El pasado 21 de junio de 2026, Colombia vivió una de las jornadas electorales más polarizadas y complejas de su historia reciente. Con el 100% de las actas computadas en el conteo rápido, la Registraduría Nacional dio el triunfo al candidato de la oposición conservadora, Abelardo ‘El Tigre’.
A pesar de los señalamientos de inconsistencias en la firma y verificación de ciertas actas alertadas por el presidente Gustavo Petro a través de sus canales oficiales, el viraje político es un hecho consumado. Colombia, que hace cuatro años apostó por un cambio histórico, ha entregado el poder a una opción de extrema derecha de corte trumpista.
El panorama que se vislumbra es alarmante para los derechos humanos y la justicia social. Elpresidente electo ya ha anunciado que sus referentes de gestión serán las políticas de Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador; una combinación de fundamentalismo de mercado y autoritarismo punitivo. Su promesa de reducir el gasto gubernamental en un 40% no es un simple ajuste administrativo: es una declaración de guerra contra los pilares del incipiente Estado de bienestar colombiano.
Los sectores que históricamente han sostenido la economía y las transformaciones del país la clase trabajadora, los sindicatos, el movimiento estudiantil, las mujeres y las diversidades sexuales hoy se encuentran en máxima alerta.
Organizaciones de derechos humanos advierten que las propuestas de ‘El Tigre’ amenazan con desmantelar el sistema de educación pública, pulverizar los programas de apoyo social y privatizar los activos estratégicos del Estado.
Este escenario representa un retroceso sistémico a décadas de luchas sociales.
Cuando la extrema derecha accede al poder con estas agendas, los derechos fundamentales dejan de ser considerados garantías universales y pasan a ser tratados como privilegios transables o gastos prescindibles. Resulta especialmente preocupante la paradoja de un sector de la juventud que, despolitizado o desencantado, respaldó una opción que presupuestariamente liquidará sus oportunidades de movilidad social y acceso a la educación.
Sin embargo, el avance de la reacción no puede explicarse únicamente por los aciertos de la derecha; responde, de manera fundamental, a las incongruencias y carencias de la propia izquierda en el poder. En la última década, Latinoamérica experimentó una nueva “marea rosa”, pero muchos de estos proyectos políticos derivaron en gestiones de centroizquierda timoratas, atrapadas en la burocracia institucional y temerosas de profundizar las reformas estructurales que demandaban las bases comunistas, socialistas y obreras.
Los resultados electorales en Colombia envían un mensaje contundente: la izquierda no ha logrado consolidar su hegemonía porque no ha sabido o no ha podido sostener el ritmo de las transformaciones prometidas.
Aunque es innegable que este periodo sirvió de manera significativa a la clase trabajadora,
dignificando el salario, ampliando la representatividad y poniendo el enfoque de los derechos humanos en el centro del debate, las estructuras de la desigualdad económica permanecieron casi intactas. La moderación y el pragmatismo excesivo terminaron por desgastar el entusiasmo popular, abriendo la puerta a la demagogia de la ultraderecha.
En 2020, América Latina parecía consolidar un bloque progresista cohesionado. Hoy, en pleno ecuador de la década de 2020, el mapa geopolítico regional se tiñe de un conservadurismo agresivo año tras año.
La lección de Colombia es clara para las fuerzas de izquierda en el continente: el poder no se retiene con retórica, sino con la profundización real y material de la justicia social. Si los gobiernos populares no radicalizan sus agendas en favor de las mayorías y se limitan a administrar el modelo existente con mejores modales, la ultraderecha capitalizará el descontento, amenazando con destruir, en un solo periodo, lo que costó generaciones construir.
– marquitosapr/
