Guadalajara, Jalisco — 3 de febrero de 2026
Desde el Congreso de Jalisco la Asamblea Popular contra el Tarifazo —integrada por colectivos, organizaciones civiles y ciudadanía organizada— dio a conocer, mediante una rueda de prensa, una serie de irregularidades en el reciente aumento a las tarifas del transporte público, así como en la implementación de subsidios condicionados al uso de sistemas bancarios.
La Asamblea denunció que el incremento tarifario y el esquema de subsidios vulneran de manera interconectada diversos derechos constitucionales, al transformar un servicio público esencial en un privilegio condicionado por la capacidad económica y el acceso al sistema financiero. En particular, señalaron que las familias trabajadoras y el sector estudiantil, especialmente quienes habitan en la periferia, se ven obligados a elegir entre trasladarse, alimentarse o continuar con sus estudios.
Este escenario —subrayaron— vulnera el derecho a una vida digna, al trabajo, a la educación y a la recreación, al condicionar el acceso al empleo y al esparcimiento a la posibilidad de pagar el transporte.
Uno de los puntos centrales de la denuncia fue el condicionamiento de la tarifa preferencial de cinco pesos a la bancarización obligatoria. Este mecanismo exige la entrega de datos personales y biométricos, incluso de menores de edad, lo cual fue señalado como una forma de normalización de prácticas de vigilancia, control y exclusión social. La Asamblea advirtió que esta medida discrimina a personas adultas mayores, población con brecha digital, sectores en pobreza extrema y habitantes de zonas rurales sin acceso al sistema financiero.
Asimismo, denunciaron la ausencia total de consulta pública, no se tomó en cuenta a la ciudadanía, la academia, los sectores productivos ni a las familias usuarias del transporte. En un contexto de transporte lento, peligroso y deficiente, afirmaron, el aumento tarifario no constituye una política pública, sino una agresión directa a los derechos sociales.
Transporte, lucro privado y responsabilidad del Gobierno de Jalisco.
La Asamblea señaló que los recursos destinados al subsidio provienen de fondos originalmente asignados al mejoramiento del transporte —infraestructura, calidad del servicio, accesibilidad y renovación del sistema—, lo que implica que la ciudadanía no solo paga el aumento, sino que además financia la reorientación del presupuesto público en beneficio de intereses privados.
Recordaron que el transporte público concesionado prioriza el lucro de particulares por encima del bienestar social, en contravención al artículo 4º constitucional, que reconoce el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. En este sentido, advirtieron que el aumento tarifario constituye una medida regresiva y, por tanto, inconstitucional, al reducir un nivel de accesibilidad previamente garantizado.
Uno de los sectores más afectados por el aumento es el estudiantil. La Asamblea denunció que el acuerdo anunciado entre la Federación de Estudiantes Universitarios Feu Udeg y el gobierno estatal, la mañana previa a la marcha del 10 de enero, tuvo como objetivo central desmovilizar a la comunidad estudiantil, uno de los sectores más golpeados por el tarifazo.
Para miles de estudiantes, especialmente quienes viven en la periferia y dependen de múltiples traslados diarios, el aumento implica elegir entre estudiar o subsistir. Lejos de atender el problema de fondo, señalaron que la llamada tarifa preferencial vuelve a condicionar el acceso al transporte a la entrega de datos personales y a la bancarización obligatoria, profundizando los riesgos de vigilancia y control sobre la disidencia estudiantil.
La instalación de módulos de registro dentro de la Universidad de Guadalajara genera, además, una preocupación legítima sobre el uso, resguardo y posible criminalización de esta información, particularmente cuando la FEU —afirmaron— no representa la diversidad del estudiantado y ha participado activamente en la represión de la organización estudiantil independiente en meses recientes.
Durante la ronda de intervenciones, se señaló que el problema de fondo es la privatización del transporte público en Jalisco, que hoy alcanza entre el 80 y 90 % del sistema. Se recordó la desaparición de empresas públicas como Servicios y Transportes, lo que abrió la puerta al modelo actual de concesiones privadas, precarización del servicio y explotación laboral de las y los choferes.
La Asamblea sostuvo que existen condiciones presupuestales para construir un sistema de transporte municipal y estatal, público, accesible y eficiente, que dignifique tanto a las personas usuarias como a las y los trabajadores del sector. Insistieron en que la solución no pasa por tarjetas, subsidios condicionados ni aumentos, sino por una reestructuración profunda del modelo de movilidad.
Para Esto! La Asamblea Popular contra el Tarifazo hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse el próximo 8 de febrero a las 11:00 de la mañana, partiendo de la Glorieta Minerva con destino a Casa Jalisco, para exigir la cancelación del aumento, el rechazo al tarjetazo y la construcción de un transporte verdaderamente público.
“Defender el transporte público es defender el derecho a la ciudad, a la vida digna y a la organización colectiva. No vamos a aceptar decisiones que profundicen las desigualdades. Si el Estado busca cansarnos, le decimos que esto apenas comienza”, concluyeron.
No al tarifazo.
No al tarjetazo.
El transporte público es un derecho, no un negocio.
— La Lucha Continúa!
Mira la transmisión completa aquí Comité de Solidaridad con Palestina GDL:
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