En rueda de prensa convocada por el colectivo Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD, AC), Lyly Meza y Héctor Cuñado voceros y cofundadores del colectivo denunciaron actos de represión y tortura cometidos por policías estatales durante una manifestación realizada el 31 de marzo de 2023 afuera de la entonces Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, hoy Vicefiscalía.
Esta inició con el testimonio de Lily Meza, madre de Maximiliano Romero Mesa, (desaparecido el 22 de octubre de 2020):
“Nos empezaron a encapsular, aventar y golpear. Yo fui la más agredida. Hasta la fecha tengo dos cervicales dañadas y no he podido continuar con el tratamiento”, señaló.
Lily afirmó que identificó a una de las agresoras, la policía Yaretsi Ortega Beleche, cuyo nombre quedó asentado en la denuncia. “La mayoría llevaba el rostro cubierto, pero ella no”, explicó. Además, acusó que personal de la vicefiscalía presenció las agresiones sin intervenir:
“En lugar de detener lo que estaba pasando, nos grababan y se burlaban.”
Tras las agresiones, presentó una denuncia ante visitaduría, que lamentablemente fue archivada. Posteriormente acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), donde se le practicó el Protocolo de Estambul, el cual resultó positivo. Sin embargo, la recomendación 028/2025, emitida por la CEDHJ, no reconoció la tortura, lo que motivó la impugnación ante la CNDH y una denuncia formal por ese delito.
Héctor Rodolfo Flores González, padre de Héctor Daniel Flores, (desaparecido en 2021), añadió que las agresiones contra Lily incluyeron “mordidas plenamente documentadas”. Señaló que tras ese episodio, los mismos elementos fueron enviados a otras movilizaciones, lo que calificó como hostigamiento y una burla.
“Integrantes del colectivo tenían prohibido ingresar, incluso cuando estábamos citados. Tenía que bajar algún funcionario para permitirnos el paso.”
El hostigamiento también ocurrió en búsquedas, donde denunció agresiones por parte de policías municipales de Tlaquepaque durante el procesamiento de restos humanos localizados en una fosa, lo cual constituye una irresponsabilidad de las autoridades y muestra de la falta de preparación de las autoridades en el tema de la desaparición forzada.
María Frida Hernández Sánchez, abogada del CEPAD e integrante del eje de tortura, señaló que las pruebas reunidas —peritajes, certificados médicos, testimonios y videos— coinciden con los estándares nacionales e internacionales para calificar los hechos como tortura:
“No se trata de un uso desproporcionado de la fuerza. La violencia funcionó como castigo por ejercer el derecho a la protesta.”
Hernández situó el caso dentro de un patrón de represión estatal documentado, que incluye los hechos del 28 de mayo de 2004, las detenciones y desapariciones durante las protestas por el asesinato de Giovanni López en junio de 2020, así como los recientes actos ocurridos el 15 de noviembre de 2024. También denunció la práctica de la CEDHJ de testar los nombres de las y los servidores públicos involucrados en hechos graves:
“Ocultar los nombres viola el derecho a la verdad. La sociedad tiene derecho a saber quiénes cometieron estas violaciones.”
Ante este caso violatorio a la justicia, el CEPAD y el colectivo hicieron un llamado a:
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), para realizar una investigación exhaustiva y ordenar una nueva recomendación que reconozca explícitamente la tortura.
– La CEDHJ, para transparentar los nombres de las personas servidoras públicas responsables.
– La Dirección de Investigación del Delito de Tortura, para abrir las carpetas correspondientes.
– El Gobierno de Jalisco, para detener la criminalización de personas manifestantes.
“Si nombrar la tortura incomoda, la vamos a seguir nombrando hasta que se haga justicia”, concluyó Hernández.
La denuncia del Colectivo Luz de Esperanza y del CEPAD recuerda que la represión del 31 de marzo de 2023 no fue un hecho aislado, sino parte de una forma de operar que el Gobierno de Jalisco ha visto repetirse. Lo ocurrido en el Gobierno de Guadalajara dialoga directamente con lo sucedido en San Salvador Atenco en 2006, donde el Estado negó sistemáticamente las violaciones, usó la fuerza pública como herramienta de castigo y protegió a los responsables mediante omisiones, dilaciones y archivos. Aquella impunidad permitió que las agresiones se repitieran en otros contextos y dejó claro que, cuando no hay sanción, el poder entiende que puede avanzar sin freno.
Hoy, en Jalisco, el no reconocimiento de la tortura, el ocultamiento de nombres y la normalización del hostigamiento contra familiares que buscan a sus desaparecidos reactivan esa misma lógica. Cuando el Estado no corrige ni castiga, abre la puerta a que el uso ilegítimo de la fuerza se vuelva recurso cotidiano, más aún ante eventos de gran visibilidad —como el Mundial— donde históricamente los gobiernos endurecen el control policial para “limpiar” el espacio público y contener la protesta social.
Para Esto! si las violaciones no se nombran, si la tortura no se reconoce y si las autoridades responsables no enfrentan consecuencias, la repetición se vuelve política de Estado. Y en ese escenario, la defensa de los derechos humanos no solo es necesaria: es urgente.
— La Lucha Continúa!
Ve la rueda de prensa aquí: https://youtu.be/UDBn2MS9mGk
