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CUAAD Música: Un Movimiento Estudiantil en Silencio pero en Resistencia

Guadalajara, Jalisco — 05 de febrero de 2026

El movimiento estudiantil que hoy se articula en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), particularmente en el área de Música, no surge de una disrupción aislada ni de un conflicto inmediato, sino de un proceso prolongado de abandono institucional dentro de la Universidad de Guadalajara. Durante años, el CUAAD, y con mayor fuerza su sede de Música, ha permanecido al margen de las decisiones universitarias, relegado por una lógica administrativa que prioriza otros centros y concibe a la música como un elemento útil para el discurso cultural y el prestigio simbólico, pero prescindible cuando se trata de garantizar condiciones reales de formación.

Esta situación se expresa de forma directa en la infraestructura. Aunque la universidad presume los edificios que ocupa Música como patrimonio histórico, estos espacios no fueron diseñados ni adaptados para una escuela de música. No existen cubículos suficientes para el estudio individual, los salones carecen de condiciones acústicas adecuadas y el centro no cuenta con un auditorio propio. Esto impacta de manera inmediata en la formación, ya que una licenciatura que exige práctica constante, trabajo colectivo y ensambles orquestales se desarrolla en espacios improvisados o, en muchos casos, simplemente no se desarrolla.

La práctica orquestal, eje central de la formación musical, ha sido sistemáticamente obstaculizada. Durante años existió un convenio con el Teatro Degollado que permitía realizar ensayos y prácticas en un espacio adecuado. Dicho convenio fue cancelado y, desde entonces, no se ha generado ninguna alternativa real. La omisión se justifica bajo el discurso de que la Universidad de Guadalajara mantiene un conflicto político con el Gobierno del Estado. Este argumento ha funcionado como excusa permanente para no establecer nuevos acuerdos, aun cuando existen espacios culturales públicos que podrían garantizar condiciones mínimas para la práctica orquestal. El resultado es que estudiantes de Música cursan una carrera profesional sin contar con el espacio necesario para desarrollar una de sus materias fundamentales.

A estas carencias se suma una precariedad cotidiana que afecta directamente la permanencia estudiantil. La sede de Música carece de opciones institucionales para acceder a una comida digna. Muchos estudiantes realizan trayectos de dos o hasta tres horas desde municipios como Tlajomulco y pasan jornadas completas en el centro sin posibilidades reales de alimentarse adecuadamente. Esta situación incide de forma directa en la salud, la concentración y el rendimiento académico, sobre todo en una disciplina que exige esfuerzo físico, atención constante y largas horas de práctica.

Estas condiciones no son desconocidas para la universidad. En distintas evaluaciones externas, especialistas que han acudido a revisar el estado del programa y de la infraestructura han señalado que el centro no garantiza los mínimos necesarios para una formación musical profesional. Se ha advertido la falta de espacios adecuados, el deterioro de instrumentos, la desactualización de los programas y la inexistencia de lugares para la práctica colectiva. A pesar de estas observaciones, no se han emprendido acciones estructurales para corregirlas. Las advertencias se repiten, pero las condiciones materiales permanecen sin cambios.

Otro punto crítico es la manera en que la universidad administra la matrícula y las clases. Bajo criterios administrativos generales, se han recortado o cancelado materias con el argumento de la “falta de alumnos”, sin considerar que la formación musical opera con grupos reducidos por su propia naturaleza. Las clases individuales o de pocos estudiantes no son un problema de participación, sino una condición pedagógica indispensable. Al no reconocer esta particularidad, la universidad interrumpe trayectorias académicas y prolonga innecesariamente los tiempos de formación.

En Música no es extraño que las y los estudiantes permanezcan siete años o más dentro de la universidad. Esto no responde a negligencia ni a desinterés, sino a una estructura curricular extensa y a obstáculos administrativos constantes. Esta permanencia prolongada genera una convivencia particular. Las generaciones se conocen, se forman juntas y, con el tiempo, se convierten en colegas de trabajo en orquestas, ensambles y proyectos musicales dentro y fuera de la universidad. Aun así, esta dinámica ha sido ignorada o estigmatizada, en lugar de reconocerse como parte central de la formación musical.

Frente a este abandono sostenido, el estudiantado comenzó a organizarse. Problemas de seguridad, restricciones arbitrarias de acceso al plantel, el aumento al transporte público y la precarización cotidiana hicieron evidente que las autoridades no estaban dispuestas a resolver estas problemáticas. La respuesta no surgió desde las estructuras formales de representación, históricamente ausentes en la sede de Música, sino desde la asamblea y la organización directa.

La organización estudiantil no nace de consignas abstractas, sino de necesidades concretas. La creación de comedores comunitarios, la reapropiación de espacios abandonados, la coordinación con otras sedes del CUAAD y la autogestión de recursos básicos son respuestas prácticas frente a la ausencia institucional. Estas acciones no sustituyen la responsabilidad de la universidad, pero la evidencian.

El movimiento estudiantil del CUAAD Música también cuestiona una visión reducida de la música como simple ejecución técnica. Para quienes estudian en este centro, la música es una práctica social, histórica y colectiva, vinculada al territorio y a las condiciones materiales de quienes la producen. No puede separarse la formación musical de los espacios, los tiempos y las condiciones de vida en las que se desarrolla.

Hoy, desde un centro que la universidad administra como objeto histórico, el estudiantado está construyendo un sujeto político. No solo se cuestionan decisiones administrativas aisladas, sino una forma estructural de entender la educación artística como secundaria. Lo que ocurre en el CUAAD Música es una exigencia concreta de espacios adecuados para la práctica, condiciones mínimas de estudio, alimentación digna y una universidad que deje de usar conflictos políticos como justificación para el abandono.

La lucha no es simbólica ni abstracta. Es por condiciones materiales reales que permitan estudiar, crear y formarse como músicos. En ese proceso, el movimiento estudiantil del CUAAD Música demuestra que incluso desde los márgenes se puede organizar, resistir y disputar el derecho a una educación pública digna.

— ¡La lucha continúa!

— ¡Por y para los músicos que crean y tocan música para el pueblo!

Rueda de prensa: Asamblea Popular contra el Tarifazo denuncia irregularidades en el aumento al transporte público

Guadalajara, Jalisco — 3 de febrero de 2026

Desde el Congreso de Jalisco la Asamblea Popular contra el Tarifazo —integrada por colectivos, organizaciones civiles y ciudadanía organizada— dio a conocer, mediante una rueda de prensa, una serie de irregularidades en el reciente aumento a las tarifas del transporte público, así como en la implementación de subsidios condicionados al uso de sistemas bancarios.

La Asamblea denunció que el incremento tarifario y el esquema de subsidios vulneran de manera interconectada diversos derechos constitucionales, al transformar un servicio público esencial en un privilegio condicionado por la capacidad económica y el acceso al sistema financiero. En particular, señalaron que las familias trabajadoras y el sector estudiantil, especialmente quienes habitan en la periferia, se ven obligados a elegir entre trasladarse, alimentarse o continuar con sus estudios.

Este escenario —subrayaron— vulnera el derecho a una vida digna, al trabajo, a la educación y a la recreación, al condicionar el acceso al empleo y al esparcimiento a la posibilidad de pagar el transporte.

Uno de los puntos centrales de la denuncia fue el condicionamiento de la tarifa preferencial de cinco pesos a la bancarización obligatoria. Este mecanismo exige la entrega de datos personales y biométricos, incluso de menores de edad, lo cual fue señalado como una forma de normalización de prácticas de vigilancia, control y exclusión social. La Asamblea advirtió que esta medida discrimina a personas adultas mayores, población con brecha digital, sectores en pobreza extrema y habitantes de zonas rurales sin acceso al sistema financiero.

Asimismo, denunciaron la ausencia total de consulta pública, no se tomó en cuenta a la ciudadanía, la academia, los sectores productivos ni a las familias usuarias del transporte. En un contexto de transporte lento, peligroso y deficiente, afirmaron, el aumento tarifario no constituye una política pública, sino una agresión directa a los derechos sociales.

Transporte, lucro privado y responsabilidad del Gobierno de Jalisco.

La Asamblea señaló que los recursos destinados al subsidio provienen de fondos originalmente asignados al mejoramiento del transporte —infraestructura, calidad del servicio, accesibilidad y renovación del sistema—, lo que implica que la ciudadanía no solo paga el aumento, sino que además financia la reorientación del presupuesto público en beneficio de intereses privados.

Recordaron que el transporte público concesionado prioriza el lucro de particulares por encima del bienestar social, en contravención al artículo 4º constitucional, que reconoce el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. En este sentido, advirtieron que el aumento tarifario constituye una medida regresiva y, por tanto, inconstitucional, al reducir un nivel de accesibilidad previamente garantizado.

Uno de los sectores más afectados por el aumento es el estudiantil. La Asamblea denunció que el acuerdo anunciado entre la Federación de Estudiantes Universitarios Feu Udeg y el gobierno estatal, la mañana previa a la marcha del 10 de enero, tuvo como objetivo central desmovilizar a la comunidad estudiantil, uno de los sectores más golpeados por el tarifazo.

Para miles de estudiantes, especialmente quienes viven en la periferia y dependen de múltiples traslados diarios, el aumento implica elegir entre estudiar o subsistir. Lejos de atender el problema de fondo, señalaron que la llamada tarifa preferencial vuelve a condicionar el acceso al transporte a la entrega de datos personales y a la bancarización obligatoria, profundizando los riesgos de vigilancia y control sobre la disidencia estudiantil.

La instalación de módulos de registro dentro de la Universidad de Guadalajara genera, además, una preocupación legítima sobre el uso, resguardo y posible criminalización de esta información, particularmente cuando la FEU —afirmaron— no representa la diversidad del estudiantado y ha participado activamente en la represión de la organización estudiantil independiente en meses recientes.

Durante la ronda de intervenciones, se señaló que el problema de fondo es la privatización del transporte público en Jalisco, que hoy alcanza entre el 80 y 90 % del sistema. Se recordó la desaparición de empresas públicas como Servicios y Transportes, lo que abrió la puerta al modelo actual de concesiones privadas, precarización del servicio y explotación laboral de las y los choferes.

La Asamblea sostuvo que existen condiciones presupuestales para construir un sistema de transporte municipal y estatal, público, accesible y eficiente, que dignifique tanto a las personas usuarias como a las y los trabajadores del sector. Insistieron en que la solución no pasa por tarjetas, subsidios condicionados ni aumentos, sino por una reestructuración profunda del modelo de movilidad.

Para Esto! La Asamblea Popular contra el Tarifazo hizo un llamado a la ciudadanía a movilizarse el próximo 8 de febrero a las 11:00 de la mañana, partiendo de la Glorieta Minerva con destino a Casa Jalisco, para exigir la cancelación del aumento, el rechazo al tarjetazo y la construcción de un transporte verdaderamente público.

“Defender el transporte público es defender el derecho a la ciudad, a la vida digna y a la organización colectiva. No vamos a aceptar decisiones que profundicen las desigualdades. Si el Estado busca cansarnos, le decimos que esto apenas comienza”, concluyeron.

No al tarifazo.

No al tarjetazo.

El transporte público es un derecho, no un negocio.

— La Lucha Continúa!

Mira la transmisión completa aquí Comité de Solidaridad con Palestina GDL:

https://www.facebook.com/share/v/1ALtfP57ke/

#NoAlTarifazo #NoAlTarjetazo #ElTransporteEsUnDerecho #DerechoALaMovilidad #AsambleaPopular

 

Colectivo realiza pega de cédulas en el centro de Guadalajara y denuncia omisiones del Estado.

Guadalajara, Jalisco.— 02 de Febrero de 2026

El pasado domingo, el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. realizó una pega de cédulas de búsqueda en el centro de Guadalajara, como parte de sus acciones de visibilización y exigencia de verdad, justicia y memoria. La actividad se desarrolló en un contexto de avances organizativos, pero también de fuertes críticas a las instituciones del Estado por sus omisiones y simulaciones.

Durante la jornada, integrantes del colectivo informaron que, gracias a la lucha sostenida y al apoyo solidario recibido, desde el 26 de noviembre de 2025 las familias fueron reconocidas oficialmente como grupo prioritario vulnerable, lo cual ya fue publicado de manera formal. Este reconocimiento permite que las familias puedan acceder a un registro de personas sujetas a asistencia social, con posibles beneficios y procesos más ágiles.

Señalaron que actualmente se trabaja en la logística para que las familias del colectivo puedan incorporarse a dicho registro, ya sea de manera individual o colectiva, con el objetivo de garantizar que estos derechos se materialicen. Aunque aún no está claro si se otorgará algún tipo de credencial, el colectivo aseguró que seguirá presionando para que el reconocimiento no quede solo en el papel.

Las familias también denunciaron la grave situación de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cuales calificaron como incompletas, genéricas y realizadas “al vapor”. Explicaron que estas recomendaciones impactan directamente en procesos fundamentales como la búsqueda, la investigación y la reparación integral del daño, ya que no reflejan de manera adecuada las violaciones específicas sufridas en cada caso.

Advirtieron que muchas recomendaciones se elaboran a partir de “generalidades” que repiten violaciones comunes, sin un estudio profundo de cada carpeta de investigación, lo que deja fuera a otros familiares afectados y limita el acceso pleno a la reparación integral, un derecho que corresponde a todas las víctimas.

Asimismo, señalaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas basa la reparación en lo que establece la Comisión de Derechos Humanos, por lo que una recomendación deficiente se traduce en una reparación incompleta o inexistente. Ante este panorama, el colectivo no descartó realizar acciones de protesta y presión directa contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

En otro punto, informaron que actualmente no hay presupuesto suficiente en diversas instituciones hasta el mes de marzo, lo que ha frenado contrataciones y acciones. Aunque se prevé la incorporación de nuevo personal en áreas como la Comisión de Búsqueda, advirtieron que será insuficiente frente al crecimiento constante de personas desaparecidas.

— La Lucha Continúa!

#LuzDeEsperanza #HastaEncontrarles #NiUnDesaparecidoMás #JaliscoEstadoDesaparecedor #CrisisHumanitaria

 

Telefonistas y sindicatos vuelven a las calles; exigen jornada de 40 horas y defienden contratos colectivos

Guadalajara, Jalisco — 31 de enero de 2026

Trabajadores sindicalizados de distintos sectores salieron nuevamente a las calles de Guadalajara como parte de la Jornada Nacional de Lucha, convocada a nivel nacional por organizaciones sindicales, campesinas y de la sociedad civil. La movilización tuvo como eje central la defensa de los contratos colectivos de trabajo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la solidaridad con la huelga del Nacional Monte de Piedad y la defensa de la soberanía nacional.

Desde tempranas horas, integrantes del Sindicato de Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana (STRM), junto con trabajadores del Nacional Monte de Piedad, juventudes organizadas y otros sindicatos, se concentraron para marchar rumbo a Plaza de Armas, donde se llevó a cabo la lectura de diversos pronunciamientos dirigidos a la opinión pública y al Gobierno Federal.

Durante la movilización, Reyes Torres, miembro del comité del STRM sección 2 Guadalajara, señaló que uno de los principales objetivos de la jornada es exigir la aprobación inmediata de la reforma a la Ley Federal del Trabajo para establecer la semana laboral de 40 horas sin reducción salarial, así como impulsar políticas de vivienda digna y respaldar la defensa de la soberanía nacional.

“Estamos en una jornada nacional para exigir que todos los trabajadores tengan derecho a una jornada de 40 horas. También luchamos por vivienda digna y expresamos nuestra solidaridad con los compañeros del Nacional Monte de Piedad, que llevan más de 120 días en huelga”, expresó.

La movilización también visibilizó el conflicto laboral que atraviesan las y los trabajadores del Nacional Monte de Piedad, quienes mantienen una huelga desde el 1 de octubre de 2025. Roberto Luquín, secretario general de la sección Guadalajara y Puerto Vallarta, denunció violaciones sistemáticas al contrato colectivo de trabajo, incumplimientos salariales y jubilaciones pendientes, así como prácticas de hostigamiento por parte de la administración.

“Nuestra huelga es legal y reconocida por la autoridad. La necedad de la administración afecta a más de 1,800 trabajadores y a miles de familias que dependen del Monte de Piedad”, afirmó.

En los pronunciamientos leídos, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) y otras organizaciones manifestaron su respaldo al gobierno federal frente a las presiones del gobierno estadounidense, denunciando políticas intervencionistas, amenazas a la soberanía de los pueblos y el intento de imponer intereses de los grandes capitales en la región.

Asimismo, se exigió la apertura de un diálogo social permanente que permita atender conflictos laborales, recuperar el poder adquisitivo de los salarios contractuales, eliminar el uso de las UMAS en pensiones, fortalecer el sistema público de salud y avanzar en una verdadera política de bienestar.

Organizaciones juveniles como la Unión de la Juventud Revolucionaria de México( UJRM Jalisco ) y el Frente Popular Revolucionario – FPR también tomaron la palabra, reafirmando su solidaridad con la clase trabajadora y denunciando políticas locales como el tarifazo al transporte público en Jalisco, al que calificaron de autoritario y regresivo.

La jornada concluyó entre consignas como “Sindicatos unidos jamás serán vencidos” y “Ni un paso atrás”, dejando claro que el movimiento sindical mantiene su capacidad de movilización y su intención de seguir presionando en las calles por una agenda laboral pendiente en México.

— La Lucha Continúa!

— ¡Viva los obreros sindicalizados!

#JornadaLaboralDigna #DefensaDelContratoColectivo #SalariosDignos #ViviendaDigna

 

Búsqueda en campo en la Colonia Indígena de Mezquitán: Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. inicia el año con acción directa

Guadalajara, Jalisco – 31 de enero de 2026

Fue el pasado jueves cuando el Colectivo Luz de Esperanza, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco realizó una jornada de búsqueda en campo en la Colonia Indígena de Mezquitán, como parte de las acciones directas con las que el colectivo inicia el año.

Las labores se desarrollaron con la participación activa de familiares de personas desaparecidas, así como con el acompañamiento de Protección Civil y Bomberos Zapopan la Célula de Búsqueda de la Policía de Zapopan , la Secretaría de Seguridad Jalisco , la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, perteneciente a la 14ª Zona Militar de la Defensamx.

Durante la jornada se recorrió una zona aproximada de 400 metros, realizando un barrido en áreas de difícil acceso, por lo que los trabajos se dividieron en tres equipos:

El primer equipo trabajó en la zona alta, de menor complejidad, donde se concentró la mayoría de las familias buscadoras.

El segundo equipo descendió alrededor de 15 metros en una zona de acceso complicado, integrado por aproximadamente seis familiares que realizaron un barrido exhaustivo.

El tercer equipo, encargado de las labores más riesgosas, estuvo conformado por Héctor Cuñado, vocero del colectivo y padre de Héctor Fernández; Héctor Águila, padre de Héctor Adrián Águila Corona; el padre de Raymundo Gómez García y el periodista Mario Antonio Lopez Carbajal director de este medio. Este grupo descendió hasta 90 metros hasta el punto donde desemboca el río, realizando un recorrido en zigzag, subiendo y bajando hacia el camino principal, con el objetivo de inspeccionar zonas de interés previamente denunciadas por habitantes del lugar.

Tras cinco horas de búsqueda, la jornada fue dada por concluida. No se obtuvieron hallazgos positivos, sin embargo, las familias señalaron la importancia del trabajo realizado, ya que se logró recorrer e intervenir espacios históricamente inaccesibles, aportando certeza sobre el terreno explorado.

Al finalizar la jornada, Héctor Flores, vocero del Colectivo Luz de Esperanza, señaló:

“Esta búsqueda se realizó a partir de denuncias de posibles restos humanos en la zona. Metimos la solicitud ante la Comisión de Búsqueda para hacer la prospección correspondiente. Fue un trabajo muy duro, tanto de las familias como de las autoridades que nos acompañaron.

Desgraciadamente no encontramos restos, pero también es una búsqueda buena, porque da tranquilidad. Todos los puntos que nos compartan tienen que trabajarse.”

Héctor destacó como uno de los principales elementos de la jornada la amplia participación de las familias buscadoras, de personas solidarias y la predisposición de autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes se coordinaron para llevar a cabo la búsqueda.

Finalmente, informó sobre las próximas acciones del colectivo, adelantando que la próxima semana se realizarán nuevas prospecciones en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, en zonas de Tlajomulco y Zapopan. Asimismo, convocó a la ciudadanía a participar en una búsqueda nocturna programada para el 9 de febrero, en la zona centro de Guadalajara.

“Muy pronto vamos a continuar con más búsquedas. Todas y todos están invitados a acompañarnos”, concluyó.

Desde Revista Para Esto! estamos convencidos de que nuestra labor periodística no se limita a la introspección de la nota ni a la observación distante de los hechos. Partimos de una certeza, nosotros vivimos aquí, caminamos los mismos territorios, compartimos las mismas violencias y sabemos, en carne propia, lo que atraviesa nuestro día a día.

Por eso, asumimos que el periodismo que hacemos no puede ser indiferente ni cómodo. Desde este medio decidimos involucrarnos, unirnos y ser parte activa de las labores de búsqueda, así como de las distintas formas de organización y lucha colectiva, ya sea acompañando a colectivos de búsqueda, expresando solidaridad con el pueblo palestino, o respaldando a grupos de defensa del territorio.

Creemos que el periodismo que no toma postura termina siendo cómplice del silencio. Solo rompiendo con la indiferencia, acompañando, participando y organizándonos, es posible construir un cambio real.

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— La Lucha Continúa !

#HastaEncontrarles #BúsquedaEnCampo #FamiliasBuscadoras #LuzDeEsperanza

DENUNCIA PÚBLICA: Exigimos a la Rectora Karla Planter que atienda la denuncia de @Daniela Báez Sosa

Guadalajara, Jalisco. — 27 de Enero de 2026

Quienes suscribimos esta denuncia pública exigimos a la Rectora General de la Universidad de Guadalajara Karla Alejandrina Planter Pérez, que atienda de manera inmediata y responsable la denuncia presentada por la estudiante Claudia Daniela Báez Sosa, así como los compromisos y exigencias ahí pactadas, mismas que han sido sistemáticamente ignoradas por la institución.

El caso de Claudia Daniela Báez Sosa evidencia un patrón de omisiones, encubrimiento institucional y revictimización dentro de la Universidad de Guadalajara, particularmente en el @Sistema Educación Media Superior (SEMS).

Pese a la gravedad de los hechos —abuso sexual infantil equiparado agravado cometido por el exdocente David C., de la Preparatoria Regional de Chapala— la UdeG ha optado por el silencio, la simulación y la falta de transparencia.

Desde marzo de 2022, la denunciante ha solicitado formalmente:

— La entrega del acta de sesión donde conste la resolución de su denuncia (expediente DDU/V2/AT/0011/2022).

— Una disculpa pública institucional.

— La garantía de no represalias políticas por haber denunciado.

A la fecha, ninguna de estas exigencias ha sido cumplida.

La Universidad ha difundido comunicados afirmando que actuó “de manera ejemplar”, pero se ha negado a publicar el documento oficial que respalde dicha versión. Esta negativa refuerza la sospecha de encubrimiento y protección a funcionarios omisos, señalados directamente por la denunciante.

Irregularidades en el proceso judicial

A estas omisiones institucionales se suman irregularidades graves en el proceso judicial, que afectan directamente el acceso a la justicia de la denunciante:

— La compañera Daniela Báez quedó de acudir por el acta de sesión en la semana en que el juzgado regresaba de vacaciones. Sin embargo, la audiencia intermedia fue fijada para el primer día del periodo vacacional, lo que constituye una primera irregularidad que obstaculizó el avance del caso.

— Tras dictar el Juez un plazo de cinco días para el cierre de la investigación complementaria, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación. Dicha apelación no había sido resuelta para el 15 de diciembre, fecha de la audiencia intermedia, por lo que el Juez sabía de antemano que no podría dictar auto de apertura a juicio.

— El Juez informó a la denunciante que no sería quien dictara sentencia, pues esa etapa correspondería a otro juzgador. Este hecho es particularmente grave, ya que se trata del tercer juez asignado al caso, lo que evidencia inestabilidad procesal y afecta la continuidad y certeza jurídica.

Este caso se inscribe en un contexto estructural de violencia dentro del SEMS, dónde existe múltiples denuncias por acoso, abuso sexual, amenazas, hostigamiento y negligencia institucional han sido ignoradas o minimizadas. El feminicidio de Kimberli Nicol Álvarez González, estudiante de la Preparatoria Regional Santa Anita, es una consecuencia extrema de esta política de abandono, donde las autoridades conocían el riesgo y decidieron no actuar.

Por todo lo anterior, exigimos a la Rectora General Karla Planter:

— Que atienda de manera directa la denuncia de Claudia Daniela Báez Sosa.

— Que se haga pública de inmediato el acta de resolución de su expediente.

— Que se sancione administrativa y políticamente a las autoridades universitarias que incurrieron en omisión, encubrimiento y revictimización.

— Que se garantice la protección integral de las estudiantes que denuncian violencia dentro de la UdeG.

— Que la Universidad deje de simular protocolos y comience a asumir responsabilidades reales.

La Universidad de Guadalajara no puede seguir sosteniendo una imagen de legalidad y compromiso social mientras protege agresores, calla frente a la violencia y castiga a quienes denuncian.

— La justicia no se decreta en comunicados. La justicia se demuestra con hechos.

— Ni silencio, ni encubrimiento.

— Justicia para Claudia Daniela Báez Sosa.

Suscribimos:

El rebozo de México

Frente Feminista de Jalisco

— Dirección de Revista Para Esto !

 

Concentración popular en contra del tarifazo en Jalisco.

Guadalajara, Jalisco – 27 de enero de 2026

Fue el pasado domingo 25 cuando la recién conformada Asamblea Popular contra el Tarifazo, integrada por múltiples colectivos, organizaciones civiles y ciudadanía organizada de Jalisco, se reunió en Plaza Universidad con el propósito de generar conciencia social respecto al aumento unilateral aprobado por el supuesto “Comité Técnico”. La intención principal fue llegar a las personas de a pie, explicar de qué trata este aumento y de qué manera pueden organizarse para derogar o echar atrás el incremento de la tarifa a 14 pesos, así como la imposición casi obligatoria de adquirir la tarjeta única promovida por el gobierno en turno de Movimiento Ciudadano Jalisco, encabezado por Pablo Lemus Navarro, bajo el lema #AlEstiloJalisco.

Durante la intervención, la Asamblea Popular tomó la palabra y repartió volantes explicando cómo funciona el tarifazo, el cual elevaría el costo del pasaje hasta los 14 pesos. Se señaló que este aumento representa un golpe directo a la economía de la clase trabajadora, estudiantes y personas adultas mayores, sin que exista una mejora real en la calidad del servicio. Se denunció que el transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara continúa siendo caro, deficiente, saturado e inseguro, con tiempos de espera excesivos y unidades en malas condiciones.

Asimismo, se expuso que la tarjeta promovida por el gobierno tiene implicaciones que no aparecen en su publicidad. Entre ellas, se señaló que la empresa Broxel establece distintos costos relacionados con la expedición y reposición de la tarjeta, así como elevados cargos por transferencias que no son mencionados públicamente. Además, para adquirirla es necesario entregar datos sensibles, lo que implica la bancarización de diversos programas sociales. A esto se suma que la empresa a la que se le confían estos datos cuenta con un grave historial de fallas de seguridad y múltiples reclamos, de acuerdo con el último análisis de la CONDUSEF. Ante esto surge la pregunta ¿a quién le estamos entregando nuestros datos?

Se señaló que la implementación de esta tarjeta responde más a un negocio millonario que a una política pública orientada a garantizar el derecho a la movilidad. También se denunció que esta misma empresa fue dada de alta en diciembre pasado por la Universidad de Guadalajara para manejar las tarjetas de vales del personal que labora en la institución (no se nos escapa la UdeG), y que posteriormente el gobierno estatal y la Feu Udeg llegaron a un “acuerdo” para mantener la tarifa en 5 pesos durante el mandato de Pablo Lemus. ¿Coincidencias?

Ante esto desde Revista Para Esto! denunciamos un acto de intimidación por parte de la policía, luego de que cuatro agentes del denominado “equipo liebre” se acercaran a integrantes del Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. para cuestionarlos sobre su participación en la movilización, mientras las familias buscadoras realizaban pega de cédulas de búsqueda sobre avenida Juárez. Consideramos este hecho como un acto cobarde y una muestra más de la criminalización de la protesta social y de la labor de búsqueda de personas desaparecidas que realizan los colectivos.

A lo largo de la asamblea se reiteró que la movilidad es un derecho humano, no un privilegio ni una mercancía. Las y los participantes coincidieron en que el aumento a la tarifa no se justifica en un contexto de salarios mínimos insuficientes, precarización laboral y jornadas extensas, donde miles de personas destinan una parte considerable de su ingreso únicamente para trasladarse a trabajar, estudiar o acceder a servicios básicos. Se subrayó que este tipo de decisiones se toman de manera autoritaria, sin consulta pública, y que benefician exclusivamente a intereses empresariales y gubernamentales.

La Asamblea Popular contra el Tarifazo hizo un llamado a la ciudadanía a informarse, organizarse y movilizarse, destacando que solo mediante la acción colectiva es posible frenar estas medidas de saqueo.

Próxima movilización:

  • 8 de febrero
  • Glorieta Minerva
  • 11:00 horas

— La Lucha Continúa!

#NoAlTarifazo #NoAlTarjetazo #LaMovilidadNoSeVende #MovilidadEsUnDerecho #ContraElTarifazo #TarifazoJalisco

 

Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco, realiza pega de cédulas en Av. Juárez

Guadalajara, Jalisco — 25 de Enero de 2025.

Hoy el Colectivo Luz de Esperanza, volvió a tomar las calles de Guadalajara, realizando una pega de cédulas de búsqueda sobre Avenida Juárez, bajo la consigna de que la verdad no se oculta retirando las fichas de las personas desaparecidas. El colectivo ha denunciado que en zonas céntricas como Tlaquepaque y Zapopan las cédulas son retiradas en menos de un mes después de ser colocadas, una práctica que no sólo representa una forma de revictimización hacia las familias buscadoras, sino también evidencia la indiferencia social frente a una grave crisis humanitaria.

Jalisco continúa ocupando el primer lugar a nivel nacional en el número histórico de personas desaparecidas. Sin embargo, esta realidad se ve constantemente maquillada mediante la manipulación de estadísticas y el manejo discrecional de las carpetas de investigación, generando la falsa percepción de normalidad entre la población, que pareciera ajena a la violencia y al dolor que se vive día a día. Esto no debería ser así.

Gobierno de Guadalajara sigue indiferente también ante los claros casos de gravedad que ocurren en el Gobierno de Jalisco. Por lo que parece más preocupado por un Mundial donde no asistirá nadie casi nadie en Jalisco por beneficiar algunos extranjeros.

— La Lucha Continúa!

#LuzDeEsperanza #HastaEncontrarles #NiUnDesaparecidoMás #JaliscoEstadoDesaparecedor #CrisisHumanitaria

Colectivo Luz de Esperanza vuelve a la Secretaria de Seguridad Publica a realizar su pega semanal

Guadalajara, Jalisco — 19 de Enero de 2026

El día de ayer, domingo, el colectivo realizó una pega de cédulas de búsqueda en las inmediaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, luego de que en una acción previa estas fueran retiradas en menos de 30 minutos por personal de la propia dependencia.

A pesar de ello, más de 40 personas se sumaron de manera solidaria para acompañar y apoyar la actividad, en un acto de denuncia pública frente a la indolencia del gobierno estatal.

Familiares de personas desaparecidas calificaron el hecho como vergonzoso y arrogante por parte del Estado, señalando que resulta indignante que la Secretaría de Seguridad Pública actúe con rapidez para retirar cédulas, pero sea incapaz de responder con la misma prontitud a los llamados de auxilio realizados por miles de familias en Jalisco.

“Son los primeros en quitar cédulas, pero nunca llegaron cuando hicimos los reportes. Muchas veces tardaron horas o simplemente nunca aparecieron. Hoy siguen invisibilizando a las personas desaparecidas”, denunciaron.

El colectivo informó que la queja fue hecha llegar a los enlaces de diálogo que mantienen con el gobierno estatal, así como a diversos medios de comunicación mediante un comunicado urgente. Hasta el momento, no hubo ninguna respuesta oficial.

Las familias advirtieron que el Estado continúa minimizando y ocultando la crisis de desapariciones, mientras en el país se contabilizan más de 130 mil personas desaparecidas, lo que representa más de 130 mil familias atravesadas por el dolor y la ausencia.

“No se trata solo de cifras. Es un crimen contra la sociedad y una vergüenza para Jalisco y para el país. Esta crisis humanitaria no se puede tapar con discursos, ni con el Mundial, ni con maquillaje urbano”, señalaron.

También criticaron el papel de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, acusándola de emitir recomendaciones concentradoras y mediáticas, alejadas de los estándares internacionales y sin un estudio profundo de los casos, lo que solo genera falsas expectativas en las familias.

En cuanto a las búsquedas, el colectivo informó que existen múltiples búsquedas pendientes en municipios como Tlajomulco y Zapopan, muchas de ellas detenidas por la negativa de las autoridades a tramitar órdenes de cateo, incluso cuando se trata de espacios abiertos.

“Si el Estado no responde, vamos a seguir buscando sin las autoridades. No es justo que toda la carga recaiga en las familias”, afirmaron, subrayando que hay zonas controladas por el crimen organizado donde ni siquiera las autoridades pueden ingresar, lo que agrava aún más la situación.

Finalmente, las familias hicieron un llamado a seguir organizándose y movilizándose, recordando que nada se ha conquistado sin lucha colectiva, y agradecieron profundamente a las personas solidarias que acompañan las pegas y acciones de denuncia:

“Puede parecer poco, pero su apoyo nos cambia el día. Nos aligera la carga y nos recuerda que no estamos solas”.

– ¡Fue el Estado!

– La Lucha Continua!

#EstadoResponsable #JaliscoDesaparece #GobiernoOmiso #ImpunidadDeEstado #PabloLemus

Los garrotes tarifarios contra el derecho popular de movilización.

El pasado sábado 10 de enero del presente año colectivos populares, de madres y padres buscadores, estudiantiles y políticos marcharon pacíficamente junto al pueblo jalisciense contra la designación antidemocrática del alza del transporte público. A la marcha acudieron más de 600 personas en el centro histórico de Guadalajara con el fin de que se escuchara su voz flameante y frenar el garrote tarifario del transporte público de la mano del gobernador Pablo Lemus Navarro.
Horas antes de la convocatoria presencial de la marcha en el Parque Revolución, Parque Rojo, la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, Feu Udeg, Fernanda Romero y Pablo Lemus por medio de las redes sociales expusieron un acuerdo tarifario para los estudiantes de 5 pesos ¿acaso solo las y los estudiantes recurren al transporte público para movilizarse diariamente? ¡La respuesta rotunda es un no concreto! Ese ridículo pacto acaricia lo absurdo, ya que la mayoría de los padres de familia del sector estudiantil pertenece a la clase obrera y utiliza diariamente el transporte público ¡las voces tranquilas y las sonrisas falsas políticas no encubrirán la realidad del pueblo de Jalisco!
La concentración después de la marcha se dio a las afueras del Palacio Gobierno donde se celebró un mitin meramente popular y de protesta con los lemas ¡NO AL TARIFAZO! y ¡FUERA LEMUS!. El pueblo gritó y no está contento con este gobierno. Del mismo modo, el sector estudiantil vociferó ¡FUERA FEU! Los estudiantes tampoco están con su corrompida organización. Después de la práctica valida del derecho de protesta llegaron antimotines armados contra movimientos sociales ¿quiénes dieron la orden para que llegaran estos muñecos de cartón autómatas del sistema? ¿a quién realmente defienden?
Al llegar elementos del Estado la manifestación terminó por lo cual la orden fue la disolución de la protesta. Cada uno de los grupos tomó rumbo para sus casas. Sin embargo, los acríticos muñecos del sistema cazaron una vez bajada la guardia a los manifestantes, mayoritariamente estudiantes de la Universidad de Guadalajara. 4 fueron los detenidos ¿por qué estudiantes?
¿dónde quedó la FEU y las autoridades de la UdeG que supuestamente se proclamaron en contra del tarifazo? ¿Por qué no ha dicho nada Lemus sobre la manifestación y su pacto con el Grupo Universidad? ¿cuántos más garrotazos tenemos que soportar para que nos quiten las vendas de los ojos?
— Canser.
Corresponsal Especial de Revista Para Esto!
— La Lucha Continúa!

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