Guadalajara, Jalisco. — 27 de Enero de 2026
Quienes suscribimos esta denuncia pública exigimos a la Rectora General de la Universidad de Guadalajara Karla Alejandrina Planter Pérez, que atienda de manera inmediata y responsable la denuncia presentada por la estudiante Claudia Daniela Báez Sosa, así como los compromisos y exigencias ahí pactadas, mismas que han sido sistemáticamente ignoradas por la institución.
El caso de Claudia Daniela Báez Sosa evidencia un patrón de omisiones, encubrimiento institucional y revictimización dentro de la Universidad de Guadalajara, particularmente en el @Sistema Educación Media Superior (SEMS).
Pese a la gravedad de los hechos —abuso sexual infantil equiparado agravado cometido por el exdocente David C., de la Preparatoria Regional de Chapala— la UdeG ha optado por el silencio, la simulación y la falta de transparencia.
Desde marzo de 2022, la denunciante ha solicitado formalmente:
— La entrega del acta de sesión donde conste la resolución de su denuncia (expediente DDU/V2/AT/0011/2022).
— Una disculpa pública institucional.
— La garantía de no represalias políticas por haber denunciado.
A la fecha, ninguna de estas exigencias ha sido cumplida.
La Universidad ha difundido comunicados afirmando que actuó “de manera ejemplar”, pero se ha negado a publicar el documento oficial que respalde dicha versión. Esta negativa refuerza la sospecha de encubrimiento y protección a funcionarios omisos, señalados directamente por la denunciante.
Irregularidades en el proceso judicial
A estas omisiones institucionales se suman irregularidades graves en el proceso judicial, que afectan directamente el acceso a la justicia de la denunciante:
— La compañera Daniela Báez quedó de acudir por el acta de sesión en la semana en que el juzgado regresaba de vacaciones. Sin embargo, la audiencia intermedia fue fijada para el primer día del periodo vacacional, lo que constituye una primera irregularidad que obstaculizó el avance del caso.
— Tras dictar el Juez un plazo de cinco días para el cierre de la investigación complementaria, el Ministerio Público presentó un recurso de apelación. Dicha apelación no había sido resuelta para el 15 de diciembre, fecha de la audiencia intermedia, por lo que el Juez sabía de antemano que no podría dictar auto de apertura a juicio.
— El Juez informó a la denunciante que no sería quien dictara sentencia, pues esa etapa correspondería a otro juzgador. Este hecho es particularmente grave, ya que se trata del tercer juez asignado al caso, lo que evidencia inestabilidad procesal y afecta la continuidad y certeza jurídica.
Este caso se inscribe en un contexto estructural de violencia dentro del SEMS, dónde existe múltiples denuncias por acoso, abuso sexual, amenazas, hostigamiento y negligencia institucional han sido ignoradas o minimizadas. El feminicidio de Kimberli Nicol Álvarez González, estudiante de la Preparatoria Regional Santa Anita, es una consecuencia extrema de esta política de abandono, donde las autoridades conocían el riesgo y decidieron no actuar.
Por todo lo anterior, exigimos a la Rectora General Karla Planter:
— Que atienda de manera directa la denuncia de Claudia Daniela Báez Sosa.
— Que se haga pública de inmediato el acta de resolución de su expediente.
— Que se sancione administrativa y políticamente a las autoridades universitarias que incurrieron en omisión, encubrimiento y revictimización.
— Que se garantice la protección integral de las estudiantes que denuncian violencia dentro de la UdeG.
— Que la Universidad deje de simular protocolos y comience a asumir responsabilidades reales.
La Universidad de Guadalajara no puede seguir sosteniendo una imagen de legalidad y compromiso social mientras protege agresores, calla frente a la violencia y castiga a quienes denuncian.
— La justicia no se decreta en comunicados. La justicia se demuestra con hechos.
— Ni silencio, ni encubrimiento.
— Justicia para Claudia Daniela Báez Sosa.
Suscribimos:
— Dirección de Revista Para Esto !
