29 de junio de 2026 – Guadalajara, Jal.
El Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. llevó a cabo este domingo 28 de junio su jornada semanal de pega de cédulas de búsqueda en la Av. Chapultepec en colonia americana, una actividad que realizan de manera permanente para visibilizar a las miles de personas desaparecidas y mantener viva la exigencia de localización de sus seres queridos. Durante la jornada, integrantes del colectivo colocaron fichas de búsqueda en espacios públicos con el objetivo de ampliar su difusión entre la ciudadanía.
En entrevista, Héctor Cuñado, integrante y vocero del colectivo, informó sobre los avances del amparo promovido por Luz de Esperanza junto con la asociación civil para que las colectivo puedan integrar a más personas en este mecanismo, como defensoras de derechos humanos dentro del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Héctor explicó que el colectivo obtuvo nuevamente una resolución favorable, luego de que la Secretaría de Gobernación impugnara una primera sentencia. El objetivo es que más integrantes puedan incorporarse al mecanismo y acceder a medidas de protección adecuadas debido a los riesgos que enfrentan durante sus labores de búsqueda.
“Ganamos y ellos interpusieron un recurso, y acabamos de ganar otra vez. Conforme se vaya abriendo el tema, vamos a seguir ingresando a las compañeras y compañeros que necesiten elevar las medidas de protección a nivel federal”, señaló.
Héctor recordó que desde hace varios años integrantes del colectivo han sido víctimas de amenazas y agresiones, situación que motivó su incorporación al mecanismo federal. Sin embargo, denunció que las medidas implementadas han sido insuficientes y, en algunos casos, simplemente dejaron de cumplirse.
“En mi caso, la Guardia Nacional lleva un año sin realizar los tres rondines diarios que debería hacer. A otras familias les sucede exactamente lo mismo. También nos negaron cámaras de vigilancia y otras medidas de seguridad; todo fue muy irregular”, denunció.
Héctor sostuvo que el mecanismo de protección atraviesa un proceso de debilitamiento institucional, caracterizado por la reducción de recursos y por privilegiar el retiro de medidas de protección en lugar de fortalecerlas.
“Las reuniones del mecanismo parecen estar destinadas a quitarte las medidas, no a otorgarte más. Todo el sistema nacional está muy deteriorado”, afirmó.
Asimismo, aseguró que la exigencia del colectivo no responde a intereses partidistas, sino a la obligación que tienen las autoridades de garantizar la seguridad de quienes buscan a sus familiares desaparecidos.
“A nosotros nos da igual quién gobierne. Lo único que exigimos es que cumplan con sus obligaciones. Las desapariciones no distinguen partidos políticos”, expresó.
Este también señaló que, una vez consolidado el reconocimiento dentro del mecanismo, será posible incorporar no sólo a familiares buscadores, sino también a personas solidarias que acompañan al colectivo y que, debido a su labor, enfrentan riesgos de seguridad.
Ante ello todavía el colectivo luz de esperanza sigue firme en el posicionamiento emitido recientemente, en el que denuncian una creciente criminalización y revictimización de los colectivos de búsqueda por parte de autoridades federales. El colectivo cuestionó las declaraciones realizadas por integrantes del Gobierno Federal, particularmente desde la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación, al considerar que han contribuido a estigmatizar el trabajo de las familias buscadoras. Además, criticaron el silencio de diversos diputados del Congreso de Jalisco que anteriormente manifestaron su respaldo a los colectivos.
“Las desapariciones nos competen a todas y todos. Nuestra causa es política porque existe frente a la indiferencia institucional, pero no es partidista”, sostuvieron en su comunicado.
Por ello exigieron que las autoridades y representantes populares asuman una postura coherente frente a la crisis de desapariciones y dejen de utilizar a las víctimas como instrumento de confrontación política. Además también el colectivo ha manifestado la preocupación del colectivo por la iniciativa aprobada el pasado 23 de junio en la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de Jalisco para crear la Ley para Prevenir el Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes.
La propuesta, impulsada por la diputada Mónica Magaña desde agosto de 2025, plantea la creación de un sistema especializado para identificar zonas de riesgo, coordinar acciones de prevención entre autoridades estatales y municipales, brindar atención integral a las víctimas y establecer sanciones de hasta 30 años de prisión para quienes recluten a personas menores de edad. Además, contempla refugios temporales, atención médica, psicológica y psiquiátrica, así como programas de acompañamiento y reinserción social para niñas, niños y adolescentes rescatados.
Si bien el colectivo reconoció el avance legislativo, señaló que la iniciativa deja fuera a uno de los sectores más afectados por este fenómeno, las y los jóvenes mayores de edad.
” Los delitos deben ser generales, reconociendo los grupos vulnerables, pero generales, se está dejando fuera a la población mayormente afectada. El delito de Reclutamiento Forzado, debe reconocerse no importa la edad de la víctima. Pedimos mayor claridad a nuestras Diputadas y Diputados y que garanticen leyes que protejan a todos.”
Desde Luz de Esperanza consideraron que el delito debe tipificarse de manera general para proteger a todas las víctimas, independientemente de su edad, pues el reclutamiento forzado constituye una grave violación a los derechos humanos ejercida mediante engaños, amenazas, coerción o el aprovechamiento de condiciones de vulnerabilidad.
Las exigencias de mayores medidas de protección se producen en un contexto nacional marcado por agresiones contra personas buscadoras. Apenas el 24 de junio fue asesinada en Pénjamo, Guanajuato, Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, quien buscaba a su hermana desaparecida desde 2021.
El homicidio se suma a una serie de ataques registrados en ese estado durante los últimos meses contra integrantes de colectivos de búsqueda, entre ellos el secuestro del buscador David Armenta Alvarado y los asesinatos de la madre buscadora Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlalli Jáuregui. Estos hechos han incrementado la preocupación de las organizaciones por la falta de garantías de seguridad para quienes realizan labores de búsqueda.
Las familias buscadoras sostienen que el reconocimiento como personas defensoras de derechos humanos dentro del Mecanismo Federal de Protección representa una medida indispensable para reducir los riesgos que enfrentan durante sus actividades de búsqueda y de acompañamiento a otras víctimas.
Desde Revista Para Esto! denunciamos el incremento de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos, familias buscadoras, Defensores ambientalistas y periodistas que diariamente enfrentan riesgos por ejercer su labor. La crisis de desapariciones y la impunidad que prevalece en México han convertido la defensa de los derechos humanos y el ejercicio del periodismo independiente en actividades de alto riesgo.
En los últimos días, el caso de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, desaparecida el pasado 2 de junio en Nanchital, Veracruz, volvió a evidenciar este panorama. El 26 de junio, autoridades informaron la detención de José del Carmen “N”, alias Delta 7, señalado como presunto responsable de su secuestro y asesinato. Este caso demuestra que la violencia contra la prensa continúa siendo una realidad que vulnera el derecho de la sociedad a estar informada.
También durante las movilizaciones del pasado 11 de junio, varios compañeros de Reta Al Mundial – Red Trinacional Antimundialista resultaron lesionados mientras realizaban labores de documentación y cobertura de las protestas, evidenciando nuevamente los riesgos que enfrenta la prensa independiente y quienes acompañan los movimientos sociales.
Consideramos que la creciente militarización del país no ha significado mayores garantías para el ejercicio de las libertades fundamentales. Por el contrario, mientras persistan la impunidad y la falta de mecanismos efectivos de protección, continuarán reproduciéndose agresiones contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas y familias buscadoras.
Desde Revista Para Esto! hacemos nuestra esta exigencia y reiteramos que cualquier reforma en esta materia debe garantizar la protección de todas las personas frente al reclutamiento forzado, independientemente de su edad, así como fortalecer las condiciones de seguridad para quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y el periodismo libre e independiente.
— Dirección General de Revista Para Esto!
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director General de Revista Para Esto!
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