Guadalajara, Jalisco — 02 de Abril de 2026
Tras una movilización que partió del Parque Rojo hacia el Centro Histórico, la #AsambleaPopulardeJalisco antes Asamblea Popular contra el Tarifazo emitió un pronunciamiento en el que afirmó que la reducción de la tarifa del transporte público de 14 a 11 pesos y la eliminación de la obligatoriedad de la tarjeta no son concesiones del gobierno, sino resultado directo de la presión social y la organización en las calles. Integrantes del movimiento señalaron que estos avances son producto de quienes se movilizaron contra el tarifazo, y destacaron también el papel del equipo legal que consiguió suspensiones provisionales en favor de estudiantes y adultos mayores. En contraste, acusaron a la Federación de Estudiantes Universitarios ( Feu Udeg ) de haber actuado de espaldas al movimiento, negociando sin transparencia y sin representar los intereses reales del estudiantado.
Durante el posicionamiento, la Asamblea denunció que la actual tarifa de 11 pesos carece de sustento técnico y responde a una imposición política, señalando que el subsidio de 3 pesos implica en realidad un costo trasladado a la población. Afirmaron que el sistema de transporte continúa siendo ineficiente, con unidades fuera de operación, servicio deficiente y condiciones que hacen del traslado diario una experiencia más cara, complicada e injusta. Frente a ello, propusieron una tarifa de 9.50 pesos como una alternativa más acorde a la realidad económica de la población, insistiendo en que no puede haber aumento sin una mejora sustancial en la calidad del servicio.
El pronunciamiento también enmarcó el conflicto del transporte dentro de una crisis más amplia en el estado, señalando problemas estructurales como la falta de acceso a servicios básicos, la inseguridad y la exclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones. La Asamblea criticó la lógica de gobierno que prioriza proyectos de alto perfil, como los vinculados al Mundial, por encima de necesidades urgentes como el agua, la movilidad y la infraestructura urbana. Asimismo, denunciaron que las decisiones se siguen tomando a puerta cerrada, ignorando el descontento social que persiste en amplios sectores de la población.
Finalmente, la Asamblea Popular de Jalisco anunció el inicio de una nueva etapa organizativa, con asambleas en barrios para fortalecer la participación colectiva y recoger propuestas desde las bases. También hicieron un llamado a sumarse a próximas movilizaciones, incluyendo la del 1° de mayo, destacando la necesidad de unidad de la clase trabajadora frente a las decisiones gubernamentales. Reiteraron que la lucha continuará en las calles hasta lograr cambios reales, sosteniendo que el tarifazo no es un problema aislado, sino expresión de un modelo que sigue privilegiando intereses económicos por encima de las condiciones de vida de la población.
La llamada “Tarifa Universal” a 11 pesos no representa ninguna victoria estructural para la población, aunque se intente presentar como una tarifa universal. En los hechos, no garantiza absolutamente nada, ni mejor servicio, ni mayor cobertura, ni condiciones dignas para quienes dependen diariamente del transporte público. Se trata, más bien, de un reajuste político que busca contener el descontento sin resolver el problema de fondo. La movilidad en Guadalajara sigue marcada por unidades en mal estado, rutas insuficientes y tiempos de espera que recaen directamente sobre la vida cotidiana de la clase trabajadora.
Hablar de una tarifa “justa” en este contexto es una simulación. No puede justificarse ningún aumento cuando el servicio continúa siendo deficiente y precario. El usuario paga más sin recibir nada a cambio, mientras el Gobierno de Jalisco mantiene un modelo que no logra ni garantizar rentabilidad a concesionarios ni mucho menos un derecho efectivo a la movilidad. La universalidad del cobro no corrige la desigualdad estructural del sistema, solo la distribuye de manera más amplia entre quienes menos tienen.
Además, es fundamental señalar que la supuesta tarifa de 11 pesos es, en realidad, una ficción parcial, el costo real sigue siendo de 14 pesos, donde los 3 pesos restantes serán cubiertos con recursos públicos. Es decir, ese “subsidio” no es otra cosa que dinero que sale, sí o sí, de los impuestos de la propia población. No se reduce el costo, se redistribuye el pago. La ciudadanía termina pagando de todas formas, pero ahora sin transparencia y sin una mejora tangible en el servicio.
A esto se suma el incumplimiento de las promesas de campaña por parte de Pablo Lemus Navarro , particularmente en lo referente a la expansión del tren ligero. Lo que se prometió como una apuesta por transformar la movilidad hoy se reduce a discursos y proyectos ausentes, mientras la ciudad sigue creciendo sin infraestructura suficiente para sostenerla. La falta de nuevas líneas y la precariedad del transporte existente evidencian que no hay un proyecto real de movilidad, sino una administración del conflicto y más de la porquería que entrega Diego Monraz.
En este sentido, el tarifazo de 11 pesos no solo es insuficiente, sino que forma parte de una lógica más amplia donde se prioriza el control político sobre la solución de las necesidades sociales. Sin mejora del servicio, sin ampliación de rutas y sin inversión real en transporte masivo, cualquier ajuste a la tarifa es, en esencia, una carga más para la población. La discusión no es cuánto debe costar el transporte, sino por qué se sigue pagando —dos veces— por un sistema que no garantiza el derecho básico a moverse en la ciudad.
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director General de Revista Para Esto!
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