Guadalajara, Jalisco – 09 de febrero de 2026
Fue el día de ayer cuando la recién conformada #AsambleaPopularContraelTarifazo llevó a cabo su primera manifestación, recorriendo el trayecto desde la recién inaugurada Glorieta La Minerva hasta Casa Jalisco. La movilización no solo representó una de las primeras expresiones de organización social colectiva contra el gobierno estatal, sino que evidenció el hartazgo frente a decisiones impuestas de manera vertical, sin consulta ni participación ciudadana.
El llamado tarifazo es resultado de una lógica donde un reducido grupo, incrustado en la clase política y en sus intereses económicos, toma decisiones que afectan directamente a toda la sociedad jalisciense. Medidas que, lejos de responder a las necesidades reales de la población, profundizan las desigualdades y trasladan el costo de la crisis a quienes menos tienen.
Ante este escenario, el Gobierno de Jalisco encabezado por Pablo Lemus Navarro ha comenzado a mirar con sospecha —y abierta hostilidad— a quienes se organizan. La respuesta institucional ha sido la criminalización preventiva de la protesta social, algo que no se veía con esta intensidad desde hace algunos años. Todo esto ocurre, además, en un contexto político sensible, la antesala del Mundial de Futbol, evento de alto interés económico y simbólico para el estado, en medio de un clima de agitación social que no es exclusivo de Jalisco, sino parte de una coyuntura global.
Lo que el Gobierno de Guadalajara parece no poder controlar es que cientos de colectivos en Jalisco han comenzado a articularse para defender un principio básico, la movilidad como derecho y no como negocio. Frente a ello, se ha documentado la presencia de agentes infiltrados en las manifestaciones. Algunos de ellos graban sin ningún tipo de discreción, se comportan de manera ajena a la lógica de la protesta y generan tensión entre los asistentes.
Estas prácticas se suman a detenciones arbitrarias y a una actuación policial de carácter represivo, lo que ha obligado a ejercer presión sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), un organismo que desde el 15 de noviembre de 2025 ha sido señalado por su omisión sistemática. A ello se suman los reclamos de organizaciones de derechos humanos como CEPAD, AC y sectores académicos críticos.
Durante el mitin frente a Casa Jalisco, la asamblea fue clara al ratificar su carácter independiente y apartidista. Representantes populares pueden asistir como ciudadanos, pero no pueden hablar en nombre de la asamblea ni del movimiento. No se permitirá el oportunismo político ni el uso electoral de una lucha que pertenece al pueblo organizado.
“El pueblo unido avanza sin partido.”
En el pronunciamiento leído por la compañera Sabina, se señaló que Casa Jalisco se encontraba vacía, tan vacía como las políticas públicas que este gobierno ha ofrecido a la ciudadanía. Mientras dentro no hay nadie, afuera la población espera camiones que no llegan, enfrenta rutas saturadas, tiempos de espera de hasta una hora y tarifas imposibles de sostener.
En Jalisco, el transporte público ha dejado de ser un derecho para convertirse en un privilegio. El tarifazo no es un error técnico, es una decisión política. Más de 2.7 millones de personas dependen diariamente del transporte público para trabajar, estudiar y sobrevivir. Aun así, el gobierno decidió aumentar la tarifa e imponer un modelo de pago bancarizado que excluye a amplios sectores de la población.
En 2025, el 45.7% de las personas seguía pagando en efectivo, a pesar de la existencia de la tarjeta Mi Movilidad. La propuesta actual obliga a una de cada dos personas usuarias a utilizar una tarjeta bancaria, aunque no quiera, no pueda o no confíe en el sistema. Eso no es modernización: es imposición.Además, el gobierno de Jalisco paga a Broxel aproximadamente 5.45 centavos mensuales por cada tarjeta bancaria activa, dinero público que podría destinarse a fortalecer el sistema existente, mejorar el servicio y dignificar el trabajo de quienes sostienen el transporte todos los días. Se trata de una empresa con antecedentes de opacidad e irregularidades, lo cual levanta serias dudas sobre el destino de los recursos públicos.
El problema no es solo la tarifa es el modelo de movilidad, profundamente privatizado, fragmentado en cientos de concesiones y empresas que lucran con un derecho básico. El aumento desprecia el tiempo de vida, el desgaste físico y la economía de quienes viven en la periferia. La asamblea denunció que el alza al transporte responde a una lógica capitalista y autoritaria, que funciona como mecanismo de saqueo contra la economía popular, diseñada para proteger la ganancia privada. En este contexto, Jalisco presenta rasgos claros de un Estado autoritario, con desprecio por las formas democráticas y una clara intención de lucrar a costa de la ciudadanía.
La Asamblea Popular Contra el Tarifazo reiteró que no responde a ninguna agenda electoral, pasada, presente o futura. Es un espacio abierto de organización ciudadana que convoca a mantenerse atentos a las redes y a participar en la gran asamblea popular del próximo domingo 15 de febrero, en el Parque del Refugio, para definir un plan de lucha que eche abajo el tarifazo, el tarjetazo y siente las bases de un transporte público verdaderamente digno.
“Si entre todos lo hacemos, no va a haber una cabeza que cortar. Este es un movimiento de todos. Nadie nos representa.”
– No al tarifazo.
– No al tarjetazo.
– Sí al transporte digno.
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