Ayer, en el cruce de La Calma, las familias del Colectivo Luz de Esperanza, Jalisco. volvieron a ocupar el espacio público con su pega semanal de cédulas. Ahí, entre autos que pasan y miradas que evaden, levantaron los rostros de quienes el Estado no ha querido buscar. A unos metros, en el parque, organizaron también una kermés para recaudar fondos, porque en Jalisco, mientras el gobierno habla de estrategias, son las familias quienes pagan la búsqueda de sus propias hijas e hijos.
No debería sorprender que cada semana, el trabajo que tendrían que hacer las instituciones termina recayendo en los colectivos, son ellos quienes sostienen el hilo de una búsqueda que para el gobierno es rutina burocrática y, para las familias, es la vida entera suspendida.
Fue apenas el 4 de Diciembre que en el Congreso de Jalisco, la @Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas propuso añadir 352 millones de pesos al presupuesto 2026 para atender la crisis que el propio Estado reconoce como “humanitaria”. Ahí estaban todos, el jefe de Gabinete, el secretario de Hacienda, responsables del IJCF, de la Vicefiscalía, comisiones de búsqueda y víctimas, al acompañamiento de algunos representantes de colectivos de búsqueda.
La diputada Tonantzin Cárdenas cuestionó el absurdo de etiquetar 700 millones de pesos del C5 como “apoyo” al tema de desaparecidos, cuando esas cámaras —las mismas que siempre “no vieron”— nunca han sido garantía de nada. Al final lo dejaron ahí, sin cambiar la lógica, más vigilancia, poca búsqueda. Más tecnología, menos personal. Más discursos, cero reparación.
Las familias lo dijeron claro en la mesa. En Lagos de Moreno, por ejemplo, las cámaras ni siquiera funcionan. Y mientras se anuncian nuevas sedes del IJCF o incrementos mínimos a la Comisión de Búsqueda, la realidad es que cada institución opera al límite, sin personal, sin herramientas y sin voluntad para enfrentar lo que ellas ya nombran sin rodeos: una política de administración del dolor.
En medio de todo esto, aparece otro dato que desmonta la narrativa de control institucional. El profesor de la UdeG, Jorge Ramírez, reveló que Jalisco ni siquiera está dando seguimiento a denuncias registradas por otras instancias en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Ahí están los casos de Cristopher Raymundo, 17 años, desaparecido en Tlaquepaque y reportado por Michoacán, Juan Manuel Zavala, 18, desaparecido en Guadalajara y reportado por la Comisión Nacional de Búsqueda. Ninguno tiene cédula emitida por Jalisco. Ninguno existe para las autoridades locales.
Y aun así, pese al subregistro, los números alcanzan para evidenciar la magnitud del abandono: casi 750 jóvenes desaparecidos cada año, más de 5 mil en apenas 30 meses. Jóvenes entre 15 y 19 años, desapareciendo en silencio, mientras el Estado discute presupuestos que apenas cubren lo básico.
En este sentido el Comité de Redacción de @Revista Para Esto! decimos no se evita la desaparición sin registro, no se busca sin recursos y no hay justicia cuando las familias tienen que hacer el trabajo del gobierno. En el Gobierno de Jalisco, la crisis no es solo de desapariciones, sino de un Estado que se rehúsa a mirar de frente lo que su propia desidia produce.
— La Lucha Continúa!
