Guadalajara, Jalisco.- 12 de Abril de 2026
Es de conocimiento popular que Jalisco vive una crisis humanitaria atroz en materia de desapariciones, una crisis que no solo se expresa en la ausencia de miles de personas, sino en la incapacidad —o negativa— del Estado para registrarlas con precisión. Lejos de resolverse, el problema se profundiza a partir de omisiones institucionales que trasladan la búsqueda a las familias, mientras los datos oficiales se fragmentan, se retrasan o simplemente no coinciden.
El investigador Jorge Ramírez ha señalado de manera constante irregularidades en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, evidenciando una disparidad de más de 4 mil personas respecto a bases estatales. Al corte del 23 de enero, el registro nacional reportó 12 mil 565 casos, mientras que Sisovid contabilizaba 16 mil 64. Esta diferencia no es menor, es una fractura estructural. Como ya advertía un análisis reciente, “autoridades han reclasificado casos argumentando falta de información o actividad reciente, lo que reduce artificialmente el número de personas desaparecidas”, evidenciando que la cifra no responde únicamente a la realidad, sino a criterios administrativos.
Sobre esta situación en una entrevista hecha para revista Para Esto! del pasado 4 de Febrero del 2026, Héctor Cuñado, padre buscador, advirtió que el problema no solo persiste, sino que se agrava a nivel federal. “El Registro Nacional no ha sido alimentado por Jalisco desde hace al menos dos años… la forma en que las autoridades lo han manejado raya incluso en lo criminal”. Esta omisión, en un estado como Jalisco —que concentra una de las crisis más profundas del país—, rompe cualquier intento de construir un diagnóstico nacional coherente.
Sin embargo, la crisis de registro no puede entenderse sin observar otro colapso paralelo, como es el forense. De acuerdo con informes especializados, como el de @IDHEAS en CRISIS FORENSE EN MÉXICO: DESAPARICIÓN DE PERSONAS – Estado de la cuestión y propuestas para su abordaje de Febrero, 2025 en México existen más de 72 mil cuerpos sin identificar acumulados en servicios médicos forenses, fosas comunes y cementerios. Como señala un diagnóstico sobre la crisis, “la acumulación de decenas de miles de cuerpos sin identificar refleja una falla estructural del Estado en sus capacidades forenses”, lo que no solo evidencia saturación, sino abandono institucional.
En el caso de Jalisco, la situación es particularmente crítica. El sistema forense ha sido rebasado múltiples veces. “El @Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses ha superado hasta seis veces su capacidad instalada”, documentan reportes recientes, mientras que organizaciones advierten que existen miles de cuerpos sin identificar acumulados durante años. Esta saturación implica que incluso cuando las personas son localizadas sin vida, muchas no pueden ser identificadas ni vinculadas con denuncias existentes.
Aquí es donde ambas crisis —la de registro y la forense— se entrelazan. Si los cuerpos no son identificados, no pueden cruzarse con bases de datos; si las denuncias no se integran correctamente, no se convierten en casos oficiales. Como advierten análisis recientes sobre el tema, “la crisis de desapariciones en México está marcada por fallas estructurales, impunidad y falta de coordinación entre autoridades”, lo que genera un sistema donde la información no fluye, no coincide y no esclarece.
El resultado es un escenario donde miles de personas quedan fuera de toda categoría clara. No están en sus casas, pero tampoco en los registros. No están identificadas, pero tampoco desaparecidas oficialmente. En ese sentido, la cifra deja de ser un reflejo de la realidad y se convierte en un instrumento moldeable.
En contraste, el discurso del Gobierno de México ha insistido en avances en la materia. La propia Claudia Sheinbaum Pardo ha sostenido que existen mecanismos para atender la crisis, sin embargo, los datos muestran otra cosa. Incluso a nivel internacional se ha advertido que “la crisis de desapariciones en México es generalizada y persistente”, señalando la incapacidad del Estado para responder de manera efectiva.
Héctor Flores lo resume con una pregunta que atraviesa toda esta problemática: “¿Dónde están esas más de 3 mil personas? ¿Por qué no hay una explicación?”. La respuesta, cada vez más, parece encontrarse en la propia estructura institucional.
Porque lo que emerge no es solo negligencia, sino un patrón. La falta de actualización de registros, la saturación de los SEMEFOS, la exclusión de casos por criterios burocráticos y la fragmentación entre niveles de gobierno configuran un proceso donde la desaparición no termina con la ausencia física.
Se prolonga en los datos, por ello hablar de una desaparición de los desaparecidos no es una victimizacion, sino una descripción precisa. Porque cuando el Estado no nombra, no cuenta y no identifica, también desaparece.
Lily Galarza
Direccion General de Revista Para Esto!
#DesaparecidosJalisco #MemoriaEnLasCalles #GuadalajaraResiste #HastaEncontrarles #FueElEstado
