Ayer, el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. llevó a cabo su pega semanal de cédulas alrededor del Palacio de Gobierno, en lo que fue la primera acción pública después de la manifestación del 15 de noviembre. La jornada no solo reafirmó la exigencia de búsqueda de las personas desaparecidas, sino que también abrió un espacio de diálogo urgente entre las familias respecto a las nuevas alertas sobre la crisis forense nacional y las recientes reformas impulsadas desde el gobierno federal, entre ellas la Plataforma Única, la Ley General de Plataformas y la implementación de la CURP biométrica.
Durante la actividad, varias integrantes del colectivo compartieron información obtenida en un taller reciente en la Ciudad de México, donde se reunieron con especialistas del Comité Internacional de la Cruz Roja y del Centro de Coordinación Forense. En esa reunión se discutió la manera en que estas reformas buscan centralizar bases de datos, automatizar alertas y reestructurar los mecanismos de identificación. Aunque algunos elementos podrían resultar positivos, las familias advirtieron que la mayoría de estas plataformas están pensadas hacia el futuro, sin atender la prevención ni las necesidades de quienes ya buscan a un familiar desaparecido. Aun así, insistieron en que es indispensable conocer a fondo estas reformas, pues marcarán la forma en que operarán las alertas y la identificación en los próximos años.
La preocupación más fuerte surgió al conocerse que únicamente once estados del país utilizan sistemas genéticos compatibles entre sí. Jalisco, como muchos otros, opera con su propio sistema y, adicionalmente, con un programa llamado Énfasis, compartido por solo seis entidades. Esto significa que las confrontas genéticas que la Fiscalía General de la República envía a otros estados no garantizan ninguna certeza, ya que lo que actualmente se remite son electroferogramas, una representación parcial del ADN comparable a un electrocardiograma: útil para registro interno, pero insuficiente para una identificación precisa. Especialistas del CICR señalaron que ese tipo de archivo “no sirve” para una confronta confiable y que lo que debería enviarse son los 24 marcadores genéticos completos, proceso imposible de realizar mientras cada estado continúe manejando sistemas incompatibles entre sí.
En este contexto, la información revelada por el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo ( CEPAD, AC ) agravó aún más la preocupación de las familias. De acuerdo con su informe más reciente, en Jalisco se han acumulado más de 11 000 cuerpos y restos humanos sin identificar entre 2006 y agosto de 2025, resguardados tanto en las cámaras del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses como en panteones forenses. A nivel nacional, se estima que existen más de 130 000 cuerpos sin identificar, mientras que los servicios forenses del país almacenan entre 68 000 y 70 000 restos. Las familias recordaron que esta situación abre la posibilidad de que una parte considerable de las personas desaparecidas se encuentre en cementerios o depósitos de restos sin que los registros estatales permitan establecer su identidad.
Ante este panorama, miembros del colectivo insistieron en que es urgente exigir la unificación de todas las bases de datos genéticas del país, la certificación completa de los laboratorios forenses y la instalación del programa COES en cada entidad federativa. Advirtieron que, sin inversión pública seria ni homologación técnica, la identificación masiva seguirá siendo prácticamente imposible. También insistieron en que las familias deben comenzar a preguntar directamente a la Fiscalía qué sistemas genéticos utiliza cada estado cuando se solicite una confronta, para asegurarse de que la información pueda ser procesada y no se pierdan recursos en análisis que nunca podrán compararse de manera efectiva.
Otro de los temas abordados fue la necesidad de que las familias conozcan sus herramientas legales. Se explicó que, en ciertos casos donde existan indicios de participación del crimen organizado o de autoridades estatales, la Comisión Local de Búsqueda tiene la facultad de solicitar que la carpeta sea federalizada sin necesidad de amparo, algo que muy pocas familias saben. También se expuso que las comisiones de víctimas y de búsqueda poseen facultades más amplias de lo que comúnmente se cree, por lo que se anunció la intención de organizar un taller de cuatro a cinco horas para revisar los alcances legales de la Ley General y la Ley Estatal de Personas Desaparecidas, con el fin de brindar a las familias las herramientas necesarias para enfrentar a instituciones que rara vez actúan por iniciativa propia.
La pega de cédulas cerró con un llamado a la organización y a la presión social permanente. Mientras los rostros y nombres se adherían a las paredes del Palacio de Gobierno, las familias insistieron en que la crisis forense que atraviesa México no es solo una falla administrativa: es una crisis humanitaria y política que continúa profundizándose ante la ausencia de voluntad estatal. Mantener la memoria en las calles, dijeron, es la forma más inmediata de recordar que la desaparición forzada sigue siendo una herida abierta que exige verdad, justicia y acción inmediata.
— La Lucha Continúa!
Mario Antonio López Carbajal
Director General de Revista Para Esto!
