundial que tendrá como una de sus sedes a Guadalajara, los procesos de “ordenamiento” urbano, control del espacio público y contención de la protesta suelen intensificarse. Las ciudades que se convierten en escaparate internacional tienden a reforzar mecanismos de vigilancia y regulación. Si hoy ya se restringe el tránsito interno y se normaliza el reconocimiento facial, es legítimo preguntarse qué ocurrirá cuando la ciudad entre en lógica de exhibición global.

El tarifazo golpea la economía cotidiana, la falta de comedores golpea el cuerpo y la vigilancia golpea la organización. Separados, cada problema parece sectorial; juntos, configuran un escenario de control creciente. La universidad, que en su discurso se presenta como espacio crítico y plural, empieza a comportarse como un actor político que administra el acceso, filtra la movilidad y observa a quienes se organizan. Frente a ello, la respuesta no ha sido el repliegue absoluto, sino la articulación. Con diferencias y tensiones, la Asamblea Interuniversitaria continúa construyendo coordinación. La pregunta ya no es si hay motivos para unirse, sino si seremos capaces de hacerlo antes de que el cerco termine de cerrarse.

Compañeros de todos los centros universitarios, ¡uníos! ¡Todos juntos en defensa de los derechos estudiantiles, defendamos nuestra Universidad!

— La Lucha Continúa!

Mario Antonio López Carbajal

Director General de Revista Para Esto!

#UnidosPorLaUdeG #NoAlTarifazo #DefensaEstudiantil #ComedoresDignos #LaUniversidadSeDefiende

 

Colectivo Luz de Esperanza realiza pega de cédulas en San Juan de Dios y acciones de búsqueda en Puerto Vallarta

Guadalajara / Puerto Vallarta, Jalisco – 16 de febrero de 2026

El Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. Realizó una pega de cédulas en la zona de San Juan de Dios, en Guadalajara, como parte de sus acciones permanentes de visibilización y búsqueda en vida. De manera paralela, nueve familias del colectivo se trasladaron a Puerto Vallarta para llevar a cabo diligencias en coordinación con la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Local de Búsqueda de Jalisco.

En Puerto Vallarta, las familias acudieron al centro de rehabilitación “Fuerza Nacional”, ubicado en la colonia Ixtapa, donde denunciaron presuntas irregularidades en su operación. De acuerdo con lo señalado por el colectivo, en estos espacios se estarían realizando traslados nocturnos de personas —conocidos como “patrullas espirituales”— sin el consentimiento informado de quienes son internados ni notificación oportuna a sus familiares.

Asimismo, indicaron que los responsables de estos centros únicamente girarían oficios a la fiscalía cada cierto tiempo para informar sobre las personas ingresadas, sin que exista un mecanismo claro de comunicación con las familias ni una supervisión constante sobre las condiciones en que se encuentran las personas recluidas. Durante la visita, las familias reportaron situaciones que calificaron como inhumanas, insalubres e indignas.

Ante estos hechos, el colectivo cuestionó cómo es posible que estos establecimientos continúen operando con el aval institucional e incluso con apoyos públicos, pese a los señalamientos sobre posibles vulneraciones a derechos humanos.

Las familias hicieron un llamado urgente a las autoridades correspondientes para que garanticen el respeto irrestricto a los derechos humanos, supervisen de manera efectiva estos espacios y eviten cualquier práctica que implique privaciones ilegales de la libertad.

— La Lucha Continúa!

Mario Antonio López Carbajal

Director General de Revista Para Esto!

#LuzDeEsperanza #HastaEncontrarles #NiUnDesaparecidoMás #JaliscoEstadoDesaparecedor #CrisisHumanitaria

Asamblea Popular contra el Tarifazo reúne más de 100 personas y acuerda ampliar pliego de exigencias

Guadalajara, Jalisco — 16 de febrero de 2026

El pasado domingo 15 de febrero a las 4:00 pm, cerca de 150 personas se dieron cita en Guadalajara para participar en la Asamblea Popular contra el Tarifazo. La convocatoria reunió a habitantes de distintos municipios del Área Metropolitana —Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y El Salto— con el objetivo de definir acciones concretas ante el inminente aumento a la tarifa del transporte público previsto para abril.

La asamblea inició con la explicación de la metodología de participación: señas manuales para manifestar acuerdo, solicitar la palabra o pedir aclaraciones, y un esquema de trabajo por municipios para facilitar la discusión y la construcción de acuerdos colectivos. También se estableció un protocolo de seguridad que incluyó delimitación de accesos, recomendación de permanecer en grupos y la indicación de no interactuar con autoridades externas. Se informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se encontraba atenta al desarrollo de la actividad.

Uno de los momentos más significativos fue la ronda de intervenciones donde se planteó la pregunta: ¿Qué vas a tener que sacrificar con el aumento de tarifa? Las respuestas fueron concretas: reducción de comidas mensuales, más tiempo caminando para evitar transbordos, menos horas de descanso y estudio, limitación de actividades de activismo y, en algunos casos, hasta 400 u 800 pesos adicionales al mes. Personas con discapacidad y trabajadores que realizan trayectos de más de una hora y media señalaron que el impacto no es solo económico, sino físico y mental.

En la exposición central se explicó que el incremento tarifario se inscribe en un modelo que, según los organizadores, ha tratado el transporte como negocio y no como derecho. Se cuestionó la firma de contratos financieros y la implementación de una tarjeta bancaria como mecanismo obligatorio para acceder a subsidios, lo que calificaron como bancarización forzada. También se informó que ya se promovieron amparos en defensa de estudiantes, trabajadores y personas adultas mayores, y que en los próximos días se sabrá qué juzgado llevará el caso.

El trabajo por municipios permitió ampliar y precisar el pliego petitorio. Entre los acuerdos más relevantes que se integraron destacan:

  • Rechazo al aumento y mantenimiento de la tarifa actual.
  • Cancelación de la obligatoriedad de la tarjeta bancaria para acceder al subsidio.
  • Subsidio universal y sin condicionamientos.
  • Auditoría pública al comité tarifario y transparencia del presupuesto.
  • Etiquetación específica del gasto para infraestructura, unidades y paradas.
  • No cobro de transbordos, particularmente en Línea 4.
  • Expansión y diversificación de rutas en periferias.
  • Accesibilidad real en unidades para personas con discapacidad.
  • Regulación de combis y mototaxis fuera del sistema formal.
  • Plataforma pública para monitoreo de unidades y recepción de quejas.
  • Carriles exclusivos para transporte público y ciclovías en avenidas de más de tres carriles.
  • Subsidios específicos para madres buscadoras y ampliación de apoyos a estudiantes y docentes.
  • Las propuestas fueron sometidas a votación en plenaria, levantando la mano, y se acordó integrarlas al documento final que será presentado ante autoridades estatales.

La asamblea cerró con el llamado a mantener la organización territorial por municipios y fortalecer la coordinación estatal. El aumento no solo representa más gasto, sino una profundización de desigualdades en movilidad que afectan principalmente a la clase trabajadora.

#AsambleaPopular #NoAlTarifazo #MovilidadEsUnDerecho #TransporteDigno #Guadalajara #AMG

Entre el escándalo y la política: Leonardo Almaguer y el juicio mediático

Guadalajara, Jalisco — 14 de Febrero de 2026

Entre los señalamientos públicos más sonados y los cuestionamientos reiterados sobre su pasado, se abrió un espacio para escuchar la otra parte. En entrevista con la dirección de la compañera periodista María Luisa Estrada, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer, rompió el silencio y abordó tanto su historia personal como su postura frente al gobierno estatal.

Almaguer fue colocado recientemente en el centro del escándalo mediático por un episodio ocurrido cuando tenía 24 años —hecho por el que pasó tres años en prisión—, convertido hoy en material de consumo para ciertos medios inclinados al sensacionalismo. Sin rodeos, reconoció el error y sostuvo que ya pagó el costo.

“Claro que me arrepiento. Me quitó años de mi vida, me quitó momentos irrepetibles. Mi padre murió mientras yo estaba en prisión y no pude despedirme”, expresó.

Más allá del morbo, lo relevante es lo que vino después, tras recuperar su libertad enfrentó un proceso complejo de reinserción, comenzó limpiando casas en venta, trabajó en la Central de Autobuses realizando labores de aseo, fue responsable de mantenimiento y posteriormente encargado de taquilla en una línea de transporte. Paralelamente, concluyó sus estudios y se tituló como licenciado en Administración.

Lejos de sorprender, este recorrido confirma lo que debería significar un proceso de reinserción social, empezar desde abajo, sin privilegios, sin padrinazgos, sin atajos. Al menos, desde lo que él mismo relató durante la entrevista.

El episodio lo ha colocado en el centro de la política local. Algunos ya lo mencionan como posible aspirante a la presidencia municipal. Ante ello, Almaguer negó estar enfocado en una candidatura:

“No estoy pensando en la silla que sigue. Estoy pensando en la responsabilidad que tengo hoy”.

Sin embargo, en política nada es casual. El intento de desacreditarlo podría resultar contraproducente. Si la intención era fracturar lo poco que queda de una oposición de izquierda en Jalisco, el efecto puede ser el contrario, y visibilizar que existen perfiles que no provienen de las élites tradicionales y que, guste o no, conectan con sectores populares. A veces, el exceso de ataque termina construyendo victimarios involuntarios.

Respecto a las versiones sobre presunto consumo de alcohol y ausencias en el Congreso, el legislador rechazó ambas acusaciones. Aseguró que mantiene una rutina activa, que cumple con sus responsabilidades legislativas y que participa en la Junta de Coordinación Política y en diversas comisiones. Más que explicarlo desde esta redacción, dejamos que la entrevista completa sea vista y juzgada por quien quiera formarse su propia opinión. Si algo ha quedado claro en este episodio es que el juicio mediático suele llegar antes que el análisis.

Uno de los ejes centrales de la conversación fue la crisis de desapariciones en Jalisco. Almaguer subrayó que la principal violencia no la sufren los funcionarios, sino las más de 18 mil personas desaparecidas en la entidad y sus familias. Ahí está el punto medular que pocos quieren discutir. Mientras el debate público se concentra en antecedentes personales ya juzgados hace décadas, Jalisco continúa encabezando cifras de desaparición, desplazamiento y precariedad. En un estado con cientos de movilizaciones sociales y a las puertas de un Mundial de futbol, cabe preguntarse si la prioridad gubernamental está en resolver la crisis o en “ordenar” la imagen pública. Basta observar cómo, en cada manifestación —como las encabezadas por la Asamblea Popular contra el Tarifazo—, se despliegan decenas de antimotines para intimidar a quienes protestan.

También criticó que, mientras la crisis de seguridad persiste, el gobierno estatal destine recursos millonarios a obras relacionadas con eventos deportivos.

“El Estado hoy es un simple administrador que no está garantizando seguridad ni justicia”, señaló.

Almaguer vinculó la violencia con factores estructurales como la desigualdad, los largos traslados laborales y la precariedad salarial. “Vivimos en un proceso de deshumanización, de apatía e indolencia”, afirmó, al cuestionar un modelo económico que, a su juicio, prioriza el consumo sobre la vida comunitaria.

Durante la entrevista también se abordó la situación de mujeres víctimas de violencia vicaria, trabajadoras sexuales y personas trans, sectores que consideró históricamente invisibilizados. Expresó respaldo a iniciativas para fortalecer el marco legal contra la violencia vicaria y se pronunció a favor de garantizar la interrupción legal del embarazo en condiciones seguras.

“¿Quién eres tú para decidir sobre el cuerpo de una mujer cuando no conoces sus condiciones sociales?”, cuestionó.

Sobre la llamada “unidad” entre fuerzas políticas afines, consideró que el concepto suele usarse de manera superficial. “Más que unidad, deberíamos hablar de colectividad”, dijo, al señalar que los cargos públicos deben entenderse como herramientas al servicio de la población. Declaraciones que contrastan con la actual tensión política en un estado donde Movimiento Ciudadano enfrenta el desgaste de años de hegemonía.

Almaguer insistió en que no busca privilegios ni posiciones futuras. “Soy uno más. Hoy me toca estar en esta silla y cumplir la tarea que me corresponde. Lo que venga después dependerá del trabajo que haga ahora”, concluyó.

Mientras tanto, aseguró que continuará impulsando iniciativas en materia seguridad y derechos sociales, en un Congreso que —reconoció— atraviesa profundas tensiones políticas en un estado marcado por la violencia y la desigualdad.

Desde Revista Para Esto! y en nuestras nuevas alianzas con La Grillotina Política, seguiremos investigando lo que verdaderamente ocurre en Jalisco.

— La Lucha Continúa!

Mario Antonio López Carbajal.

Director General de Revista Para Esto!
Fotografía: Lily Galarza.

Ve la entrevista completa aquí:

 

¿Ya no están? La búsqueda en vida estancada por el desplazamiento

Guadalajara, Jalisco — 10 de febrero de 2026

¡Se esfumaron! Más de 40 personas en situación de calle que de manera habitual permanecían a lo largo del Centro Histórico de Guadalajara ya no están.

La búsqueda en vida que realiza de forma constante el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. —orientada a localizar, entre personas desamparadas, a quienes cuentan con ficha de desaparición o puedan haber visto a alguna persona desaparecida— se ha visto gravemente afectada por el desplazamiento forzado derivado del “acercamiento” al Mundial de Fútbol.

Lo que en ocasiones anteriores había mostrado avances —logrando incluso la localización de al menos una persona con ficha de búsqueda— ayer evidenció la cara más dura de la indolencia institucional y del blanqueamiento urbano impulsado desde fuera por el Gobierno de Jalisco.

Durante la jornada, únicamente fue posible entrevistar y establecer acercamiento con nueve personas en situación de calle, sin obtener resultados verdaderamente concluyentes que permitieran avanzar en alguna línea de búsqueda.

Algunos de los propios desamparados señalaron que han comenzado a desplazarse hacia zonas como el Parque Morelos o el Parque Agua Azul, espacios más oscuros y marginados, lo que no solo invisibiliza aún más sus vidas, sino que incrementa los riesgos y la inseguridad tanto para ellos como para quienes los buscan.

Ello habla de una política de desplazamiento que no solo expulsa a las personas en situación de calle de los espacios visibles de la ciudad, sino que rompe de manera directa los procesos de búsqueda en vida, fragmenta los vínculos construidos y coloca a estas poblaciones en escenarios aún más violentos y letales.

De acuerdo con una investigación de NTR Guadalajara al menos 15 personas en situación de calle fueron asesinadas en la Zona Metropolitana de Guadalajara durante 2025, sin que hasta ahora exista una sola persona detenida o esclarecimiento de los hechos. Dónde la mayoría de las víctimas dormían en espacios públicos o viviendas improvisadas, los mismos territorios que hoy están siendo “limpiados” bajo la lógica del embellecimiento urbano rumbo al Mundial.

El desplazamiento forzado no puede verse como una medida administrativa ni como una estrategia de ordenamiento urbano, sino como una práctica que incrementa la vulnerabilidad, la invisibilización y el riesgo de muerte de quienes ya se encuentran en los márgenes más extremos de la ciudad. Para los colectivos de búsqueda, como Luz de Esperanza, significa además trabajar a contracorriente de un Estado que, lejos de garantizar condiciones mínimas para la localización de personas desaparecidas, obstaculiza activamente la búsqueda en vida.

Por ellos en vez pregúntarnos ¿a dónde se fueron?, sino ¿quién se beneficia de que ya no estén? Mientras Guadalajara se prepara para mostrarse al mundo, cientos de vidas son empujadas a la oscuridad, y con ellas, la posibilidad de volver a casa de quienes aún siguen siendo buscados.

— La Lucha Continúa!

Mario Antonio López Carbajal

Director General de Revista Para Esto!

#DesplazamientoForzado #BlanqueamientoUrbano #ViolenciaDeEstado #LimpiezaSocial #Mundial2026 #Guadalajara

¿Manifestación contra el tarifazo? Operación infiltración

Guadalajara, Jalisco – 09 de febrero de 2026

Fue el día de ayer cuando la recién conformada #AsambleaPopularContraelTarifazo llevó a cabo su primera manifestación, recorriendo el trayecto desde la recién inaugurada Glorieta La Minerva hasta Casa Jalisco. La movilización no solo representó una de las primeras expresiones de organización social colectiva contra el gobierno estatal, sino que evidenció el hartazgo frente a decisiones impuestas de manera vertical, sin consulta ni participación ciudadana.

El llamado tarifazo es resultado de una lógica donde un reducido grupo, incrustado en la clase política y en sus intereses económicos, toma decisiones que afectan directamente a toda la sociedad jalisciense. Medidas que, lejos de responder a las necesidades reales de la población, profundizan las desigualdades y trasladan el costo de la crisis a quienes menos tienen.

Ante este escenario, el Gobierno de Jalisco encabezado por Pablo Lemus Navarro ha comenzado a mirar con sospecha —y abierta hostilidad— a quienes se organizan. La respuesta institucional ha sido la criminalización preventiva de la protesta social, algo que no se veía con esta intensidad desde hace algunos años. Todo esto ocurre, además, en un contexto político sensible, la antesala del Mundial de Futbol, evento de alto interés económico y simbólico para el estado, en medio de un clima de agitación social que no es exclusivo de Jalisco, sino parte de una coyuntura global.

Lo que el Gobierno de Guadalajara parece no poder controlar es que cientos de colectivos en Jalisco han comenzado a articularse para defender un principio básico, la movilidad como derecho y no como negocio. Frente a ello, se ha documentado la presencia de agentes infiltrados en las manifestaciones. Algunos de ellos graban sin ningún tipo de discreción, se comportan de manera ajena a la lógica de la protesta y generan tensión entre los asistentes.

Estas prácticas se suman a detenciones arbitrarias y a una actuación policial de carácter represivo, lo que ha obligado a ejercer presión sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), un organismo que desde el 15 de noviembre de 2025 ha sido señalado por su omisión sistemática. A ello se suman los reclamos de organizaciones de derechos humanos como CEPAD, AC y sectores académicos críticos.

Durante el mitin frente a Casa Jalisco, la asamblea fue clara al ratificar su carácter independiente y apartidista. Representantes populares pueden asistir como ciudadanos, pero no pueden hablar en nombre de la asamblea ni del movimiento. No se permitirá el oportunismo político ni el uso electoral de una lucha que pertenece al pueblo organizado.

“El pueblo unido avanza sin partido.”

En el pronunciamiento leído por la compañera Sabina, se señaló que Casa Jalisco se encontraba vacía, tan vacía como las políticas públicas que este gobierno ha ofrecido a la ciudadanía. Mientras dentro no hay nadie, afuera la población espera camiones que no llegan, enfrenta rutas saturadas, tiempos de espera de hasta una hora y tarifas imposibles de sostener.

En Jalisco, el transporte público ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio. El tarifazo no es un error técnico, es una decisión política. Más de 2.7 millones de personas dependen diariamente del transporte público para trabajar, estudiar y sobrevivir. Aun así, el gobierno decidió aumentar la tarifa e imponer un modelo de pago bancarizado que excluye a amplios sectores de la población.

En 2025, el 45.7% de las personas seguía pagando en efectivo, a pesar de la existencia de la tarjeta Mi Movilidad. La propuesta actual obliga a una de cada dos personas usuarias a utilizar una tarjeta bancaria, aunque no quiera, no pueda o no confíe en el sistema. Eso no es modernización: es imposición.Además, el gobierno de Jalisco paga a Broxel aproximadamente 5.45 centavos mensuales por cada tarjeta bancaria activa, dinero público que podría destinarse a fortalecer el sistema existente, mejorar el servicio y dignificar el trabajo de quienes sostienen el transporte todos los días. Se trata de una empresa con antecedentes de opacidad e irregularidades, lo cual levanta serias dudas sobre el destino de los recursos públicos.

El problema no es solo la tarifa es el modelo de movilidad, profundamente privatizado, fragmentado en cientos de concesiones y empresas que lucran con un derecho básico. El aumento desprecia el tiempo de vida, el desgaste físico y la economía de quienes viven en la periferia. La asamblea denunció que el alza al transporte responde a una lógica capitalista y autoritaria, que funciona como mecanismo de saqueo contra la economía popular, diseñada para proteger la ganancia privada. En este contexto, Jalisco presenta rasgos claros de un Estado autoritario, con desprecio por las formas democráticas y una clara intención de lucrar a costa de la ciudadanía.

La Asamblea Popular Contra el Tarifazo reiteró que no responde a ninguna agenda electoral, pasada, presente o futura. Es un espacio abierto de organización ciudadana que convoca a mantenerse atentos a las redes y a participar en la gran asamblea popular del próximo domingo 15 de febrero, en el Parque del Refugio, para definir un plan de lucha que eche abajo el tarifazo, el tarjetazo y siente las bases de un transporte público verdaderamente digno.

“Si entre todos lo hacemos, no va a haber una cabeza que cortar. Este es un movimiento de todos. Nadie nos representa.”

– No al tarifazo.

– No al tarjetazo.

– Sí al transporte digno.

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Colectivo Luz de Esperanza realiza pega de cédulas en La Calma: la búsqueda de los desaparecidos, en un constante tira y afloja

Guadalajara, Jalisco – 09 de febrero de 2025

El día de ayer, el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. llevó a cabo una pega de cédulas de búsqueda en la colonia La Calma, actividad que realizan de manera constante como parte de sus acciones de visibilización. Además de colocar fichas sobre avenida López Mateos, el colectivo participó en la kermés organizada en el Parque La Calma, con el objetivo de recaudar fondos para sostener sus actividades mensuales y cubrir los insumos necesarios para las jornadas de búsqueda.

En este contexto, Héctor Flores, vocero del colectivo, ofreció declaraciones en torno a las nuevas dificultades que enfrentan actualmente los colectivos de búsqueda, así como a lo que implica ser familia buscadora en el escenario político y social actual.

Héctor señaló que, si bien en los últimos años se han obtenido avances que antes parecían inalcanzables, estos han sido resultado directo de la colectivización de la lucha y de la presión constante ejercida por las familias organizadas. Uno de los logros más recientes es el reconocimiento legal de las familias buscadoras como grupo prioritario y vulnerable, lo que obliga al Estado de Jalisco a diseñar e implementar políticas públicas en su beneficio.

Este reconocimiento parte de una premisa central para los colectivos, la desaparición no es un hecho individual, sino una violencia que impacta de manera directa a todo el circulo familiar y a su entorno. Por ello, las políticas públicas no deben limitarse a la persona desaparecida, sino contemplar integralmente a las familias que buscan.

De acuerdo con una nota publicada por Periódico El Occidental, en medio del debate por el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco, los colectivos de familias buscadoras lograron un avance significativo al obtener el acceso gratuito al transporte público. Esta medida permitirá el traslado sin costo para hasta cuatro personas por familia buscadora, como parte de su reconocimiento como grupo prioritario.

“Ya somos grupos prioritarios y vulnerables las familias buscadoras. Creo que para este segmento de la sociedad el transporte debe ser cero pesos, hasta por cuatro personas por familia”, explicó Héctor Flores.

El colectivo destacó que este apoyo representa un alivio importante ante la precarización económica que enfrentan las familias, muchas de las cuales se ven obligadas a dejar sus trabajos para dedicar tiempo completo a la búsqueda, además de asumir gastos constantes en traslados, alimentación y herramientas.

“Es algo bueno porque la economía de las familias buscadoras está muy afectada. Vivimos muchas condiciones adversas, y que el transporte quede en cero pesos es un avance importante”, subrayó Flores.

— La Lucha Continúa!

Mario Antonio López Carbajal

Director General de Revista Para Esto!

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