16 de junio de 2026 – Guadalajara, Jal.
Integrantes de los colectivos Rebozo de El rebozo de Méxicoo y Frente Feminista de Jalisco realizaron una protesta pacífica frente al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco para visibilizar lo que califican como una deuda histórica de justicia hacia víctimas de abuso sexual infantil y denunciar la actuación de funcionarios judiciales involucrados en el caso de Daniela Báez.
Entre consignas como “Las niñas no se tocan”, “Escucha idiota, las niñas no se tocan” y “Negar derechos desde el poder también es violencia”, las manifestantes exigieron que el Poder Judicial actúe conforme a derecho en la próxima audiencia relacionada con el caso.
Daniela Báez, integrante del colectivo Rebozo de México, recordó que desde hace diez años ha enfrentado un largo proceso para buscar justicia. Durante su intervención denunció que en 2022 presentó una denuncia contra David C., entonces docente de una preparatoria de la Universidad de Guadalajara, por abuso sexual infantil cometido cuando ella era menor de edad.
Sin embargo, señaló que el juez Luis Ignacio Ceja Arias desestimó los peritajes realizados por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses que confirmaban los hechos denunciados. De acuerdo con Báez, el juzgador argumentó que ella tenía “buena condición física y apariencia personal” y utilizó publicaciones de redes sociales para sustentar una resolución que concluyó que no existían elementos suficientes para proceder.
“Como si eso fuera un blindaje para no sufrir abuso”, expresó durante la manifestación.
La activista también denunció que durante el proceso desapareció temporalmente su carpeta de investigación y que el recurso de apelación presentado por la Fiscalía no fue turnado oportunamente. Tras meses de movilización pública, explicó, el juez fue removido y el caso pudo avanzar a instancias superiores.
No obstante, los magistrados de la Sexta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco confirmaron posteriormente la resolución inicial, situación que obligó a la víctima a recurrir a instancias federales para solicitar la revisión del caso.
Fue hasta 2025 cuando autoridades federales determinaron que sí existían elementos para considerar la comisión del delito denunciado. Actualmente, el presunto agresor se encuentra en prisión preventiva.
“Durante estos cuatro años he tenido que defenderme no solo de mi agresor, sino también de quienes debían garantizarme justicia”, afirmó Báez frente a las instalaciones del Consejo de la Judicatura.
La “selección magistral de inútiles”
Como parte de la protesta, las manifestantes realizaron una intervención satírica en la que presentaron a distintos funcionarios judiciales como integrantes de una supuesta “selección magistral de inútiles”, haciendo referencia a las resoluciones emitidas en el caso.
En la representación, Luis Ignacio Ceja Arias fue nombrado portero y recibió un supuesto “balón de oro a la innovación jurídica” por considerar publicaciones de Facebook por encima de los peritajes científicos.
También señalaron a la magistrada Elsa Navarro Hernández, presidenta de sala; a la magistrada Luz Gabriela Gallardo Vega, quien según información publicada por el periódico Mural fue promovida por Grupo Universidad; y al magistrado jubilado Federico Hernández Corona, quien obtuvo su retiro tras participar en la resolución del expediente.
Las activistas denunciaron además presuntos vínculos entre integrantes del Poder Judicial y la Universidad de Guadalajara, señalando que tanto el juez que inicialmente desestimó el caso como algunas de las personas involucradas en la resolución posterior mantenían relaciones institucionales con la misma universidad donde laboraba el presunto agresor.
Durante la protesta también tomó la palabra un padre de familia que denunció incumplimientos relacionados con la restitución internacional de menores bajo el Convenio de La Haya.
El denunciante aseguró que lleva nueve meses esperando la restitución de su hijo pese a que dicho mecanismo internacional establece plazos considerablemente menores para este tipo de procedimientos.
“Pisotean los tratados internacionales”, expresó ante las personas asistentes.
Al finalizar el acto, las manifestantes realizaron acciones de iconoclasia en las instalaciones del Consejo de la Judicatura. En el lugar fueron colocados carteles y pintadas con mensajes como “Las niñas no se tocan”, “El Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco encubre agresores” y “La Universidad de Guadalajara encubre agresores”.
Las participantes señalaron que estas acciones buscan visibilizar la violencia institucional que enfrentan quienes denuncian delitos sexuales y la falta de acceso efectivo a la justicia para niñas, niños y adolescentes.
Daniela Báez informó que el próximo 23 de junio se realizará una audiencia intermedia en los juzgados de control de oralidad con sede en Chapala, donde se definirá si el caso avanza a la etapa de juicio oral.
La activista exigió que el juez Arturo González Santana actúe “conforme a derecho, con ética jurídica y sin revictimización”, y reiteró que continuará realizando acciones públicas hasta obtener una resolución definitiva.
“Lo único que estoy pidiendo es algo que nunca debió tardar cuatro años: que se juzgue”, concluyó.
Revista Para Esto! denuncia hostigamiento policial contra activistas tras protesta en Guadalajara
Desde Revista Para Esto! denunciamos públicamente los actos de hostigamiento realizados por elementos de la Policía Municipal de Guadalajara, adscritos al área de Proximidad Social y al denominado Equipo Libra, contra activistas que participaron en la manifestación realizada este día frente al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
Tras concluir la protesta y después de informar de manera respetuosa a los elementos policiales que las actividades habían terminado y que no se realizaría ninguna otra acción, unidades identificadas como GDL-0022 y GDL-0052 emprendieron un seguimiento contra las activistas desde las inmediaciones del Mercado Corona hasta el Parque Revolución, recorriendo aproximadamente un kilómetro.
Consideramos que este tipo de acciones constituyen una forma de hostigamiento e intimidación hacia quienes ejercen su derecho a la protesta y a la libertad de expresión. Resulta preocupante que las unidades involucradas continuaran el seguimiento sin explicar el motivo de su actuar y que la mayoría de los elementos participantes no se identificaran adecuadamente durante el operativo.
La presencia policial no debe convertirse en un mecanismo para vigilar, intimidar o generar temor entre quienes se organizan para denunciar injusticias. Más aún cuando se trata de mujeres y colectivas que exigen acceso a la justicia frente a casos de violencia sexual, violencia institucional y revictimización.
Desde este medio expresamos nuestra preocupación por estos hechos y exigimos a las autoridades municipales de Guadalajara esclarecer las razones de dicho seguimiento, así como garantizar que las activistas puedan ejercer su derecho a la protesta sin ser objeto de vigilancia o persecución posterior a las movilizaciones.
La organización y la protesta social son derechos, no delitos. Ninguna mujer debería ser perseguida por exigir justicia.
— Dirección General de Revista Para Esto!
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio Lopez Carbajal
Director General de Revista Para Esto!
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