Guadalajara, Jalisco — 16 de febrero de 2026
El pasado domingo 15 de febrero a las 4:00 pm, cerca de 150 personas se dieron cita en Guadalajara para participar en la Asamblea Popular contra el Tarifazo. La convocatoria reunió a habitantes de distintos municipios del Área Metropolitana —Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y El Salto— con el objetivo de definir acciones concretas ante el inminente aumento a la tarifa del transporte público previsto para abril.
La asamblea inició con la explicación de la metodología de participación: señas manuales para manifestar acuerdo, solicitar la palabra o pedir aclaraciones, y un esquema de trabajo por municipios para facilitar la discusión y la construcción de acuerdos colectivos. También se estableció un protocolo de seguridad que incluyó delimitación de accesos, recomendación de permanecer en grupos y la indicación de no interactuar con autoridades externas. Se informó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se encontraba atenta al desarrollo de la actividad.
Uno de los momentos más significativos fue la ronda de intervenciones donde se planteó la pregunta: ¿Qué vas a tener que sacrificar con el aumento de tarifa? Las respuestas fueron concretas: reducción de comidas mensuales, más tiempo caminando para evitar transbordos, menos horas de descanso y estudio, limitación de actividades de activismo y, en algunos casos, hasta 400 u 800 pesos adicionales al mes. Personas con discapacidad y trabajadores que realizan trayectos de más de una hora y media señalaron que el impacto no es solo económico, sino físico y mental.
En la exposición central se explicó que el incremento tarifario se inscribe en un modelo que, según los organizadores, ha tratado el transporte como negocio y no como derecho. Se cuestionó la firma de contratos financieros y la implementación de una tarjeta bancaria como mecanismo obligatorio para acceder a subsidios, lo que calificaron como bancarización forzada. También se informó que ya se promovieron amparos en defensa de estudiantes, trabajadores y personas adultas mayores, y que en los próximos días se sabrá qué juzgado llevará el caso.
El trabajo por municipios permitió ampliar y precisar el pliego petitorio. Entre los acuerdos más relevantes que se integraron destacan:
- Rechazo al aumento y mantenimiento de la tarifa actual.
- Cancelación de la obligatoriedad de la tarjeta bancaria para acceder al subsidio.
- Subsidio universal y sin condicionamientos.
- Auditoría pública al comité tarifario y transparencia del presupuesto.
- Etiquetación específica del gasto para infraestructura, unidades y paradas.
- No cobro de transbordos, particularmente en Línea 4.
- Expansión y diversificación de rutas en periferias.
- Accesibilidad real en unidades para personas con discapacidad.
- Regulación de combis y mototaxis fuera del sistema formal.
- Plataforma pública para monitoreo de unidades y recepción de quejas.
- Carriles exclusivos para transporte público y ciclovías en avenidas de más de tres carriles.
- Subsidios específicos para madres buscadoras y ampliación de apoyos a estudiantes y docentes.
- Las propuestas fueron sometidas a votación en plenaria, levantando la mano, y se acordó integrarlas al documento final que será presentado ante autoridades estatales.
La asamblea cerró con el llamado a mantener la organización territorial por municipios y fortalecer la coordinación estatal. El aumento no solo representa más gasto, sino una profundización de desigualdades en movilidad que afectan principalmente a la clase trabajadora.
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