La noche del 31 de octubre, el Congreso de Jalisco aprobó por mayoría que las familias de personas desaparecidas sean reconocidas como grupo prioritario y en condiciones de vulnerabilidad, un paso histórico en materia de derechos humanos que busca garantizar la creación de políticas públicas, apoyos y presupuesto específico para atender a las víctimas indirectas de desaparición.
La iniciativa, presentada por el diputado Leonardo Almaguer Castañeda, del Partido del Trabajo México (PT), obtuvo 29 votos a favor y fue respaldada por la mayoría de las fracciones parlamentarias, convirtiendo a Jalisco en el primer estado de América Latina en otorgar este reconocimiento.
En la sesión, cuyos resultados fueron proyectados en el tablero del Congreso, se observó el respaldo de legisladores de Morena, Hagamos, PAN, PRI, Futuro y MC, en una inusual coincidencia política.
El decreto reforma la Ley de Atención a Víctimas, la Ley de Desarrollo Social, el Código de Asistencia Social y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de integrar a las familias de personas desaparecidas dentro del catálogo de grupos prioritarios reconocidos por el Estado, al mismo nivel que la niñez, las personas mayores o con discapacidad.
“Reconocer a las familias de desaparecidos como grupo prioritario en condiciones de vulnerabilidad es una deuda histórica. Son personas que han vivido la violencia y la inseguridad directamente y de la peor forma, perdiendo a un ser amado, sin poder guardar luto ni resignación, viviendo con miedo constante”, señala el dictamen aprobado.
Aunque la iniciativa fue impulsada desde hace años por el Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco., sus integrantes fueron excluidos del recinto legislativo durante la votación.
De acuerdo con testimonios, la diputada Marta Estela Arizmendi Fombona (@marizmendif) (Morena) les informó que no podrían ingresar debido a que la sesión sería “a puerta cerrada”, pese a que anteriormente se les había confirmado su participación.
La negativa generó inconformidad entre las familias, que se concentraron a las afueras del Congreso desde las 14:30 horas, acompañadas por otras colectivas y medios de comunicación. “Nos prometieron que podríamos estar presentes, pero cambiaron de postura a último momento”, denunciaron.
Héctor Cuñado, vocero del colectivo Luz de Esperanza, explicó que el reconocimiento representa “un derecho llave” que permitirá abrir el acceso a programas, apoyos y presupuestos dignos cada año.
“Esto va a aligerar la carga de miles de familias. Es un reconocimiento muy importante, un avance en materia de derechos humanos que permitirá diseñar políticas públicas específicas y asegurar recursos para la Comisión de Víctimas, la Comisión de Búsqueda y los DIF estatales y municipales”, señaló.
Asimismo, informó que se presentará otra iniciativa para modificar el artículo 154 A del Código Penal del Estado de Jalisco, con el fin de que el delito de desaparición forzada sea perseguido de oficio.
Actualmente, la Fiscalía del Estado sólo inicia carpetas de investigación cuando una persona presenta formalmente la denuncia, lo que retrasa las búsquedas durante las primeras horas, cruciales para encontrar con vida a las víctimas.
“Los tratados internacionales establecen que, cuando se conozca de una desaparición, se debe investigar de oficio. En Jalisco eso no sucede. Queremos que la fiscalía actúe de inmediato, sin depender de la denuncia”, enfatizó Flores.
Durante su intervención, el representante del colectivo subrayó la grave falta de personal y recursos en las instituciones encargadas de la búsqueda y atención a víctimas.
Actualmente, la @Comision de busqueda del Estado de Jalisco cuenta con alrededor de 20 buscadores de campo, cuando se necesitarían al menos 50, y la Comisión de Víctimas opera con solo nueve asesores para atender más de 15 mil carpetas reconocidas por la Vicefiscalía.
“Tenemos agentes del Ministerio Público con entre 350 y 700 carpetas de investigación. Es imposible que puedan dar seguimiento a todos los casos. Se necesita más personal, tecnología y capacitación”, advirtió.
La aprobación representa un avance jurídico y simbólico, pero deja al descubierto las contradicciones institucionales de un Estado que reconoce la vulnerabilidad de las familias buscadoras, mientras las mantiene fuera de los espacios de decisión.
Aunque el Congreso celebró la votación como un logro histórico, los colectivos insisten en que el verdadero cambio dependerá de que el reconocimiento se traduzca en presupuesto, acompañamiento y participación directa de las familias en el diseño de las políticas públicas.
“No queremos reconocimientos de papel —afirman las buscadoras—, queremos verdad, justicia y que el Estado asuma su responsabilidad”.
—¡Por qué vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!
— La Lucha Continúa!
